El Gobierno reparte 668 millones en incentivos discrecionales a funcionarios

El Gobierno pagará 667,8 millones de euros en 2014 en productividad y gratificaciones a los funcionarios, casi 10 veces más de lo que le cuestan al Estado las retribuciones de los altos cargos, sólo 68,3 millones. Estos “incentivos al rendimiento”, el epígrafe bajo el que se consigna esta partida en los Presupuestos del Estado, premian “el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias” así como el “interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo”. Y, al menos en teoría, se decide quién los cobra según parámetros “objetivos”, relacionados con el tipo de puesto, su desempeño y con “el grado de participación en la consecución de los resultados y objetivos asignados”. En la práctica, sin embargo, según no se cansan de denunciar los sindicatos, se reparten de forma arbitraria, “graciable y sin criterio”.

Más de la mitad de la cantidad presupuestada para el año próximo se lo llevará el Ministerio del Interior –369,18 millones–. En el ránking le sigue Defensa –156,93 millones–. Ambos son también los dos departamentos con mayor número de empleados: 205.118 y 160.472, respectivamente. Detrás se sitúa la Seguridad Social, con 133,64 millones de euros, pero con una plantilla muy inferior: 30.000 trabajadores. Descontados estos tres, el campeón de los incentivos es Hacienda y Administraciones Públicas, que en 2014 repartirá 46 millones entre sus funcionarios. Y eso sin contar con los 81 millones de euros que destinará la Agencia Tributaria a premiar a sus 26.151 trabajadores.

Con 48.227 empleados, casi la misma nómina que, por ejemplo, el Ministerio de Empleo –46.227– el departamento de Cristóbal Montoro distribuye en productividad y gratificaciones más de dos veces y media lo que el de Fátima Báñez –17,3 millones–: 13,2 millones para la Secretaría de Estado de Presupuestos y otros 12,82 millones para los servicios generales del ministerio son las dos partidas más abultadas. La Agencia Tributaria, con la mitad de plantilla, paga casi cinco veces más en incentivos al rendimiento.

Estos complementos los reciben casi todos los funcionarios; la polémica está en que sus cuantías son muy dispares. Según ha denunciado CCOO, algunos de los incentivos rozan en Hacienda los 60.000 euros anuales para funcionarios de nivel 30, el más elevado. Hay que tener en cuenta que el sueldo base de esos trabajadores es sólo de 13.308 euros al año. En la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, llegan a los 36.000 euros, asegura el sindicato.

Arbitrarios y opacos

En todo caso, el portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, César Pérez, destaca que sólo en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social la adjudicación de la productividad se lleva a cabo con criterios que podrían asimilarse a los utilizados en las empresas privadas, “objetivos, medidos, concretos”. Otro tanto puede decirse de la Dirección General de Tráfico, donde se premia según el número de multas, por ejemplo. En el resto de la Administración, por el contrario, lo habitual es la opacidad. A las denuncias de CCOO, trasladadas por UPyD al Congreso, el Ministerio de Hacienda contestó el pasado mes de julio negándole cualquier información sobre la cuantía de estos complementos salariales. “Son datos de carácter personal”, alegaba Montoro en una respuesta escrita a la diputada Rosa Díez.

“Hemos pedido los listados de productividad sin incluir los nombres, pero nos los niegan sistemáticamente”, se queja Gabriel Santiago, secretario general de la sección sindical de UGT en Interior.

Tanto CCOO como UGT destacan, además, otra arbitrariedad. La partida de incentivos apenas varía de un año a otro –en el proyecto de Presupuestos ha crecido sólo un 0,04% respecto a 2013–, pero cada vez se reparte entre menos trabajadores: al año se jubilan unos 5.000 funcionarios y las plantillas están congeladas por culpa de la crisis y los recortes del gasto público. Como resultado, la edad media en Hacienda, asegura CCOO, es ahora de 53 años. Los sindicatos sospechan del criterio de distribución de esas cuantías y aseguran que las mayores cantidades se las llevan los puestos más elevados.

Es más, el Presupuesto incluye en su apartado de “imprevistos y funciones no clasificadas” una partida de 281,37 millones de euros en concepto de “retribuciones complementarias”, así como 782.100 euros en incentivos al rendimiento. En este último caso se trata de compensaciones por participar en “programas de calidad”. “Son experiencias piloto para evaluar el desempeño de los funcionarios en sus puestos”, explica César Pérez, “pero desconocemos cuál es el resultado de esas evaluaciones”. El representante de CCOO no duda en calificar esa partida de “comodín”: unas cantidades que al acabar el año se reparten sólo entre los niveles 28 a 30, los puestos más altos de la Administración”.

