CRISIS ECONÓMICA

El Fogasa tarda un año en pagar a los trabajadores despedidos

UGT denuncia que el Gobierno quiere privatizar la gestión del Fogasa

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tarda una media de 12 meses en tramitar los expedientes que deberían permitir cobrar salarios e indemnizaciones a los despedidos en empresas quebradas o con menos de 25 trabajadores. Su carga de trabajo pendiente hasta mayo, 153.000 expedientes, equivale a los que gestionó durante todo el año 2012. UGT y CCOO dicen que haría falta la incorporación inmediata de 240 personas para desatascar el trabajo atrasado.

La plantilla actual del organismo, 400 trabajadores en toda España, no puede hacer frente al aumento del número de solicitudes que les llegan por culpa de la crisis. El cuádruple que en 2007. Así, los sindicatos explican que el Fogasa es citado cada año en 90.000 procedimientos declarativos antes los juzgados de lo Social, lo que equivale a más de 670 juicios por letrado. Hace un mes UGT denunció la intención del Ministerio de resolver el atasco en el organismo privatizando su gestión.

La recuperación económica no desatasca los juzgados de lo Social, que señalan juicios para 2019 y 2020

La recuperación económica no desatasca los juzgados de lo Social, que señalan juicios para 2019 y 2020

De hecho, aludía a la existencia de un plan de viabilidad que incluía dos programas cuya puesta en funcionamiento está prevista para el 15 de septiembre: el Programa Greta (Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente Atrasados) y el Programa Fono, cuyo objetivo es privatizar el servicio de atención telefónica al beneficiario.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Empleo, 56.459 trabajadores recibieron prestaciones del Fogasa en el primer trimestre, un 14,8% menos que en el mismo periodo de 2012, cuando los beneficiarios ascendieron a 66.272 personas.

UGT y CCOO no ahorran adjetivos a la hora de calificar la situación en el organismo de “caótica” y “dramática” y las condiciones laborales de “insufribles”. Porque no sólo se ha multiplicado por cuatro la carga de trabajo sino que, al amortizarse las vacantes, la plantilla se ha reducido. Los sindicatos no sólo se oponen a privatizar la gestión del Fogasa como solución al atasco sino que, además, exigen un plan de choque: la incorporación inmediata de 240 personas y la cobertura con interinos de los 81 puestos actualmente vacantes.

Más sobre este tema
stats