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REFORMA ENERGÉTICA

Montoro y Soria vuelven a chocar por el traspaso de costes eléctricos a los presupuestos

José Manuel Soria

El rey Salomón logró fama por resolver un juicio de forma chapucera pero efectiva: ante de la reclamación de un bebé por dos supuestas madres, el rey amenazó con partirlo por la mitad. Salió bien. El silencio delató a la falsa madre. En el sector eléctrico, también se piensa en particiones. E

n concreto, Industria piensa en cómo distribuir los 4.000 millones de desfase que registra el sistema eléctrico porque los costes que se reconocen a las empresas por producir electricidad (22.000 millones) exceden de lo que ingresan por las tarifas que pagan los usuarios (18.000 millones).

Desde 2000, el déficit ha llegado a sumar 36.786 millones. A cierre de 2012, 26.671 millones estaban "vivos", pendientes de cobro, según datos de la patronal eléctrica Unesa. En abril de este año, el défcit superó la barrera de los 28.000 millones. Sólo en 2012, el ejercicio cerró con un déficit superior a los 5.600 millones.

La pelea por el reparto de los sacrificios ha vuelto a enfrentar al ministro de Industria, José Manuel Soria, con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Soria anunció que se había alcanzado un acuerdo para traspasar parte de los costes del sistema eléctrico a los Presupuestos Generales de 2014 y Montoro lo negó inmediatamente. En 2012, ambos departamentos también mantuvieron un pulso a cuenta de los impuestos para el sector eléctrico.también mantuvieron un pulso

La pugna forma parte de la anunciada reforma del sector eléctrico, muy polémica porque se produce en un contexto de fuerte caída de la demanda (3,8% de descenso en el primer semestre, según datos de Red Eléctrica de España), sobrecapacidad (una cuarta parte de la potencia instalada funciona al 10% de su capacidad) y críticasRed Eléctrica de España) por los fuertes recortes aplicados a las primas a las energías renovables.

Usuarios y contribuyentes

El enfrentamiento entre Hacienda e Industria se produce porque no hay mucho donde elegir a la hora de repartir la carga y los recortes. Por un lado están las empresas y por otro están los usuarios y los contribuyentes. Con el pequeño detalle de que los usuarios y los contribuyentes coinciden prácticamente. Así que, para el grueso de los ciudadanos, el debate se centra en cuánto tendrán que pagar cómo usuarios y cuánto como como contribuyentes. 

Industria, que ha trabajado la nueva reforma con mucho secreto, quiere repartir las cargas de la forma más amplia posible. De los 4.000 millones de agujero que el sistema genera cada año, Soria planea un reparto entre usuarios (en torno a 300 millones), empresas tradicionales (400-500 millones en recortes a la distribución de electricidad), empresas de renovables y cogeneración (más de 800 millones). El resto, más de 2.000 millones, iría a parar a los Presupuestos.

"El reparto" sostiene el ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis "es una prueba de que el Gobierno no tiene dignóstico ni modelo energético". Para Fabra, el trasalado de costes a los Presupuestos Generales, es "un error, porque los impuestos deben ir a sufragar gasto social". Hacienda ya autorizó un crédito extraordinario para financiar el agujero eléctrico en 2013 de 2.200 millones de euros.

Vigilancia de Bruselas

Pero la situación apremia. Bruselas no quita ojo a un sector, el energético, metido en más problemas de los que puede abarcar. El primero de ellos son los 28.000 millones de déficit acumulados desde 2000. La asociación patronal eléctrica Unesa, ha advertido con mucha intención, de que el déficit del sector se aproxima al rescate bancario (41.000 millones) que autorizó Bruselas.

Es una significativa asociación de ideas para un problema que el presidente de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, muy crítico con el desarrollo de las renovables, ha calificado de "cuestión capital" para las empresas y para la economía.

La Comisión Europea, por su parte,ha tomado nota de las quejas de los productores de energías renovables, especialmente fotovoltaicos. Las empresas de renovables han sufrido recortes de las primas por importe de 4.000 millones en los últimos años y  amenazan con judicializar las decisiones de Industria porque, según sostienen, tienen efectos retroactivos.

La reforma cocinada por Industria en el sector eléctrico, que ha sufrido media docena de retoques en menos de dos años, trata de que el país deje de ser una excepción mundial, como señalaba la consultora PwC en un informe, donde los usuarios deben más cuanto más pagan.

Ingresos y gastos

Para ello hay que aproximar ingresos y gastos y asegurar que, si se producen desvíos, haya mecanismos que garanticen una solución rápida. Las primeras medidas serán, por lo tanto, de recorte de los costes que se reconocen a las empresas.

Y habrá subida de tarifas. Estarán acompañadas, probablemente, de una bajada de los límites que ahora permiten a la mayoría de los hogares buscar refugio en la tarifa , Esos límites están ahora en los 10 kV de potencia contratada. límites Por encima de esa potencia, hay que contratar en el llamado mercado liberalizado, en el que reinan las empresas.

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La reforma anunciada para esta semana tomará forma de Real Decreto Ley, un proyecto de ley y varios reales decretos. Entre otros asuntos, los decretos posibilitarán que la central nuclear de Garoña, cuyo cese de actividad ha sido publicado en el BOE, vuelva a solicitar una licencia de funcionamiento.

El de Garoña no es el único tema polémico. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la contratación de políticos notables por parte de las grandes compañías energéticas y ha denunciado también el cobro excesivo de 3.400 millones en ayudas públicas entre los años 1997 y 2006. Según la Plataforma, ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ni el gobierno de Mariano Rajoy reclamaron el exceso cobrado por las eléctricas.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) asegura que ese exceso de ayudas cobradas por las eléctricas ha supuesto un perjuicio de más de 300 euros por familia. La cuestión ha llegado también al Parlamento en forma de pregunta escrita al Gobierno de Iniciativa per Catalunya Verds.

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