Más personal de confianza que de alta dirección

Un capítulo de gasto considerable es el del personal de confianza, que no son funcionarios sino contratados según el criterio de los gestores de cada ministerio u organismo y que cambian cada legislatura. Muchos de ellos gastan más dinero en estos contratos que en altos cargos, cuyo sueldo está fiijado por ley. Es lo que ocurre en Hacienda, Interior, Empleo, Educación, Industria, Presidencia, Economía, el Consejo General del Poder Judicial…

De hecho, si se excluye la partida que los Presupuestos destinan a pagar a diputados y senadores, nada menos que 34,37 millones de euros de un total de 66,58 millones –más de la mitad–, la factura de estos cargos de libre designación en la Administración supera en 3,25 millones a la de los altos cargos. Se considera alto cargo a los directores generales, secretarios generales, subsecretarios y secretarios de Estado, delegados del Gobierno y los ministros.

Así, las Cortes Generales gastan 9,2 millones de euros en trabajadores de confianza, que en los Presupuestos aparecen bajo el epígrafe de “personal eventual”. Le sigue el Ministerio de Presidencia que, pese a ser el de menor plantilla de todos –sólo 3.710 trabajadores–, tiene contratados a 312 empleados de libre designación. La cifra es aún más destacable si se tiene en cuenta que 2.108 de sus trabajadores corresponden a Patrimonio del Estado, el BOE, el CNI, el CIS y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es decir, casi el 20% del personal que trabaja en el Ministerio de Presidencia son cargos nombrados a dedo. Sus nóminas cuestan a las arcas públicas 7,9 millones de euros.

En Hacienda, el segundo departamento con más trabajadores de confianza, 163 asesores, el gasto asciende a 6,18 millones. De esa cifra, el 84% se lo llevan los contratados de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado; es decir, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

En Industria son 54 personas –832.000 euros– y en Economía se quedan en 33, pero se les paga mejor –1,2 millones–.

Altos cargos

Atención aparte merecen los altos cargos, de los que hay 443 en la Administración central, la mitad que trabajadores de confianza –837–. Justicia es el ministerio que más paga por ellos, 14,23 millones. Son 132 personas, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. En esta lista no se incluyen ni los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas, que cuentan con su propio régimen retributivo.

El sueldo público más alto es el del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que percibe 130.152,62 euros al año. De ellos, sólo 26.448,38 euros corresponden a su sueldo, porque el resto se etiquetan como “otras remuneraciones” en los Presupuestos del Estado. El presidente del Tribunal Constitucional cobra sólo un poco menos: 129.271,46 euros. El del Tribunal de Cuentas, 112.578,34. Sus nóminas son, por tanto, muy superiores a la del presidente del Gobierno, que ingresa 78.185,04 euros anuales, o a la de cualquier ministro, que sólo recibe 68.981,88 euros.

Tras Justicia, pero a considerable distancia, el ministerio que más gasta en su personal directivo es, Hacienda, con 2,56 millones para un total de 53 altos cargos. Los 29 altos cargos de Presidencia cuestan 1,47 millones de euros al año.

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El sueldo congelado de los funcionarios

Estas cifras quedan muy lejos de las que reciben el resto de los funcionarios. Su nómina se compone de un sueldo base que, dependiendo de su nivel y grupo puede variar entre 6.581 y 13.308 euros al año. A esa cantidad se le añaden los trienios, según su antigüedad –entre 161,64 y 511,80–; el complemento de destino –entre 1.101 y 11.625 euros anuales–, ligado al grupo profesional, y el complemento específico, que retribuye las particularidades de horario, jornada u otros de cada puesto de trabajo. Este plus oscila entre 100 y 900 euros. Después, deben sumarse el complemento de productividad, cuya cuantía y destinatario decide cada jefe, y, finalmente, las gratificaciones, que premian trabajos extraordinarios.

Estas cantidades se refieren únicamente a los funcionarios. El personal laboral cobra entre 13.698,02 y 26.733,28 euros al año, con trienios mensuales de 25,50 euros. Todas estas cantidades llevan congeladas cuatro años.