Las empresas públicas recortan la pensión de sus jubilados y prejubilados

Los recortes en las pensiones ya han llegado a los jubilados y prejubilados de las empresas públicas. Miles de jubilados de Navantia, Naval de Sestao, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Manises, Babcock Borsig, Altos Hornos de Vizcaya y Hunosa vieron desaparecer en marzo la compensación por la subida del IPC, que sin embargo sí se les había abonado los dos meses anteriores. También 7.000 prejubilados de la minera asturiana han dejado de percibir los complementos que la empresa les paga hasta que alcanzan la edad legal de jubilación.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) justifica la medida en el artículo 22.3 de la Ley de Prespuestos Generales del Estado, que ordena a las empresas públicas cancelar las aportaciones a los planes de pensiones y seguros colectivos que cubren la jubilación.

Fuera de la SEPI, la dirección de Paradores del Estado ha propuesto ya a los sindicatos, con los que acaba de sentarse a negociar la renovación del convenio colectivo, la supresión de los premios de jubilación. Además, pretenden cambiar el plan de pensiones de la plantilla, al que la empresa lleva ya tres años sin hacer aportaciones, según asegura el presidente el comité, Enrique Sánchez.

Protestas, mediación, demanda judicial

Un mes de protestas contra el recorte llevan ya los trabajadores de Hunosa, que presentarán una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras fracasar las reuniones con la empresa y un intento de mediación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Los 7.000 prejubilados del carbón están sufriendo mermas de entre 100 y 600 euros mensuales que, sumadas a la falta de compensación por la subida del IPC y al aumento del IRPF, equivalen a un recorte sustancial de poder adquisitivo en una región especialmente castigada por el paro, destaca Jaime Martínez Caliero, responsable de Minería de la Federación de Industria de CCOO en Asturias.

Según explica,  las prestaciones de los prejubilados no deberían resultar afectadas por el artículo 22 de la Ley de Presupuestos, puesto que el complemento suprimido se suma primero a la prestación, luego al subsidio de desempleo, hasta que el trabajador cumple los 65 años; por tanto, no tiene nada que ver con la pensión de jubilación, que comienza a cobrarse a partir de esa edad. Ese complemento llevaba abonándose desde 1998.

Ofensiva contra los beneficios sociales del convenio

En el caso de Navantia, por ejemplo, la merma en la pensión se une al recorte de beneficios sociales que la empresa ha planteado al comité en la negociación del convenio colectivo. Más allá de la congelación salarial –la plantilla lleva cuatros años sin subidas de sueldo–, la dirección pretende aumentar la jornada, suprimir la antigüedad a los nuevos contratados, eliminar becas de estudios para los hijos de los trabajadores, también el economato y el comedor, e incluso reducir a sólo cinco días el plazo de aviso a los empleados a quienes se quiera trasladar. Una cuestión lejos de ser menor, destaca Manuel Grandal, responsable de la CIG en Ferrol: las factorías de Navantia se encuentran en Ferrol, Cádiz y Cartagena.

En Paradores, la propuesta de la empresa llega después de un ERE que se cerró en enero con la salida de 350 personas. Entonces los trabajadores ya acordaron reducciones salariales, por lo que para el nuevo convenio colectivo, cuya negociación lleva bloqueada desde diciembre de 2009, las propuestas van en la dirección, también aquí, de los recortes sociales, asegura el representante de UGT, César Galiano. De momento –sólo han mantenido dos reuniones con la empresa– los sindicatos han señalado como una de sus líneas rojas los llamados premios de vinculación, que perciben sus 4.000 trabajadores en función de su antigüedad y que Paradores considera un coste inasumible.