Hunosa aplaza la querella por la desaparición de 46 millones de euros en carbón

Fue hace un mes. El 18 de febrero, Hunosa celebró un consejo extraordinario y su presidenta, Maria Teresa Mallada, anunció que la empresa minera pública iba a presentar una querella contra el grupo minero del empresario leonés Victorino Alonsoiba a presentar una querella “por apropiación indebida o por estafa”.

El asunto lo merecía. Supuestamente, habían desaparecido 500.000 toneladas de carbón propiedad del Estado valoradas en 46 millones de euros. Más de un mes después de que se destapara el caso, ni aparece el carbón, ni aparece la querella. Ni Hunosa, ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de Hunosa, ni el Ministerio de Industria, ni el supuesto querellado, Victorino Alonso, saben nada de una querella.

En los juzgados, lo único que existe es una demanda civil presentada en febrero en el juzgado de primera instancia número 5 de Oviedo. Pero no de la empresa supuestamente perjudicada, Hunosa, contra el presunto responsable de la desaparición del carbón, sino justo al revés.

Son dos empresas del grupo Alonso, Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), que suponen el 59% del sector privado del carbón y emplean a 1.991 trabajadores, las que han denunciado a Hunosa. Acusan a la empresa pública de incumplir los contratos suscritos por las dos compañías con Hunosa (el 4 de septiembre y el 10 de noviembre de 2009) para el “Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC)”.

Cadena de abastecimiento

La polémica de la desaparición paralizó la aprobación de las ayudas al carbón de 2012. El AETC, creado por acuerdo de Consejo de Ministros en agosto de 2009, tiene como objetivo facilitar y permitir el funcionamiento normal en la cadena de abastecimiento (de la mina a la central eléctrica) de carbón autóctono. 

Ese almacén lo gestiona Hunosa y se nutre de los tonelajes contemplados en el Plan del Carbón 2006-2012Plan del Carbón 2006-2012 y que no se entregan a las centrales térmicas correspondientes. No es un lugar físico único.

Lo curioso del asunto es cómo describe el grupo Alonso el funcionamiento del sistema de almacenamiento de carbón. Lo hace en la demanda. En un rápido resumen, el sistema podría describirse así: todo estaba junto, revuelto y expuesto a las inclemencias del tiempo.

La demanda lo explica así: al amparo de los contratos firmados con Hunosa a finales de 2009, el carbón adquirido por la empresa pública se almacenó en las instalaciones de las empresas CMC y Uminsa. Allí se acopió mineral adquirido entre agosto de 2009 y marzo de 2010.

De marzo de 2010 a marzo de 2011, las entregas de carbón a las centrales eléctricas térmicas estuvieron paralizadas. Cuando se reiniciaron las entregas, una vez decidido el sistema de primas, algunas centrales que tenían sus almacenes saturados llevaron también mineral a los emplazamientos de CMC y Uminsa.

El resultado: en las instalaciones de las empresas de Alonso se almacenó carbón propio, carbón de Hunosa y carbón de las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Unión Fenosa.

Según la demanda, Hunosa conocía la situación, por lo que para el grupo Alonso fue una sorpresa que el 7 de noviembre de 2012, Hunosa planteara “in situ” que sus comprobaciones de existencia de mineral no coincidían con las certificaciones mensuales “insinuando un incumplimiento contractual”.

Frente a las críticas de los técnicos de Hunosa, CMC y Uminsa aseguran que si el carbón estaba todo junto, propiedad al margen, se debía a “una necesidad comercial” para poder homogenizarlos y suministrarlos “en las condiciones de calidad previstas” en los contratos con las compañías. Con un añadido: en los contratos, sostiene Alonso, está previsto que el suministrador almacene los carbones de la forma que sea necesaria “para evitar el riesgo de autocombustión”.

Propiedad exclusiva

La conclusión del grupo Alonso es simple: Hunosa” sostiene “no ha tenido la propiedad exclusiva sobre los almacenamientos de carbón”, que eran compartidos. Y no ha desaparecido carbón, añade. Las posibles diferencias, sostiene, se pueden deber a las mermas por condiciones meteorológicas adversas, que elevaron las mermas por encima del 2% previsto y por la conflictividad laboral que afectó a la producción durante cinco meses en 2012.

Por parte de la Administración, y tras más de un mes desde que se conociera la desaparición del medio millón de toneladas de mineral sólo ha habido un movimiento. Una resolución que refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la CNE para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplen estrictamente las condiciones fijadas.

Además, el regulador también podrá solicitar esta información al gestor del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón, al tiempo que podrá realizar inspecciones y controles aleatorios. Junto a esto, la Secretaría de Estado de Energía se reserva la fijación de los criterios para la realización de auditorías de las centrales que participan en el decreto del carbón.