Vivienda

Guindos espera que Andalucía corrija el decreto que ha logrado parar los desahucios

INFOLIBRE

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, espera que el Gobierno andaluz dé los pasos necesarios para corregir su decreto sobre desahucios a raíz de la carta que la Comisión Europea envió ayer al Ministerio de Economía advirtiendo de que dicho decreto ponía en riesgo la solvencia del sistema financiero además de la capacidad de recuperación de la economía española.

El decreto-ley permite la expropiación temporal del uso de viviendas a bancos en casos de desahucios con riesgo de exclusión social, una situación que habría que corregir según la alerta enviada desde la CE y asumida por De Guindos. Según el ministro el problema fundamental es que el decreto no tiene en cuenta sus propios efectos. Ha explicado que la medida crea diferencias entre las entidades bancarias así como desigualdades en el nivel de acceso a la vivienda de los andaluces apoyándose en que así lo “ha constatado Bruselas”.

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De Guindos se ha dirigido a los medios para explicar que el Ejecutivo recibió ayer la carta de Bruselas y se la remitió a la Consejería de Economía de Andalucía. El ministro ha transmitido la pretensión de cooperar para alcanzar medidas positivas para la economía aunque también se ha referido a un hipotético fracaso de este espíritu colaborador “el Gobierno siempre sabe cuáles son sus obligaciones en última instancia".

Respuesta de la Junta

La Junta, por su parte, defiende la constitucionalidad de la medida. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), ha anunciado que la Junta de Andalucía responderá a la carta y ha explicado que el decreto-ley en vigor "pretende salvaguardar el derecho humano a la vivienda de aquellas familias en proceso de desahucio con la expropiación temporal del uso a la banca”. Igualmente, la Junta persigue sacar al mercado del alquiler 700.000 viviendas imponiendo una sanción a las personas jurídicas que no lo hagan y Cortés ha asegurado que esta práctica ya se ha realizado desde la Consejería “pasando al alquiler algo más de 600 viviendas que teníamos sin adjudicatario sin que pase absolutamente nada".

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