Sector eléctrico
Anticorrupción investigará si las eléctricas cobraron 73 euros de más por habitante
En vísperas de la anunciada reforma del sector eléctrico, que apunta a un tijeretazo de 2.000 millones de euros para el conjunto de las empresas, la batalla se recrudece. Tal y como había anunciado, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó el miércoles en la Fiscalía Anticorrupción una ampliación de denuncia en la que acusa a la Administración de un posible delito de malversación de caudales públicos por no haber reclamado a las grandes compañías 3.400 millones de euros.
Esa cantidad fue la que las grandes empresas cobraron en en exceso hasta 2.006 en concepto de ayudas para compensar el cambio de leyes y la introducción de competencia en el mercado.
La cuenta de la denuncia es rotunda: son 73 euros por habitante (considerando una población de 46,7 millones) "que la Administración se ha olvidado” de reclamar a pesar de los reiterados recordatorios de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Ampliación de denuncia
La ampliación de denuncia se suma a la planteada ante la Fiscalía a principios de junio para que investigue la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas, por si hubieran cometido "hechos que pudieran ser constituivos de delito de prevaricación por desviación de poder y/o de tráfico de influencias".
En la base de la denuncia está la idea de que en los últimos años se han registrado "actuaciones absolutamente arbitrarias" en el sector, "tendenciosas e injustas que están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector".
Precisamente a esas acciones poco explicables se refiere también la denuncia pública de la Plataforma al destacar que, en un reciente acto organizado por la fndación Faes, del PP, el secretario de Estado de energía, Alberto Nadal, admitió que en el recibo de la luz se han cometido “abusos" que condujeron a anteriores Gobiernos a "meter todo en el recibo" y aprobar partidas "sin ningún tipo de control", aprovechando una ley "suficientemente amplia y ambigua”.
Los denunciantes reprochan a Nadal, no haber dicho ni una palabra sobre los 3.400 millones cobrados en exceso por las compañías, "una cantidad que, por sí sola, hubiera evitado gran parte de las medidas retroactivas impulsadas por este Gobierno".
Pero la agitación no es sólo del sector de renovables. Las asociaciones de energías renovables Anpier, Appa, Protermosolar y Unef han exigido al Gobierno que se lleve a cabo una auditoría independiente en profundidad de todos los costes que inciden en la factura eléctrica.
Desigualdad
Las cuatro asociaciones consideran que, hasta el momento, todas las medidas de ajuste han recaído en los costes regulados, mientras que los costes de la energía, los que marca el mercado y representan el 50% de la factura de la luz, no han sufrido ningún recorte.
También solicitan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que las primas a las renovables se trasladen al término de energía, para evitar perjuicios al consumidor por peajes más elevados. "No puede ser que todos los ajustes se realicen sobre costes regulados y no se analice en profundidad el irregular funcionamiento del mercado y de los mal llamados costes liberalizados", añaden.
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Las organizaciones rechazan que las renovables sean responsables del déficit de tarifa, y responden al secretario de Estados de Energía, Álvaro Nadal, que el déficit se genera por la falta de competencia en el mercado eléctrico y la excesiva retribución de grandes instalaciones (nucleares y grandes hidráulicas) ya amortizadas.
La cuestión de las ayudas cobradas por las eléctricas no sólo ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción. También está en el Congreso. La portavoz de Energía del grupo de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno para que aclare qué ha sucedido con los 3.400 millones.
El informe que elaboró en su día la Abogacía del Estado, enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en junio de 2008, calculaba que las empresas habrían cobrado ese dinero de más sin que ningún Gobierno lo hubiera reclamado. Y en 2010, el asunto, y por tanto la posibilidad de reclamar el exceso pagado, habría prescrito.
