Las diferencias entre los expertos impiden un acuerdo sobre las pensiones

Las discrepancias en el seno del comité de expertos impidieron ayer la redacción y firma de un documento definitivo sobre el factor de sostenibilidad que reformará el sistema público de pensiones. Así, los 12 sabios se han dado unos días más para corregir algunos aspectos del borrador que elaboró el presidente del comité, el sociólogo Víctor Pérez Díaz, y que pretende recortar las pensiones en 2014 según el aumento de la esperanza de vida y de acuerdo con la diferencia entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social.

En teoría, el plazo que se había fijado el Gobierno termina el próximo viernes, cuando debería recibir el informe de los sabios la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Sin embargo, es posible que esa fecha se supere, pues en la reunión de ayer del comité no se acordó aún una nueva convocatoria.

Los expertos ni siquiera llegaron a votar el borrador. Ahora deberán hacer nuevas aportaciones para corregir ciertos aspectos del factor de sostenibilidad, el mecanismo de ajuste de las pensiones cuya entrada en vigor la última reforma del sistema, la ley 27/2011 de 1 de agosto, retrasaba hasta 2027. Ahora los sabios se plantean, según fuentes del comité, establecer un periodo de transición para “suavizar” los efectos en los pensionistas del nuevo cociente. O bien, dejar la fecha de aplicación en el aire para que sea el Gobierno el que la fije.

No es para menos, dado que, explican las fuentes, de entrar en vigor el próximo año, el recorte sobre las pensiones sería “bastante fuerte” para quienes se jubilen a partir de 2018 y hasta 2030. Y el plan del PP es conseguir un pacto, tanto con los grupos parlamentarios como con la patronal y los sindicatos, en una reforma que puede tener un alto coste electoral.

Gradual para permitir el pacto

De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el pasado miércoles ante la Asociación de Periodistas Europeos, que la aplicación del factor de sostenibilidad debía ser “extremadamente gradual”. “No puede hacerse de forma brusca”, subrayó.

También se ha mostrado cauteloso el secretario de Estado de Seguridad Social. Tomás Burgos recalcó ante la patronal y los sindicatos que el informe de los expertos no es sino “una aportación cualificada”, pero “no vinculante” para el Gobierno o para el Congreso. Serán el Pacto de Toledo y los agentes sociales, añadió, los que decidan. Lo dijo Burgos en la última reunión del grupo que estudia cómo sustituir el mecanismo de cómputo de la pensión para el trabajo a tiempo parcial que el Tribunal Constitucional acaba de anular. Ese grupo también estudiará el factor de sostenibilidad que diseñe el comité de sabios.

Además, los expertos se plantearon ayer cómo simplificar la fórmula que debe ajustar las pensiones en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Se trata de un coeficiente complicado para los legos y muy difícil de simplificar sin alterar el concepto, apuntan fuentes del comité.

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No será unánime

En cualquier caso, y por muchas modificaciones de detalle o de estilo que sufra el documento, parece que las posiciones están claras y el informe final no será unánime. Pese a que fue la única petición que les hizo a los 12 sabios la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando se constituyó el comité. Tres de los expertos se decantarán por no firmar la propuesta: el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga; el director del Gabinete Económico Confederal de CCOO, Miguel Ángel García Díaz, y el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Complutense José Luis Tortuero.

Básicamente, la oposición de estos tres expertos se basa en que el factor de sostenibidad diseñado se traducirá en una caída de las pensiones reales. Al incluir una fórmula de ajuste relacionada con el equilibrio presupuestario del sistema, el comité ha excedido, dicen, el mandato de la ley, que les pedía un mecanismo vinculado sólo al aumento de la esperanza de vida. A su juicio, lo fundamental es asegurar la suficiencia de la cuantía de la pensión, y para ello proponen el aumento de los ingresos del sistema. “Y eso puede hacerse con una decisión política”, concluyen. Sin embargo, es una opción que el Gobierno descartó ya en el informe preliminar sobre el factor que remitió a los expertos el primer día que se reunieron.