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Cultura

El Instituto Cervantes pondrá en marcha un nuevo centro en Estados Unidos en 2019

  • El Gobierno estudia aún si instalar la sede en Los Ángeles o en Washington, y se propone recuperar la de Gibraltar, cerrada en 2015, aunque aún sin fechas
  • El ministro de Cultura planea iniciar la intervención de la SGAE en dos semanas y culpa a la entidad de "no querer arreglar los problemas de fondo"

Publicada el 24/01/2019 a las 13:59 Actualizada el 24/01/2019 a las 14:48
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Sede central del Instituto Cervantes, en Madrid.

Sede central del Instituto Cervantes, en Madrid.

EP
La nueva sede del Instituto Cervantes en Estados Unidos se pondrá en marcha en 2019. Así lo ha anunciado este jueves su director, el poeta Luis García Montero, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el ministro de Cultura, José Guirao. "Se están haciendo estudios para ver si nos interesa [abrir] antes en Washington o en Los Ángeles, pero en este nuevo presupuesto hay una partida diferenciada para uno de los dos centros", explicaba. "Nos gustaría reabrir el centro en Gibraltar si las circunstancias lo permiten", añadía Borrell, sobre la sede clausurada en 2015 por el Gobierno conservador debido a su "rendimiento" insuficiente. Asimismo, el Cervantes cuenta con poner en marcha un nuevo centro en Dakar, ya programado.

El organismo, dependiente formalmente de Exteriores pero coordinado también con Cultura y Educación, cuenta ya con 87 sedes en 44 países. Con el nuevo centro en Estados Unidos, España tendrá que decidir entre situarse en el corazón político de Estados Unidos o en uno de los bastiones de la comunidad hispana: California es el Estado con un mayor número de latinos (14 millones, el 38% de la población), y allí el 28,8% de los ciudadanos habla español en casa. Todo esto, si las Cortes aprueban las cuentas: este año, el Instituto Cervantes ha visto aumentado su presupuesto en un 4,3%, hasta los 129 millones de euros. Es una cifra que queda muy por debajo de la de otros países europeos —por comparar, en 2017 el Goethe Institut alemán recibió 237 millones de su Ministerio de Exteriores—, y por debajo también de la subida del 5% acordada entre el Ejecutivo y García Montero, designado el pasado julio. "Más que la botella medio vacía, empiezo a verla medio llena", decía el director en la comparecencia ante la prensa. 

García Montero destacaba, entre los desafíos de la entidad, la necesidad de solucionar la situación de sus empleados en el extranjero. En las plantillas de los centros, explicaba, trabajan tanto empleados del Gobierno español, que se rigen por las leyes laborales españolas, como empleados que se rigen por las normativas locales, con lo que se producen grandes diferencias entre ellos, desde salariales hasta las que competen a prestaciones o la jubilación. Por ejemplo, los trabajadores tienen el sueldo congelado desde 2009 —algo especialmente duro para los países en los que hay inflación—, pero solo los funcionarios se beneficiarán del aumento salarial del 2,5% acordado para este año. García Montero ha asegurado que el Ministerio de Exteriores "tiene en su agenda la redignificación de los trabajadores en el exterior".  
 


La SGAE, a las puertas de la intervención

El ministro de Cultura se ha referido también, y muy duramente, a la situación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El área de Guirao había hecho llegar un requerimiento a la entidad, advirtiendo de que la intervendría si, entre otras cosas, no se modificaban sus estatutos para adaptarlos a la normativa europea. El plazo para hacerlo se cumplía el 27 de diciembre, pero la Asamblea votó en contra del cambio en su normativa. "La SGAE no puede seguir funcionando como ha funcionado", lanzaba el ministro el jueves. El Ministerio exige, además de la adecuación a la norma europea, que se cambien los criterios de reparto y que se habilite un sistema de voto electrónico "un poco más sencillo del que se ha habilitado". 

El Gobierno, ha explicado el ministro, baraja dos posibilidades de intervención. La primera sería la intervención judicial —"Es la que yo entiendo que sería más normal", apuntaba Guirao—, para resolver estos "problemas puntuales". Pero esta vía "puede alargar la eficiencia de la medida", con un proceso legal que podría llegar hasta el año. La otra posibilidad —"Nos gusta menos, pero la estamos estudiando", decía el ministro— sería "quitar parcialmente la licencia" de actividad "para ciertos temas", que se puede hacer de manera inmediata. Sobre esta vía, Guirao observaba que sería "un hecho más traumático". "Vamos a plantear una solución, aunque no me gustan las fechas, calculo que en dos semanas", aventuraba en la rueda de prensa. 

Guirao ha querido referirse también a las peticiones de negociación lanzadas por la presidencia de José Ángel Hevia: "La solución que ellos están planteando últimamente de hacerlo acordadamente no la hemos tenido en cuenta, porque yo recibí a la nueva directiva al día siguiente de tomar posesión y no tuve claro que quisieran arreglar los problemas de fondo. Lo digo claramente". El ministro hacía referencia incluso a una conversación mantenida entonces con la dirección: "Yo hice una pregunta: 'Habéis hecho un recurso judicial al requerimiento. En base a ese buen talante, ¿lo vais a retirar?'. La respuesta fue: 'Eso, lo que nos diga nuestra asesoría jurídica'. Pues lo mismo va a hacer el Ministerio, lo que diga la asesoría jurídica". Guirao instaba a Hevia a cambiar de postura "con un escrito claro, contundente y con fechas", y no "con declaraciones en periódicos". El ministro tenía también un mensaje para los opositores a la dirección que han pedido la intervención de su cartera: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio solo puede intervenir en lo que tenga competencia. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores". 
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