El cambio en la supervisión de los mercados dificulta sancionar al sector del automóvil

Ha sido todo un aldabonazo pero puede quedar en sólo eso, ruido. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha acusado prácticamente a todo el sector del automóvil,Comisión Nacional de la Competencia (CNC) fabricantes y distribuidores incluidos, de burlar las reglas de la competencia. La acusación, que niegan de plano los afectados, es fuerte. Teóricamente, la máxima sanción a que podría dar lugar si se probaran los hechos sería el 10% de la facturación del ejercicio anterior al que se impusiera la multa: euro arriba, euro abajo, 3.600 millones de euros sólo en el caso de los fabricantes.

El anuncio de Competencia se produjo apenas unas horas antes de que el Congreso de los diputados aprobara el nombramiento de los diez consejeros del nuevo superregulador (la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, CNMC) llamado a sustituir a ocho organismos supervisores, entre ellos, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Tanto el presidente de la actual Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Joaquín García Bernaldo de Quirós, como el presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo, han sido muy críticos con la decisión del Gobierno de crear el superrgulador.

En un adelanto de lo que puede pasar con el expediente recién abierto a los fabricantes de automóviles, García Bernaldo de Quirós ha advertido que muchos de los expedientes que tiene en marcha su organismo podrían ser paralizados. Por su parte, el presidente de la CMT calificó el proceso de creación del nuevo regulador como "traumático".

También las petroleras

Si se cumplen las previsiones de Competencia, investigaciones como las abiertas a las petroleras por supuesta concertación de precios o la más reciente al sector del automóvil pueden quedar en simple anécdota. Porque la nueva comisión va a estar muy atareada repartiendo funciones y trabajo entre las cuatro direcciones generales en las que se va a dividir. Competencia, Energía, Transportes y Telecomunicaciones.

Todo estará en marcha este mes. La Comisión de Economía del Congreso, con la abstención del PSOE y de UPyD, que vetó a las tres candidatas nombradas por el Gobierno (María Fernández, Clotilde de la Higuera y María Ortiz) ya ha dado luz verde al consejo de 10 miembros que encabezará el vocal del Banco de España, José María Marín.

Los diez miembros del pleno tendrán mandatos de seis años improrrogables. Su renovación se producirá parcialmente, por lo que en la primera sesión se determinará, voluntariamente o por sorteo, qué tres consejeros cesarán a los dos años y cuáles a los cuatro. Entre ellos no podrán estar ni el presidente ni el vicepresidente.

La UE ha obligado a reformar el proyecto inicial porque, según advirtió la comisaria europea Neelie Kroes, el plan no respetaba la independencia del regulador en materia de telecomunicaciones.

Detrás de los recelos de la UE está el riesgo de que el Gobierno controle, vía nombramientos en los supervisores, el funcionamiento de sectores clave de la economía. Es lo que se denomina “captura del regulador”. De alguna forma, ese riesgo es lo que destacaba el Tribunal Supremo en sentencia del 3 de diciembre, al criticar el intento de los grandes partidos, PP y PSOE, de llenar de funcionarios de libre designación el Tribunal de Cuentas con el consiguiente riesgo de politización.

Sector exportador

La gran pregunta es ¿se atreverá el nuevo organismo a continuar las pesquisas en un sector como es el del automóvil, que tira de lo que más preocupa ahora al Gobierno, las exportaciones, puntal de la recuperación? La absoluta calma con la que la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se ha tomado el anuncio de expediente es un indicio. La asociación, simplemente, no hace comentarios.

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Lo cierto es que el sector del automóvil es fundamental para la economía española. Lo resaltaba esta misma semana en una entrevista en Financial Times el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guiindos ponía como ejemplo de la recuperación de la economía al sector del automóvil que "está trasladando una parte importante de su producción, no sólo de Europa, sino también de Asia, a las fábricas españolas".

Con el superrregulador controlado, será difícil que el Gobierno admita acciones ejemplarizantes contra un sector tan importante. El sector de automoción (no sólo fabricantes) supone en facturación, según datos del Icex, un 6,1% del producto interior bruto (PIB), emplea al 8,7% de la población activa y representa el 17,6 de las exportaciones.

Son las cifras que han convertido a España, con 17 plantas de producción y nueve grandes compañías en el segundo productor europeo de vehículos (primero en vehículos industriales) y el noveno mundial. Por eso el sector está tranquilo a pesar de que la investigación ha sido profunda y ha llegado incluso a la empresa que provee los sistemas informáticos más habituales en la conexión entre fabricantes y concesionarios.