CCOO asume como un error propio que el director de su gabinete participara en el comité de las pensiones

CCOO cometió un error al aceptar que el director de su gabinete económico, Miguel Ángel García Díaz, participara en el comité de expertos sobre la reforma de las pensiones. Pero no tomará ninguna medida contra él. Incluso defiende su labor en el grupo de sabios: gracias a sus aportaciones, éstos abandonaron la idea inicial de cambiar el sistema de reparto y el documento no sólo incluye la posibilidad de aumentar los ingresos del sistema, sino también una apelación a que sean los políticos quienes tomen las decisiones finales sobre la reforma.

El sindicato ha reunido esta mañana a su comisión ejecutiva y por la tarde a sus secretarios generales para responder al “desconcierto” que ha generado en la opinión pública, y en la propia organización, que García Díaz votara a favor del informe que diseña un mecanismo doble para recortar las pensiones públicas.

Una parte del sindicato, el sector crítico y el gabinete interfederal, Gabinete Interfederal, han criticado en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO. A juicio de los miembros del Gabinete Interfederal, integrado por los abogados Enrique Lillo, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura y Daniel Albarracín, el economista Eduardo Gutiérrez y la socióloga Lola Morillo, el voto de su compañero contradice la posición oficial del sindicato: es inconstitucional la supresión, “a golpe de decreto ley”, de la actualización automática de las pensiones según el IPC que consagra el documento presentado el pasado viernes.

"Ni independientes ni imparciales ni objetivos"

Los compañeros de García Díaz le reprochan su “desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis”, así como su “sucedáneo de voto particular” al informe. También cargan contra el resto de los miembros del comité, a quienes no consideran ni “independientes”, ni “imparciales” ni “objetivos”. “Son profesionales de parte interesada”, aseguran en una carta al secretario general, Ignacio Fernández Toxo, “con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras”.

El informe de los expertos contó con tres votos particulares, pero sólo uno de los 12 sabios lo rechazó, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma, Santos Ruesga. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense José Luis Tortuero se abstuvo. Y Miguel Ángel García Díaz votó a favor, al tiempo que expresaba como voto particular únicamente su “preferencia” por desplazar hasta 2019 la aplicación del doble factor de sostenibilidad, en lugar de 2014 como acordó la mayoría del comité.

En la rueda de prensa donde los expertos presentaron el informe, García Díaz dejó claro que su participación en el comité había sido “a título individual” y elogió la “robustez” de las fórmulas propuestas. También dijo que las defendería allí a donde se le llamara para hacerlo. Luego, a los periodistas, les aseguró que antes de la reunión había comunicado a Fernández Toxo cuál iba a ser el sentido de su voto.

"Una persona asociada a CCOO"

Esa misma tarde CCOO emitió un primer comunicado en el que se desvinculó del informe y defendió la reforma de las pensiones aprobada en 2011. Hoy ha reiterado que el sindicato no se siente ni “reflejado ni vinculado” al documento suscrito por García Díaz, a quien se refieren como “una persona asociada” a CCOO. También recalca que el director de su Gabinete Económico fue elegido por el Gobierno por su “reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda Pública, y no como representante del sindicato”.

El órgano de dirección del sindicato, apoyado por los secretarios generales de sus federaciones, asume que se equivocó al autorizar la presencia de García Díaz en una “comisión sumamente desequilibrada” y que nació “condicionada por la pretensión del Gobierno” de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad a 2014.

CCOO recalca que “no avalará en ningún caso” la reducción de las pensiones “presentes y futuras” y reitera las tesis que hasta ahora ha defendido en esta materia: que las dificultades del sistema son coyunturales, fruto de la destrucción de empleo ocasionada por la crisis, que éstas se pueden resolver aumentando temporalmente las cotizaciones o los recursos públicos que el Estado destine a la Seguridad Social, y que no debe desligarse la actualización de las pensiones del IPC. Exactamente el reverso de lo aprobado por su representante en el comité designado por el Gobierno. Al que emplaza a concretar la propuesta de reforma de las pensiones que debe enviar a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, a la patronal y a los sindicatos. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha calificado de “plena” la unidad de acción en este asunto con CCOO.