Los expertos proponen bajar las pensiones aunque dejan la decisión en manos del Gobierno

El comité de expertos designado por el Gobierno ha diseñado un mecanismo doble de ajuste de las pensiones que recortará una media del 5% cada 10 años la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados y reducirá la de todos los demás respecto al último salario que cobraron cuando estaban en activo. Para cubrir esos descensos, los sabios confían en el “éxito de la economía española”, por un lado, y dejan la responsabilidad de las decisiones finales en manos del Gobierno y los agentes sociales, por otro. Por ejemplo, recomiendan a uno y otros que fijen una “cláusula suelo que impida la caída nominal de las pensiones” actuales cuando se aplique el doble factor por ellos elaborado.

“Sólo necesitamos que la economía crezca [para que las pensiones no caigan]”, apuntó ayer el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares en la rueda de prensa que cinco de los expertos ofrecieron tras entregar el informe final sobre el factor de sostenibilidad a la ministra de Emnpleo, Fátima Báñez. Según el economista jefe del BBVA, Rafael Domenech, además, únicamente habrá que congelar las pensiones en “situaciones excepcionales”, como en una recesión “tan intensa como la actual”.

El presidente del comité, Víctor Pérez Díaz, presentó el documento como “una recomendación prudente y modesta” de los sabios a los “actores políticos y sociales, que asumirán las responsabilidades que les incumben”. Una idea que los expertos repiten varias veces a lo largo del texto y en la que insistieron ayer igualmente en la rueda de prensa. “La reforma de las pensiones será el resultado de lo quiera la política, a través de los canales democráticos y con consenso social”, explicó Miguel Ángel García Díaz, director del Gabinete Económico de CCOO.

'Baby boom'

De ahí que señalen a “la sociedad española, a través de sus representantes políticos”, como la instancia que deberá decidir cómo resolver la “significativa” disminución de la pensión media sobre el salario medio que provocará la aplicación del doble factor de sostenibilidad. Lo que ocurrirá, explica el documento, si no se acometen “reformas estructurales” que aumenten el número de cotizantes a la Seguridad Social cuando comiencen a jubilarse los nacidos en los años del baby boom, en las décadas de los 60 y 70. Esa reducción, admiten los sabios, impedirá “mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que disfrutaba en su etapa activa”.

Eso sí, proponen tres alternativas. La primera, aumentar el número de cotizantes incentivando el retraso de la jubilación, hacer reformas estructurales que estimulen el crecimiento y reduzcan el desempleo, además de aumentar la población activa atrayendo la emigración. La segunda, subir los impuestos y que el Estado aporte ingresos adicionales al sistema de pensiones. Y la tercera, “aceptar” que la pensión media se distanciará más del último salario cobrado y, por tanto, “podría complementarse con ingresos procedentes de su ahorro privado”.

Es lo que los expertos llamaron ayer “transparencia”: que los ciudadanos conozcan con tiempo suficiente cuál va a ser su pensión y puedan “actuar individualmente si lo desean”. El informe dice que el mecanismo de ajuste permitirá al trabajador decidir cómo subsanar la bajada de pensión que va a sufrir cuando se jubile: retrasando su retiro, por ejemplo. De hecho, los sabios se suman explícitamente al “envejecimiento activo” propuesto por el Gobierno hace escasas semanas y proponen crear “incentivos adicionales” para prolongar la vida laboral.

Dentro de 40 o 50 años

Cinco de los expertos del comité explicaron a los periodistas el doble factor de sostenibilidad, que Pérez Díaz describió como “un mecanismo de alerta” ante problemas que aparecerán “dentro de 40 o 50 años”. Así, la primera, que han llamado Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y está vinculada a la esperanza de vida de la generación del trabajador, se aplicará sólo una vez a los nuevos jubilados en el cálculo de su primera pensión.

El segundo, denominado Factor de Revalorización Anual (FRA), afectará a todas las pensiones y se calculará en función del crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensiones, el efecto sustitución –la relación entre cotizantes y pensionistas– y la diferencia entre ingresos y gastos del sistema. Esta fórmula sustituirá a la actual que revaloriza las pensiones en función del IPC. Cuando el sistema tenga superávit, el excedente irá al Fondo de Reserva de las pensiones, que financiará así los déficit posteriores que puedan producirse.

