Los parados que llevan más de cuatro años sin trabajar se duplican desde 2009

El 13,5% de los parados llevan más de cuatro años sin trabajar, más del doble de los que había en 2009. Las probabilidades de que uno de estos desempleados encuentre un trabajo se reducen ahora al 6,4%, la mitad que tenía hace cuatro años. Según las cifras del VI Barómetro del Mercado de Trabajo elaborado por la Fundación Sagardoy, el grupo más numeroso de parados, el 18,1%, corresponde a aquéllos que llevan sin trabajar entre dos y cuatro años. Sus probabilidades de cambiar de situación son sólo del 9,3%, cuatro puntos menos que en 2009. Si se suman ambos tramos, resulta que uno de cada tres desempleados lleva más de dos años en el paro.

Estas cifras avalan el avance del paro de larga duración en España –en principio quienes sólo llevan más de un año sin trabajar– y su conversión en un problema estructural. Según la última Encuesta de la Población Activa (EPA), son ya 3,45 millones quienes se encuentran en esta situación, casi el 50% de los desempleados.

Se trata de uno de los datos del barómetro que elabora el despacho de abogados laboralistas Sagardoy, que constata una “desaceleración de la destrucción del empleo” durante los tres primeros trimestres del año, aunque también precisa que ésta “no ha venido acompañada de una recuperación de la tasa de ocupación”. Según sus cálculos, los contratos indefinidos han crecido “levemente”, pero el contrato de apoyo a los emprendedores, creación estrella de la reforma laboral, “no termina de asentarse”, admite Jesús Mercader, director del Instituto para las Relaciones Laborales y Empleo (IRLE), de la Fundación Sagardoy.

El uso de este tipo de contratos, que establece un periodo de prueba de un año y está subvencionado, se concentra básicamente en empresas de menos de 25 trabajadores; es decir, en las más pequeñas, destaca Mercader. Sin embargo, “la incertidumbre respecto al futuro aumenta el miedo del empresario a contratar empleados fijos”, explica el presidente del IRLA, Juan Antonio Sagardoy, su escaso éxito. El hecho de que las subvenciones percibidas dependan de que se mantenga al trabajador durante al menos tres años termina pesando más que permitir su despido sin indemnización al cabo del año de prueba, asegura Mercader. Aun así, cree que su extensión al empleo a tiempo parcial puede ser un estímulo para se firmen más contratos de este tipo.

En todo caso, Juan Antonio Sagardoy no es partidario de subvencionar la contratación. “Es un autoengaño”, replica, “eso no es crear empleo, sino utilizar un método soviético”. Por el contrario, propone liberar del pago de las cuotas a la Seguridad Social durante un tiempo a los empresarios que saquen del paro a un trabajador. Y le ofrezcan un contrato indefinido. “En lugar de pagar la Seguridad Social al desempleado, que es una partida perdida, deberían buscarse fórmulas para que se le descontara al empresario que lo contrate”, invitó.

"Es peor la intervención judicial en los despidos colectivos"

Sagardoy, cuyo despacho ha participado en algunos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de mayor volumen de la crisis, se quejó también del excesivo “rigor” con que los jueces están interpretando la ley en los despidos colectivos. “Siempre he creído que era mejor el sistema anterior, la autorización administrativa previa, pero había un clamor empresarial en contra, que no entiendo, y ahora lo que hay es intervención judicial”, explica. “Yo prefiero la administrativa porque no hay nada peor que judicializar las cosas”.

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A su juicio, sólo el incumplimiento de requisitos formales “fundamentales” debería provocar la nulidad de un despido colectivo. La reforma laboral, en cambio, impone la nulidad si no se cumplen toda una serie de formalidades, desde la entrega de la documentación pertinente a los representantes de los trabajadores hasta el respeto de los plazos de negociación o la redacción de las cartas de despido.

Los empresarios se quejan del protagonismo que han adquirido estos formalismos, que el Ministerio de Empleo defiende como garantía de la legalidad del proceso. El 50% de los despidos colectivos que son impugnados en los tribunales terminan siendo anulados o declarados improcedentes por los tribunales. Juan Antonio Sagardoy lamenta que los jueces se apoyen en estos requisitos formales para “defender los derechos de los trabajadores, que son una de las partes del proceso”.

Basándose en las cifras de su Barómetro, el abogado dice ser “optimista respecto al empleo”, aunque también considera “desesperante la lentitud del proceso de crecimiento”.