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DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

Tragsa rechaza poner como tope salarial a sus directivos el sueldo de Mariano Rajoy

  • Doscientos ejecutivos del grupo público cobran más de 78.185 euros al año
  • El 50% de la plantilla percibe menos de 20.000 euros brutos anuales
  • Las negociaciones del ERE, en situación de bloqueo a pocas horas de acabar el periodo legal de consultas
  • La empresa ofrece 28 días de indemnización para 450 despidos
  • Se niega a prejubilar a los mayores de 60 años

Publicada el 14/11/2013 a las 19:04 Actualizada el 14/11/2013 a las 19:46
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El presidente de Tragsa,  Miguel Giménez de Córdoba.

El presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba.

Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tragsa se encuentran bloqueadas a sólo unas horas de que acabe el periodo legal de consultas, esta medianoche. La empresa no quiere tocar los salarios de los directivos, una materia que considera competencia exclusiva suya. El comité propone marcar un techo en el sueldo del presidente del Gobierno, 78.185,04 euros al año, excluyendo de las rebajas a los cinco principales ejecutivos –presidente, secretario general, director de Recursos Humanos, Económico-Financiero y de Producción–. Pero el grupo público ni siquiera ha respondido, según explican fuentes de la negociación.

A diferencia de Tragsatec, la filial del grupo público que también negocia estos días las condiciones de su propio ERE, en Tragsa, con una cúpula directiva más abultada y con mejores sueldos, la empresa no ha ofrecido ningún recorte por arriba. Y en Tragsatec la propuesta fue muy tímida: de una partida de 17 millones de euros que se reparten en concepto de retribución por objetivos, sólo accede a rebajar 600.000 euros, a razón de 75 euros por cada 10.000 cobrados de ese complemento variable.

Según los datos sobre la masa salarial que la dirección ha facilitado a los representantes sindicales, de los 504 trabajadores ubicados en la sede madrileña de Tragsa, 200 son directivos. El coste medio del personal en ese centro de trabajo es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa –otras cinco unidades territoriales– no supera los 35.000.

Sin embargo, los despidos apenas van a tocar a los altos cargos. En Tragsa, en principio, sólo 22 de ellos iban a corresponder a ejecutivos. El grupo ha reconocido ante los sindicatos que desde 2009 hasta 2012 ha reducido un 70% la plantilla, entre fijos y eventuales, pero únicamente un 9% el organigrama.

Menos de 1.000 euros al mes

Por el contrario, la dirección del grupo público sí pretende recortar los salarios del resto de la plantilla, aunque no ha precisado en qué cuantía. Los sindicatos señalan como línea roja intraspasable a los trabajadores que cobran menos de 20.000 euros brutos anuales –menos de 1.000 euros al mes–, y que suman la mitad de la plantilla. “Esos no se pueden tocar”, subrayan.

El pasado 13 de octubre el grupo Tragsa presentó el mayor ERE en una empresa pública hasta la fecha: 1.639 despidos. Tras una jornada de huelga, el pasado jueves, la empresa los rebajó a la mitad. Durante el día de hoy los casi 450 despidos previsto para Tragsa –en Tragsatec la cifra está, hasta el momento, en 399– se mantienen inamovibles. La empresa ofrece 28 días de indemnización por año trabajado, de los cuales seis están vinculados a un plan de empleo: el trabajador sólo los cobraría si la empresa de recolocación que se contrate no le consigue un empleo en un plazo de seis meses. La misma cuantía –28 días con un tope de 12 mensualidades– es la que se ofrece a las salidas voluntarias.

Sin apuesta clara por la flexibilidad interna

Respecto a las medidas de flexibilidad interna, destinadas en teoría a rebajar el número final de extinciones de contrato, la empresa también se muestra tímida, aseguran las fuentes consultadas. En las suspensiones de contrato rechaza la propuesta sindical de completar la prestación por desempleo que cobre el trabajador afectado hasta el 100% de su salario. Las reducciones de jornada que ofrece son del 12,5%, pero acompañadas de una mayor distribución irregular de las horas de trabajo. Y para los traslados sólo está dispuesta a pagar una compensación al trabajador del 10% de su salario y sin garantía de retorno al puesto de origen cuando haya una vacante o el negocio mejore.

Tampoco acepta la empresa la propuesta sindical para prejubilar a los empleados mayores de 60 años del sector productivo, los que mayor desgaste físico soportan. La dirección aduce el gasto adicional que supone esa medida. La llamada enmienda Telefónica obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a hacer una aportación al Tesoro Público equivalente a las prestaciones y cotizaciones que el Servicio Público de Empleo debe abonar hasta su jubilación a los mayores de 50 años despedidos. El escándalo que suscitó el ERE anunciado por Telefónica en abril de 2011 –6.500 despidos con 10.000 millones de ganancias– creó la norma.

Los sindicatos no entienden por qué se prohíben estas prejubilaciones en Tragsa cuando antes se ha permitido en la también pública Ineco, que ejecutó un despido colectivo para 390 trabajadores a principios de año, o en CatalunyaCaixa, una entidad financiera nacionalizada.

Las fuentes desconfían de las posibilidades de llegar a un acuerdo en las próximas horas si las posiciones se mantienen tal y como están a media tarde. “No nos cuantifican el ahorro que supondría ninguna de las medidas que proponen”, se quejan. El periodo de consultas para la filial Tragsatec termina mañana. Allí la empresa ofrece 20 días de indemnización para 399 despidos, un recorte del 0,75% de los sueldos de los ejecutivos y restringir las reducciones de jornada al 10% de la plantilla.

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