El sector del libro independiente se une para reclamar medidas urgentes para superar la crisis

Más de 300 pequeñas y medianas empresas de toda España representativas del sector del libro independiente han consensuado un manifiesto dirigido a la Administración bajo el lema En defensa del libro [ver aquí]. Persiguen, según informan en una nota de prensa, "la reactivación tanto de la producción como de la venta y paliar así las negativas consecuencias de la grave crisis provocada por la pandemia de la covid-19". Al igual que otros sectores productivos, editoriales, librerías y distribuidoras, recuerdan que se ven sumidas en la incertidumbre ante la paralización de la actividad empresarial derivada de la declaración del estado de alarma desde hace más de un mes. "Muchas de estas empresas se ven abocadas al cierre si no revierte la situación", destacan.

El sector del libro calcula pérdidas de 840 millones de euros en 2020 y pide un pacto de Estado por la lectura

Ver más

Lo firmantes creen indispensable que tanto el Estado como las autonomías y los municipios promuevan medidas específicas –fiscales, crediticias y subvenciones– "con el calado suficiente como para atender las necesidades de los subsectores que componen el mundo del libro". Solo así podrán garantizar, afirman, "la supervivencia de un tejido empresarial en riesgo de colapso y evitar un daño irreversible para las finanzas de las industrias culturales que representan el 3,2% del PIB español y que, según datos de 2018, suponen 690.300 empleos directos".

Entre las medidas que plantean están la de recuperar las cifras de compras institucionales anteriores a 2010 para bibliotecas públicas y modificar la Ley de Contratos del Sector Público para propiciar adquisiciones por contrato menor desde las distintas administraciones públicas, sin excluir a pequeñas y medianas empresas, tal y como ocurre hoy. También proponen acciones dirigidas al fomento de la lectura, creación de bonos canjeables por libros entre los jóvenes en librerías de proximidad, así como la dotación de partidas presupuestarias dirigidas a bibliotecas escolares y universitarias.

Reclaman además que la compra de libros para las bibliotecas escolares se canalice a través de las librerías y que se sancionen los incumplimientos de la Ley del Libro que prohíbe compras de centros educativos y bibliotecas con descuentos superiores al 15% a través de editoriales y distribuidoras. También piden que se explore la posibilidad de exoneraciones específicas de impuestos estatales, comunitarios o municipales por un tiempo limitado a aquellas librerías con facturación anual menor de 250.000 euros que puedan verse gravemente afectadas por la crisis. Y también que se estudie la posibilidad de habilitar ayudas a fondo perdido para las editoriales y librerías que no logren superar la crisis.