Libertad de expresión

Un año de juicio a la ficción

Los titiriteros procesados por la representación de 'La bruja y don Cristóbal'.

El 5 de febrero de 2016 los lectores de prensa, usuarios de Twitter y espectadores de televisión recibían una noticia un tanto extraña. Al parecer, dos titiriteros habían sido detenidos después de exhibir una pancarta en la que se leía "Gora ETA" en el transcurso de su propia representación. Los diarios informaban de que "los padres" que asistieron con sus hijos a la obra, que se enmarcaba dentro de las actividades del Ayuntamiento por la celebración del carnaval, habían llamado a la policía. El diario ABC, uno de los primeros en informar de la detención, aseguraba que en la pieza de títeres "se apuñalaba a un policía, se cometía una violación y, además de crucificar a una monja, aparecía un muñeco de guiñol representando a un juez ahorcado".

Aquello acabó no solo en un acalorado debate político, sino en un proceso judicial contra los dos artistas por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. Cuando se cumple un año de aquel escándalo, los marionetistas Alfonso Lázaro y Raúl García celebran el sobreseimiento de las dos causas representando en el madrileño Teatro del Barrio aquella obra que les llevó a la cárcel durante cinco días. La bruja y don Cristóbal, "de la que todo el mundo tiene una opinión pero que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver" según un comunicado de los dos integrantes de Títeres desde abajo, se había representado hasta entonces solo en Granada. Ahora la función se retransmitirá en directo a través de Internet a partir de las seis de la tarde. 

"El tipo penal de enaltecimiento del terrorismo establece que la libertad de expresión tiene unos límites, que es la dignidad de las víctimas", explica Eric Sanz, abogado de los titiriteros, "Pero vimos desde el principio que, más que jurídico, este era un procedimiento político. Jurídicamente, el procedimiento no tenía base ninguna". El colectivo de letrados al que pertenece, Red Jurídica, señala que desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia las sentencias por este delito se han multiplicado por cinco. De hecho, los titiriteros no estarán solos. Después del espectáculo de cachiporra, participarán en una mesa redonda sobre libertad de expresión junto a otros procesados por el mismo motivo, como César Strawberry, el cantante de Def con Dos condenado a un año de prisión por varios tuits, o Pipe Díaz, integrante del colectivo de rap La Insurgencia, con 13 miembros imputados desde principios de noviembre. Junto a ellos, los colectivos Madres contra la represión, la Plataforma Nahuel Libertad —en apoyo al chico de 25 años, en prisión provisional desde noviembre de 2015 por presunta pertenencia a organización terrorista— y los abogados de los titiriteros. 

Dos procesos muertos

Desde el pasado febrero, Lázaro y García se han enfrentado a dos procesos judiciales. El primero, por el que se les acusaba de enaltecimiento del terrorismo, finalizó el pasado septiembre cuando la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento definitivo de los cargos, después de que los abogados recurrieran el sobreseimiento provisional. La Audiencia consideró, sin embargo, que no era competente para juzgar el delito de incitación al odio, que pasó a los juzgados de Plaza de Castilla. Estos decretaron también el sobreseimiento provisional de este procedimiento el mes pasado, que deja abierta la posibilidad de que en un futuro se presenten pruebas que demuestren el supuesto delito. Los abogados han recurrido esta decisión para que la justicia declare el cierre definitivo, y no provisional, del caso.

Durante ese tiempo se supo que aquel "Gora ETA" era, en realidad, un "Gora Alka-ETA", y pronto se conoció que los actos de los titiriteros no eran ningún tipo de reivindicación, sino elementos de una ficción que reflejaba, entre otras cosas, un montaje policial. La pancarta que tanto escándalo había provocado era utilizada por una marioneta policía para acusar a una marioneta bruja de pertenecer a una organización criminal. Tampoco se apuñalaba a un policía ni se crucificaba a una monja —como se veía en el guion de la obra, hecho público por la compañía—, pero a esas alturas aquello era lo de menos.

