El juez Velasco rechaza de nuevo la puesta en libertad de Díaz Ferrán

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado de nuevo la puesta en libertad del expresidente de la patronal Gerardo Díaz, que ingresó en prisión el 5 de diciembre de 2012 por intentar desprenderse de su patrimonio para no pagar a sus acreedores, y ha mantenido la fianza que fijó en 10 millones de euros.

De esta forma, Velasco ha rechazado una petición realizada por la defensa de Díaz Ferrán, a quien la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rebajó el pasado 4 de febrero la fianza de 30 a 10 millones de euros en el marco del caso Crucero, al considerar que podría resultar "excesiva".

El tribunal tuvo en cuenta la situación de arraigo del expresidente de la CEOE, que vive en Madrid con su mujer, y su avanzada edad, ya que tiene 70 años. No obstante, justificaba el mantenimiento de la fianza apuntando que se trata de "una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo, que afectan a una gran pluralidad de víctimas".

De la instrucción se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

A cambio de 100.000 euros mensuales

Esta estrategia consistió en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparante insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de ocho millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".

El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.

Cuatro delitos

Al expresidente de la patronal se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.

Velasco también envió a prisión a Iván Losada, hombre de confianza de De Cabo, a quien se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.

Además, fueron imputados en este procedimiento Consuelo Garrido, mujer de De Cabo, el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual –Ignacio, José María, Gonzalo y Diana–.