Globalia pone en jaque el sistema de concesiones de autocares

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dado la razón a la compañía Globalia Autocares SA, del grupo Hidalgo, y ha tumbado las resoluciones aprobadas por el Ministerio de Fomento para adjudicar las líneas de transporte por carretera entre Zaragoza y Murcia y Madrid-Granada-Nerja. Globalia cuestionaba el criterio de preferencia a favor del anterior concesionario en caso de similitud de ofertas, entre otros puntos.

Así expuesta, la decisión del tribunal del pasado día 5 de abril, recurrible, podría ser un episodio de una disputa legal entre empresas de los miles que hay todos los días. Pero es algo más. El tribunal, como antes hicieron el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en cinco sentencias contrarias a licitaciones desde febrero de 2011, el Tribunal Supremo y la propia Comisión Nacional de la Competencia, cuestiona el sistema por el que se han venido renovando las concesiones del transporte de viajeros por carretera. Está en juego un negocio jugoso: Fomento ha abierto el proceso de renovación de más de 100 líneas, con un valor estimado de 450 millones (el 20% de la facturación total del sector).

La pugna emprendida por Globalia Autocares, el embrión del grupo propietario de Air Europa que puso en marcha Juan José Hidalgo en 1970, afecta al sistema con el que han trabajado los sucesivos gobiernos (centrales y autonómicos), desde al menos el año 2003, para renovar las concesiones. El marco de la disputa es un negocio, alimentado por 65 millones de pasajeros-año, en el que Hidalgo quiere discutir el dominio de Alsa y Avanza. Estas dos compañías son las más fuertes en un sector muy atomizado, con más de 3.600 empresas de las que poco más del 4% tienen más de 40 autobuses.

El grupo Hidalgo cuestiona el llamado derecho de preferencia que, en el proceso de licitación, favorece al empresario titular de la concesión que expira frente al resto. La preferencia es lo que ha permitido mantener un estatus quo en el sector prácticamente inalterado. Y que también afecta a otros peces pequeños del negocio, como las empresas Ruiz o Monbus.

Procesos de licitación

Desde 2007, asegura Globalia, en los 20 procesos de licitación resueltos, siempre que el anterior concesionario se ha presentado al concurso (y su oferta no ha tenido defectos de forma) ha ganado para seguir con la explotación de la línea. Lampedusa, todo cambia, nada cambia.

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De ese problema se dio cuenta la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el año 2010. En las conclusiones de un duro informe elaborado por la Comisión sobre concesiones interurbanas de titularidad autonómica se asegura, por poner un ejemplo, que el "procedimiento de ampliación de plazos concesionales, utilizado por la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas (...) conlleva "efectos muy perjudiciales sobre la competencia, al imposibilitar directamente el acceso competitivo a las concesiones, en perjuicio de los usuarios finales del servicio".

A la pregunta de por qué el Grupo Hidalgo-Globalia Autocares ha planteado tal batalla contra la maquinaria administrativa, el portavoz es rotundo: por "la firme convicción de la aboluta ilegalidad de los pliegos de las concesiones". Esa ilegalidad, si se examina el plazo en el que fueron aprobados afectaría a la labor de los equipos de, al menos, dos ministros socialistas, Magdalena Álvarez y José Blanco. Los pliegos cuestionados, sostiene el portavoz "no tenían por finalidad efectuar licitaciones conforme a la ley, sino llevar a cabo una convalidación administrativa encubierta". 

¿Afecta sólo a una detarminada etapa de Gobierno? En opinión de los recurrentes, no. La razón: los responsables de la maquinaria de la Dirección General de Transportes de Fomento siguen siendo los mismos.