Los titiriteros aseguraron también que habían advertido a los adultos presentes durante la función de la representación de "actos atroces y violentos, e incluso de mal gusto, dirían algunos". Aunque este tema no influía en la denuncia contra los artistas, sí motivaba la presentada por el Ayuntamiento y la empresa pública Madrid Destino contra la empresa de títeres "por no cumplir el contrato al no ser una obra destinada hacia un público infantil". Dos días después, la concejala de Cultura, Celia Mayer, pedía a los servicios jurídicos del consistorio la retirada de la denuncia, aduciendo que la polémica pretendía "desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente y que representa las aspiraciones de cambio de mucha gente". La actuación del Ayuntamiento fue muy criticada tanto por los titiriteros y su entorno como en las protestas por su enjuiciamiento. 

"Aplicar ese tipo penal a estos supuesto es mermar la libertad de expresión. Y este caso tiene una gravedad añadida", dice Eric Sanz, "que es que es una obra de ficción". El letrado argumenta que, además, condenar la representación del terrorismo supondría juzgar también otras obras que reflejan la actividad de ETA, como las películas Días contados o Yoyes. Tampoco la representación de escenas violentas, argumenta, puede justificar el juicio por incitación al odio. "A ti la obra te puede parecer deleznable, puedes encontrarle un reproche moral, pero de ahí a trasladarla a un reproche penal...", valora Sanz.  

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados interpuso una querella por prevaricación contra el juez instructor Ismael Moreno por su decisión de dictar prisión preventiva para los titiriteros: "El Juez defendía la existencia de los riesgo de fuga y reiteración delictiva, pero en ningún momento analizó la situación o las características personales de los detenidos, siendo ésto un requisito fundamental para poder acordar una medida tan excepcional y trascendente como la prisión provisional". El Tribunal Supremo no la admitió a trámite, y tampoco el Constitucional, por lo que han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Letras presuntamente delictivas

El último caso de este tipo es el que atañe a los 13 integrantes del colectivo de rap La Insurgencia investigados desde el pasado noviembre por presuntos delitos de ofensa contra las instituciones del Estado, enaltecimiento del terrorismo y asociación ilícita. El sumario no se ha hecho público, por lo que los propios acusados no conocen por qué les achacan esos cargos. "No sabemos nada", dice el rapero Pipe Díaz con resignación, "Cuando entramos en la sala [de la Audiencia Nacional] para declarar, vi a la jueza [Carmen Lamela] con un tochaco de la hostia. Supongo que saldrían imágenes nuestras, o canciones. Y entre unos y otros tenemos más de 500". 

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Los procesos contra raperos como Pablo Hasél —sentenciado a dos años de prisión por, entre otras cosas, ensalzar a los Grapo en sus letras, y procesado de nuevo por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra las instituciones del Estado— o Josep Miquel Arenas, ValtónycValtónyc—que está siendo procesado por los mismos delitos— les habían puesto sobre aviso. "Sorprender, tampoco, era más o menos consciente de que en este Estado no hay libertad ni para hacer canciones. Pero no me lo imaginaba cuando empecé a los 16, ni siquiera cuando empecé a hacer letras más comprometidas". El colectivo La Insurgencia tiene un alcance limitado dentro del rap —cuando se escribieron estas líneas acumulaban 2.600 seguidores en Facebook—, pero el rapero apunta a que "de un tiempo a esta parte ha surgido una corriente musical más politizada, y como ha despertado conciencias parece que molesta". 

"Cabe preguntarse por qué estos últimos procedimientos tienen todos un color ideológico similar, por qué se traslada la defensa de un cierto color ideológico a un reproche penal", apunta Eric Sanz. En su opinión, estos procesos "buscan un efecto ejemplarizante en el resto de personas": "Si quiero hacer un chiste sobre Carrero Blanco, ahora me lo pienso siete veces, igual que si quiero hacer una obra denunciando un montaje". Díaz coincide: "Ya no es que a mí y a mis compis nos encierren mañana, es que si a nosotros nos quitan un derecho, nos lo quitan a todos".  

 

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