CCOO y UGT quieren que el salario mínimo suba un 35% hasta 2018

CCOO y UGT ha pedido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre un 35% y un 39% en los próximos cinco años, de forma que en ese plazo se acerque a la cuantía fijada en la Carta Social Europea: el 60% del salario medio neto, unos 900 euros en España. Los sindicatos también reclaman que se cree un mecanismo de actualización automática del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) “similar” al que, hasta ahora, ligaba las pensiones al IPC.

El IPREM se utiliza como referencia para calcular y conceder todo tipo de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Se creó en 2004 para desligarlo del Salario Mínimo. Ha crecido mucho menos que éste y se sitúa en 532,51 euros. Lleva congelado cuatro años. Para el próximo ejercicio, el proyecto de Presupuestos vuelve a dejarlo sin subida. Sobre el SMI el Gobierno aún no ha adoptado una decisión. Fue congelado en 2011 y 2012 y este año aumentó un 0,6%, hasta los 645,30 euros.

Los sindicatos presentan ambas medidas no sólo como un “compromiso en defensa y protección de las rentas de los trabajadores, sino también como un compromiso con la recuperación económica”, explicó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Es decir, además de dignificar “el umbral salarial”, el objetivo es evitar que la devaluación de los sueldos siga “profundizando la caída del consumo y la inversión”.

“El SMI es la última barrera frente a la devaluación salarial”, resumió el número dos de CCOO, Ramón Górriz. Porque, aunque sólo son 215.305 personas las que cobran los 645,3 euros en que está fijado el SMI este año, esa cantidad es la referencia para determinar los sueldos en “sectores precarizados y para los contratos a tiempo parcial”. Y con la bajada de los salarios reales en los últimos años –10 puntos desde 2012, dijo Górriz–, el recorte de las pensiones que se avecina con la reforma del Gobierno y la caída continuada en la cobertura de las prestaciones por desempleo –17 puntos, precisó Ferrer–, el consumo se ha desplomado un 10% desde 2008 y la demanda interna amenaza con seguir en estado de coma una buena temporada.

Inflación negativa y estancamiento

De ahí que CCOO y UGT pidan al Gobierno “un compromiso estratégico, a medio y largo plazo” para evitar el “estancamiento” de la economía que adivinan a la luz de los datos anteriores y de la inflacióninflación de octubre: el primer mes en que el IPC marca una cifra negativa, el -0,1%, desde 2009.

A juicio de Toni Ferrer, no es más que el síntoma de la “grave enfermedad” que padece la economía nacional y de la que Ramón Górriz culpa a las políticas del Gobierno. Ambos destacaron el hecho de que de la bajada de los precios se excluya la subida de los bienes de primera necesidad, la enseñanza superior por la subida de las tasas universitarias y la vivienda por el traslado del déficit tarifario al recibo de la luz.

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De hecho, Ferrer y Górriz denuncian que tanto el Gobierno como los empresarios han incumplido el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) firmado a comienzos de 2012 que estableció una política de moderación salarial para afrontar la crisis. “Han cumplido los trabajadores y los sindicatos, que han pactado subidas salariales del 0,55% para este año, pero ni se han reinvertido los excedentes empresariales, ni se han topado los sueldos de los directivos ni se han controlado los precios de la Administración, el resto de los puntos de ese acuerdo”, les ha reprochado el dirigente de CCOO.

“La inflación negativa no significa que se recupere el poder de compra”, advirtió el número dos de UGT. Si a ello se le suma que, desde 2010, el SMI ha perdido un 5,8% de capacidad adquisitiva y que es de los más bajos de Europa, sólo por encima de Grecia y Portugal, los sindicatos consideran necesario su aumento, “escalonado”, “al compás del crecimiento de la economía”.

CCOO y UGT han cursado sus peticiones en sendas cartas a la ministra de Empleo. Pretenden que sean atendidas antes de que concluya la tramitación parlamentaria de los Presupuestos del Estado. Sin embargo, sus posibilidades de éxito son más bien limitadas. De hecho, el Gobierno ha aprobado una Ley de Desindexación, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC a partir de 2014 y crea un nuevo índice de referencia para el sector privado. Entre sus excepciones, la norma cita los salarios, las pensiones –en cualquier caso desligadas del IPC por la reforma en ciernes–, los impuestos y los instrumentos financieros. El objetivo de esta expulsión del IPC, aduce el Ejecutivo, es la estabilidad de los precios.