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El juez declara el concurso de acreedores de la CEOE de Ciudad Real

  • La crisis de la patronal manchega se remonta a otoño de 2011, con el descubrimiento de un agujero patrimonial de 2,5 millones de euros
  • Presentó un ERE que tuvo que retirar al negarle los bancos el crédito para pagar las indemnizaciones
  • La gobernaba una gestora tras la dimisión de sus dos últimos presidentes

INFOLIBRE
Publicada el 09/04/2013 a las 13:09 Actualizada el 09/04/2013 a las 13:47
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El ex presidente de la CEOE de Ciudad Real Antonio Sánchez Migallón.

El ex presidente de la CEOE de Ciudad Real Antonio Sánchez Migallón.

LANZA
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil número 4 de Ciudad Real ha declarado el concurso voluntario de acreedores de la organización provincial de CEOE-Cepyme.

Así lo ha dado a conocer, en un comunicado, la actual comisión gestora de CEOE-Cepyme, que había solicitado el concurso al considerar que es "un instrumento para tener una viabilidad presente y futura al servicio de los empresarios de la provincia".

La crisis de CEOE-Cepyme de Ciudad Real salió a la luz en el otoño de 2011 con la dimisión del entonces su presidente Arturo Mesa, a quien sustituyó Antonio Sánchez Migallón, que estuvo sólo seis meses en el puesto, hasta abril de 2012, tras lo cual se creó la actual gestora.

Una auditoría conocida durante la etapa de Sánchez Migallón confirmó que la organización tenía una deuda de seis millones de euros y un agujero patrimonial de 2,5 millones, cantidades relacionadas, en buena medida, con la construcción de una sede en las cercanías de la localidad de Miguelturra, cercana a la capital. Ahora se ha acordado, aunque todavía no se ha efectuado, la marcha de la actual sede a otras instalaciones.

Despidos, impago de salarios

En febrero de 2012, CEOE-Cepyme presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 14 de sus 38 empleados. Pero tuvo que readmitir a sus trabajadores después de que los bancos negaran a la patronal el crédito que iba a permitir el pago de las indemnizaciones. La plantilla, además, sufría entonces el impago de varias nóminas.  

La gestora, según se indica, pidió dicho concurso voluntario, ya que "esta herramienta era la mejor solución para proseguir desarrollando la prestación de servicios, defender la unidad empresarial y propiciar el desarrollo socio-económico de la provincia".

Con la aprobación del concurso, se añade, "se seguirá defendiendo, como mejor opción, la promoción de los intereses de los empresarios de la provincia ante la sociedad o la administración pública y la gestión de las asociaciones afiliadas, promoviendo la unidad y solidaridad" entre ellas.

Además, esta medida, a juicio de dicha gestora, es beneficiosa tanto para los trabajadores como para los diferentes proveedores sujetos al concurso.

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