Hunosa decide ir contra el grupo minero Alonso por vía civil y penal

Más vale tarde que nunca. Tras pensarlo durante dos meses, la empresa pública minera Hunosa ha decidido cargar contra el grupo minero Alonso por la presunta desaparición de medio millón de toneladas de carbón valoradas en más de 46 millones de euros. Hunosa, según fuentes conocedoras der la iniciativa, actuará en una doble vía: una demanda civil, en respuesta a la que el grupo minero privado interpuso contra la empresa pública en los juzgados de Oviedo y una querella criminal contra el propio empresario leonés.

En la ofensiva legal participan los encargados del área jurídica de Hunosa, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Industria, responsable de los planes de ayudas al carbón.

Desde la SEPI, la explicación oficial es escueta: "se está trabajando (en la querella)" aseguró un portavoz y es "absolutamente segura su presentación". Hunosa, por su parte, declinó hacer comentarios sobre la elaboración de la querella, en la que, según fuentes empresariales, participa también un gabinete jurídico privado.

La ofensiva legal de Hunosa se produce en un contexto de crisis en el sector y en las comarcas mineras.  Tanto el grupo de Victorino Alonso, como el otro gran grupo minero privado, la Hullera Vasco Leonesa, se han declarado en preconcurso de acreedoresy han recurrido contra la decisión del Gobierno de retener las subvenciones que les corresponden por no estar al día con Hacienda y la Seguridad Social.

Demanda contra la empresa pública

A la espera de que Hunosa actúe, en los juzgados, lo único que existe es una demanda civil presentada en febrero en el juzgado de primera instancia número 5 de Oviedo. Pero no de la empresa supuestamente perjudicada, Hunosa, contra el presunto responsable de la desaparición del carbón, sino justo al revés.

Son dos empresas del grupo Alonso, Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), que suponen el 59% del sector privado del carbón y emplean a 1.991 trabajadores, las que han denunciado a Hunosa. Acusan a la empresa pública de incumplir los contratos suscritos por las dos compañías con Hunosa (el 4 de septiembre y el 10 de noviembre de 2009) para el “Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC)”.

La polémica de la desaparición paralizó la aprobación de las ayudas al carbón de 2012. El AETC, creado por acuerdo de Consejo de Ministros en agosto de 2009, tiene como objetivo facilitar y permitir el funcionamiento normal en la cadena de abastecimiento (de la mina a la central eléctrica) de carbón autóctono.

Ese almacén lo gestiona Hunosa y se nutre de los tonelajes contemplados en el Plan del Carbón 2006-2012 y que no se entregan a las centrales térmicas correspondientes. No es un lugar físico único.

Lo curioso del asunto es cómo describe el grupo Alonso el funcionamiento del sistema de almacenamiento de carbón. Lo hace en la demanda. En un rápido resumen, el sistema podría describirse así: todo estaba junto, revuelto y expuesto a las inclemencias del tiempo.

La demanda lo explica así: al amparo de los contratos firmados con Hunosa a finales de 2009, el carbón adquirido por la empresa pública se almacenó en las instalaciones de las empresas CMC y Uminsa. Allí se acopió mineral adquirido entre agosto de 2009 y marzo de 2010.

De marzo de 2010 a marzo de 2011, las entregas de carbón a las centrales eléctricas térmicas estuvieron paralizadas. Cuando se reiniciaron las entregas, una vez decidido el sistema de primas, algunas centrales que tenían sus almacenes saturados llevaron también mineral a los emplazamientos de CMC y Uminsa.

El resultado: en las instalaciones de las empresas de Alonso se almacenó carbón propio, carbón de Hunosa y carbón de las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Unión Fenosa.

Según la demanda, Hunosa conocía la situación, por lo que para el grupo Alonso fue una sorpresa que el 7 de noviembre de 2012, Hunosa planteara “in situ” que sus comprobaciones de existencia de mineral no coincidían con las certificaciones mensuales “insinuando un incumplimiento contractual”.

Frente a las críticas de los técnicos de Hunosa, CMC y Uminsa aseguran que si el carbón estaba todo junto, propiedad al margen, se debía a “una necesidad comercial” para poder homogenizarlos y suministrarlos “en las condiciones de calidad previstas” en los contratos con las compañías. Con un añadido: en los contratos, sostiene Alonso, está previsto que el suministrador almacene los carbones de la forma que sea necesaria “para evitar el riesgo de autocombustión”.

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Propiedad exclusiva

La conclusión del grupo Alonso es sencilla: Hunosa” sostiene “no ha tenido la propiedad exclusiva sobre los almacenamientos de carbón”, que eran compartidos. Y no ha desaparecido carbón, añade. Las posibles diferencias, sostiene, se pueden deber a las mermas por condiciones meteorológicas adversas, que elevaron las mermas por encima del 2% previsto y por la conflictividad laboral que afectó a la producción durante cinco meses en 2012.

Por parte de la Administración, y tras más de un mes desde que se conociera la desaparición del medio millón de toneladas de mineral sólo ha habido un movimiento. Una resolución que refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la CNE para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplen estrictamente las condiciones fijadas.