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SEGURIDAD SOCIAL

El grueso del recorte en pensiones carga sobre la pérdida de poder adquisitivo

El grueso del recorte en pensiones carga sobre la pérdida de poder adquisitivo

El Gobierno reconoce que las pensiones perderán poder adquisitivo cuando se aplique la reforma que está preparando, pero no lo dice así en el anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros: calcula que la “reducción de los desequilibrios de la Seguridad Social” resultante se “estabilizará en torno a los 5.000 millones de euros anuales entre 2019 y 2022”. Esa cifra equivale al 5% del gasto actual en pensiones, que roza los 116.000 millones.

Esa rebaja será consecuencia de aplicar el factor de sostenibilidad, una fórmula que ajusta la pensión inicial de un jubilado a la esperanza de vida, por un lado, y el índice de revalorización, otra fórmula matemática que sustituirá a partir de 2014 al IPC. En todo caso, según los cálculos que figuran en la memoria económica del anteproyecto, la mayor parte de esos 5.000 millones anuales procederá de la aplicación del índice de revalorización; es decir, de la pérdida de poder adquisitivo que éste va a infligir a las pensiones, no del factor ligado a la esperanza de vida.

Y es así porque la aplicación del factor de sostenibilidad no se producirá hasta 2019 y, como reconoce el anteproyecto, no supondrá ahorro alguno hasta 2030. Entonces, además, será sólo del 0,1% del PIB, unos 1.000 millones de euros. En 2050, prevé el Gobierno, llegará al 0,6% del PIB, 6.000 millones.

800 millones de recorte el próximo año

Con el índice de revalorización, las proyecciones del Ejecutivo no llegan tan lejos, se detienen en 2022, para cuando la reducción de la factura de las pensiones encogerá ligeramente, hasta 4.931,25 millones. Entonces, la rebaja por el factor ligado a la esperanza de vida será aún igual a cero. Todo el ahorro hasta 2030 se fía, pues, en lo que se ahorre el Estado al aplicar el índice que va a sustituir al IPC el próximo año.

Ese índice se calculará cada año teniendo en cuenta los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Su aplicación a todos los pensionistas producirá una rebaja del gasto anual de 809,6 millones de euros en 2014, que se duplicará en 2015 –1.639 millones– y crecerá hasta alcanzar los 5.234,13 millones en 2020. Hasta 2022, el ahorro casi llegará a los 33.000 millones.

Los sindicatos, la oposición y los expertos que rechazan el doble mecanismo de ajuste de las pensiones acusan al Gobierno de pretender resolver un problema coyuntural, la caída de los ingresos por efecto del aumento del paro, ejecutando reformas estructurales en la Seguridad Social. Y le recriminan que utilice a los pensionistas para cumplir los objetivos de reducción del déficit público. El anteproyecto de ley hace referencia, una y otra vez, a los “riesgos económicos de carácter estructural” que amenazan al sistema, y destaca que “el factor con más incidencia en el gasto de pensiones”, es su revalorización, que desde 1997 se calcula según el IPC. “El 27% de la nómina de las pensiones se paga” por este concepto, asegura el documento, una cifra que ya ha esgrimido la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Hasta 2022

Según lo ha diseñado el Gobierno, el índice de revalorización tendrá un suelo del 0,25% para las épocas de recesión, y un techo del IPC+0,25% para las de bonanza. No podrán subir menos del primer porcentaje ni más del segundo. Lo que sirve al Ejecutivo para asegurar que “las pensiones no bajarán nunca”. Pero perderán poder adquisitivo siempre que la inflación, el nivel de vida, supere cada año ese suelo. El año pasado, el IPC alcanzó el 2,9% y éste ya asciende a un 1,5%.

La memoria económica reconoce igualmente que sólo a partir de 2022 las pensiones alcanzarán “cuantías próximas al límite superior”, al techo del IPC+0,25%. En otras palabras, habrá que esperar nueve años para que el país se recupere: entonces la buena salud del sistema de la Seguridad Social, fruto de la mejora económica y reflejado en la fórmula, obligará a aplicar el tope superior. “En consecuencia, el ahorro alcanzado hasta dicha fecha tenderá a estabilizarse o incluso disminuir”, concluye.

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Información para que el ciudadano decida

El pasado viernes CCOO y UGT criticaron la existencia de “elementos discrecionales” en las fórmulas, que deberá definir el Gobierno de turno. Por el contrario, Báñez las había presentado como un “mecanismo automático” inmune a las “decisiones políticas”. En el anteproyecto se ha reducido sólo uno de esos elementos: un coeficiente utilizado en el índice de revalorización cuyo valor se ha aumentado. El resto, básicamente el uso de proyecciones y estimaciones, se mantiene intacto.

Tanto la esperanza de vida que servirá para calcular el factor de sostenibilidad –el recorte que desde 2019 se aplicará a la pensión inicial del trabajador nada más jubilarse–, como el valor de las variables que se utilizarán para índice de revalorización se harán públicas cada año. Según el Gobierno, se trata de que los ciudadanos “tengan una imagen correcta de lo que el sistema de pensiones puede pagar por sí mismo y puedan adoptar, en caso de considerarlo necesario, decisiones correctamente informadas”decisiones.

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