Entre 2014 y 2019

El primer mecanismo, según la esperanza de vida, debería aplicarse, en opinión de los sabios, entre 2014 y 2019. Para el segundo, plantean dos opciones: de forma inmediata en 2014 o de forma gradual “no más tarde de 2019”, pero “en grados y bajo modalidades distintas” a los pensionistas actuales y los futuros. En la actual recesión económica, reconocen, “es muy improbable” que ese segundo factor no recorte las pensiones. Así que reclaman que su entrada en vigor no impida que se garantice la suficiencia de estas prestaciones. También recuerdan que deben mantenerse las pensiones mínimas.

Los sabios repitieron ayer una y otra vez que las pensiones, tanto nominales como reales, no caerán siempre que se garanticen los ingresos de la Seguridad Social. Pero el Gobierno ya ha dejado claro que no va a tocar ese lado del sistema, comprometido sólo con el recorte del gasto para reducir el déficit público. Y aún quedan años para alcanzar las cotas del 2% de crecimiento económico que garantizan la creación de empleo, por tanto también el aumento del número de cotizantes.

“Los pensionistas actuales tienen garantizadas sus pensiones en su nivel mínimo nominal”, aseguró Manuel Lagares, quien destacó que el mecanismo diseñado por el comité “da tranquilidad para el futuro”. También dejó claro que los expertos habían desechado los sistemas de cuentas individuales, a imitación de Suecia, o los sistemas de capitalización. Por el contrario, resaltaron los sabios, su mandato era respetar el actual sistema de reparto.

El voto del representante de CCOO

En la foto que los expertos se hicieron con la ministra de Empleo y en la rueda de prensa posterior faltaron dos de los miembros del comité: el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga y el de la Complutense José Luis Tortuero. El presidente del comité destacó el “amplísimo consenso” que sustentaba el informe final. Pero fueron tres los votos particulares incluidos en él. Los de los dos catedráticos citados y el del director del Gabinete de Estudios Económicos de CCOO, Miguel Ángel García Díaz. Mientras Ruesga votó en contra del texto, Tortuero se abstuvo. García Díaz, sin embargo, lo apoyó.

“Estoy en el comité a título individual”, explicó ante los periodistas el también profesor de Economía Aplicada de la Universidad Juan Carlos I de Madrid. También precisó que él elabora informes para que el sindicato tenga la mejor información posible, pero que es el comité ejecutivo de CCOO el que toma las decisiones. “No las impongo yo”, recalcó. García Díaz elogió las “fórmulas robustas” aprobadas por el comité, dijo sentirse “muy satisfecho” por el documento aprobado y anunció que va a defenderlo allí a donde se le llame.

El sindicato, por su parte, no tardó en marcar distancias con el jefe de su gabinete de estudios. En una nota enviada menos de una hora después de la rueda de prensa, CCOO aclaró que el informe “es sólo un informe, que no vincula al Gobierno ni a las Cortes Generales ni a los interlocutores sociales”. Por el contrario, sí dijo sentirse “vinculado a los acuerdos suscritos en febrero de 2011” por los sindicatos, el Ejecutivo y la patronal, que fijaban la aplicación del factor de sostenibilidad en 2027. “Existe”, explica la nota, “margen temporal y de actuación en materia de ingresos en lugar de ligar el futuro de las pensiones a su reducción”.

No hay urgencia

Ése es el punto de vista que defienden en sus votos particulares tanto Santos Ruesga como José Luis Tortuero. Creen que la reforma aprobada en 2011 es suficiente, que no hay urgencia para adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad, que bastaba con ajustar las pensiones a la esperanza de vida y es innecesario ligarlas a la evolución de los ingresos y gastos del sistema, y que lo fundamental es garantizar la suficiencia de las pensiones. Para solucionar los posibles agujeros fruto de la mala coyuntura económica, puede acudirse al Fondo de Reserva.

Casi el negativo de la visión del resto del comité. “Sólo se puede repartir lo que se tiene”, advirtió ayer el representante de CCOO, “la evolución económica es fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Ahora el informe de los sabios será entregado a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, así como a la patronal y los sindicatos. La idea del Gobierno es pactar con los grupos parlamentarios y los agentes sociales la reforma de las pensiones que le exige Bruselas y que debe estar lista antes de acabar el año.