Teatro

¿Son las cooperativas el futuro del ‘off’ madrileño?

Imagen de la Asamblea de Madrid.

El pasado jueves, la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una proposición no de ley para modificar la legislación que rige las cooperativas de la Comunidad. El logro puede parecer árido, pero ha bastado para dar algo de esperanza a las asociaciones que se mueven en el teatro alternativo madrileño. Sobre todo a la Unión de Actores, el sindicato de la profesión que ha elaborado la propuesta, impulsada luego por Podemos con el voto a favor de todos los grupos. Las compañías que, con la caída del público motivada por la crisis y la subida del IVA cultural, han encontrado refugio en el off, buscan desde hace tiempo una salidad de la precariedad y la ilegalidad. La Unión de Actores confía en que la modificación de la ley permita a las compañías constituirse jurídicamente con más facilidad y dejar de cotizar cuando no tengan actividad, adecuándose a la intermitencia que caracteriza al sector. 

"Hasta ahora no hemos tenido una forma legal de desarrollar la actividad", explica Iñaki Guevara, secretario general del sindicato. El problema es que las malas condiciones económicas de las decenas de salas fundadas en la capital en los últimos años hacen extremadamente difícil la constitución como sociedad limitada. No solo por los 3.005 euros de capital necesarios para su fundación, también porque esto supone el mantenimiento de "una estructura empresarial que", como apunta Guevara, "algunas compañías pueden tener, pero la mayoría no".

Ni empresas ni asociaciones

Para hacerse una idea de la situación económica del sector, basta decir que en junio de 2015 la Unión de Actores modificó su convenio para reducir hasta los 72,94 euros la retribución diaria en las salas con menos de 200 butacas, lo que suponía dividir por la mitad el caché de los papeles protagonistas. Gran parte del sector no estuvo de acuerdo... porque resultaban cantidades demasiado elevadas, lo que les obligaba a saltarse sistemáticamente el convenio y a quedar fuera de la legalidad. "Es verdad que decir que el convenio sea de 30 o 40 euros es muy triste. Pero primero la legalidad, y luego la mejora de condiciones", defendía el actor Juan Vinuesa en un reportaje publicado el pasado marzo por este periódico. 

La otra opción para las compañías ha sido recurrir a la figura alegal de las asociaciones sin ánimo de lucro. Esta categoría está pensada para organizaciones no profesionales cuyos cargos no pueden estar retribuidos y que no pueden repartir los beneficios entre los socios. Las ventajas eran que no necesita un capital mínimo para constituirse, que permiten facturar con cierta flexibilidad y que, si se demuestra su utilidad pública, pueden estar exentas de IVA. "En realidad es un limbo", explica Guevara, "No es un fraude de ley, pero no es una figura completamente limpia. Es un parche para poder funcionar". Las asociaciones pueden pagar honorarios, pero no hay una norma que regule su contratación —en las compañías es muy poco habitual dar de alta a sus miembros en la Seguridad Social—, y tampoco suelen poder optar a ayudas públicas. "Si no fuéramos asociación cultural, estaríamos de brazos cruzados en casa", justificaba hace unos meses el director de escena José Martret, responsable de la sala La pensión de las pulgas.

Menos socios, menos cotización

La Unión de Actores, respaldada por Podemos, propone modificar ciertos aspectos de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid para permitir que esta figura sirva como paraguas a la mayoría de compañías. Primero, apuestan por crear la figura de la cooperativa artística, una categoría que reconocería la intermitencia de la profesión. "Hay momentos en los que se está, por ejemplo, buscando textos, y no se necesita contratar a nadie", precisa Jazmín Beirak, diputada de Podemos en la Asamblea y portavoz de cultura, "En este caso, se trata de equipararlas con las empresas, que cuando no tienen actividad no están obligadas a tener altas". Con el actual régimen, para constituir una cooperativa son necesarios tres socios que coticen a la seguridad social de manera permanente. Ellos proponen que baste con un socio, y que la cooperativa pueda congelarse cuando baje la contratación. Beirak apunta otra de las posibles modificaciones: "Que puedan dar altas por días, para equipararlas a las sociedades limitadas, porque las cooperativas tienen que dar de alta por meses completos, lo cual genera desigualdades".

Iñaki Guevara observa otra ventaja. Los socios de la cooperativa pueden distribuir los beneficios de su trabajo de la forma que estimen —a diferencia de las asociaciones culturales—, lo que permitiría que la remuneración de los artistas estuviera dentro de la legalidad incluso si no cumple con el convenio del sector, siempre que cumpla con el salario mínimo interprofesional. Si a eso se añade que el capital necesario para fundar una organización de este tipo es de 1.800 euros, del que solo se tiene que presentar el 25% (450 euros) en el momento de la constitución, la cooperativa puede ser una solución a la difícil economía del sector.

"Nos gustaría que pudiera ser una herramienta para que el autoempleo que se da en las salas pequeñas tenga un sostén legal, porque además es una forma de trabajo asociativo que se corresponde muy bien con el tejido teatral", apunta Guevara.  Si él aporta la visión más práctica, Beirak defiende una postura ideológica: "En la Comunidad de Madrid, lo que ha pasado, no sabemos si por desconocimiento del terreno o porque falta de disposición política, es que se ha tomado el tejido cultural como un tejido fundamentalmente empresarial, cuando eso no es así. Existen muchos proyectos y prácticas que se desarrollan buscando ser sostenibles, pero no necesariamente generar una rentabilidad económica".

Estatuto del Artista

El entusiasmo no paga el alquiler

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El camino puede ser largo. Después de esta propuesta no de ley, se pondrá en marcha un proceso de presentación de enmiendas a la ley, que dará paso a su vez a un proceso de enmienda transaccional que deberá llevar a cabo un grupo de trabajo dentro del Consejo de Cultura. Se intuye un proceso largo, pero a Guevara ya le parece un triunfo el voto a favor de todos los partidos: "Tengo que confesar que me emocioné bastante cuando vi ponerse de acuerdo a las consejeras de cultura de cada grupo". Quizás porque en la pasada legislatura ya se quedaron con las ganas. La Unión presentó su propuesta al Ejecutivo, pero quedó en nada.

El secretario general del sindicato ve esta novedad como una buena señal de cara al desarrollo del Estatuto del Artista, el régimen fiscal especial para creadores que demanda la cultura —no solo los actores, aunque la Unión haya llevado la voz cantante— y que todos los partidos dijeron apoyar en campaña electoral. La comisión de trabajo sobre este asunto ya se ha formado en el Congreso, pero Guevara teme que sea un proceso más largo que el madrileño. 

 

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