La huelga como arma contra las restricciones de la reforma laboral

El conflicto de la limpieza viaria de Madrid, que ha tumbado un ERE con 1.134 despidos, es una rareza en el panorama laboral de la crisis. Sí resultan tristemente habituales los despidos colectivos, con cifras de tres y cuatro dígitos, pero lo son mucho menos las negociaciones, y las huelgas, que llevan a las empresas a dar marcha atrás en una medida que siempre se presenta como inevitable. También pone en evidencia los estrechos márgenes que ha dejado la reforma laboral para negociar las condiciones de trabajo en las empresas.

Prueba de ello es el aumento de la conflictividad desde que se aprobó, en febrero de 2012. Según las estadísticas del Ministerio de Empleo, el año pasado hubo 878 huelgas y se perdieron 1,29 millones de jornadas de trabajo. Sin contar las dos huelgas generales y la huelga de la enseñanza del 22 de mayo, el aumento fue del 11,5% en el número de paros, pero del 31,7% en el número de trabajadores participantes y nada menos que del 62,4% en el número de jornadas de trabajo perdidas.

En lo que va de año –Empleo sólo publica datos hasta julio–, se han llevado a cabo 666 huelgas, un 30,3% más que en el mismo periodo de 2012, con un crecimiento también del 38,6% en la cifra de trabajadores participantes –242.288– y un aumento del 10,3% en la de jornadas de trabajo perdidas –599.262–. Además, mientras en 2012 sólo el 15% de los conflictos tenía su origen en la negociación colectiva, entre enero y julio de este año son ya el 53%.

Los márgenes del acuerdo

Pese a que la ministra de Empleo. Fátima Báñez, destaca siempre el alto porcentaje de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cuyo periodo de consultas termina con el acuerdo de la empresa y los representantes de los trabajadores, lo cierto es que desde febrero de 2012 se han disparado las demandas judiciales, por un lado, y la conflictividad laboral, por otro. Así, los juzgados de lo Social están atascados: han aumentado un 25% las demandas por despido. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional vio en 2012 un 50% más de asuntos que el año anterior.

“La reforma laboral ha aumentado el poder de los empresarios”, se queja el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Tanto los despidos colectivos como las llamadas medidas de flexibilidad interna –suspensiones de contrato y reducciones de jornada– y las modificaciones de condiciones de trabajo –salarios, jornada– se negocian con los representantes sindicales durante un “periodo de consultas” –un mes en las empresas más grandes–. Pero tales medidas se aplican aunque los trabajadores no las aprueben. Lo permite la ley. Los empresarios ya no tienen que solicitar autorización a la Consejería de Trabajo autonómica o al Ministerio de Empleo.

En consecuencia, se ha reducido el margen de maniobra de los comités de empresa. La negociación, que ahora sólo es “consulta”, se limita pues a intentar reducir el número de despidos o la cuantía de la rebaja salarial. Si no hay acuerdo, pueden acudir a los sistemas de mediación y arbitraje. Después, a los jueces, pero con la medida ya aplicada. O a la huelga, como ha sido el caso de la limpieza viaria de Madrid, para evitar que se tome la decisión.

Además, rara vez las medidas de flexibilidad impiden los despidos. Lo normal es que los acompañen. Reducir el contador a cero, como han conseguido los trabajadores de la limpieza de Madrid, es un caso para la historia.

“Desde siempre los empresarios han intentado desmantelar el Estatuto de los Trabajadores”, advierte el secretario de Comunicación de CCOO, “pero nunca se habían encontrado con una situación como la actual, donde la crisis es la gran coartada”.

Los elementos del caso

En el caso de la huelga de Madrid, se han unido varios elementos que explican el resultado final. Para Lezcano, en primer lugar, la “brutalidad” de las medidas que querían aplicar las concesionarias, FCC, OHL y Sacyr, tres de las mayores constructoras del país con beneficios multimillonarios. Un total de 1.134 despidos para una plantilla de 6.000 empleados y rebajas salariales de hasta el 40% para unos trabajadores con sueldos de entre 500 y 1.300 euros mensuales. Además, tras estas cifras se escondía la rebaja del presupuesto de licitación impuesto por el Ayuntamiento a las empresas, así como la polémica sobre la privatización del servicio. “Es un problema entre empresas y sindicatos”, esquivó la alcaldesa, “el servicio está externalizado”. De ahí que no pasara inadvertida la ironía de que Ana Botella terminara recurriendo a una empresa pública como Tragsa para intentar solucionar un conflicto que se le había escapado de las manos.

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Después, no hay que olvidar las consecuencias de una huelga indefinida que ha durado 13 días y cuyos efectos eran cada jornada más visibles y más dañinos, para la ciudadanía, para la imagen de la capital y para la credibilidad de los gestores municipales. Sorprendentemente, pese a las calles llenas de basura, la opinión pública no ha dudado en apoyar a los barrenderos.

En último lugar, la unidad de todos los sindicatos y de la plantilla hasta el último momento –lo que tampoco es norma: desde CGT hasta CSIF pasando por CCO y UGT–. “Ése es el camino a seguir”, invita Toni Ferrer. “La movilización y la lucha de los trabajadores”, destaca, “han puesto en evidencia que sí hay respuestas y soluciones para superar los estrechos márgenes que deja la reforma laboral”. Fernando Lezcano cree que las empresas juegan ahora con una ventaja añadida: en la actual coyuntura el miedo a perder el empleo retrae “comprensiblemente” a los trabajadores. La mala situación económica frena las protestas.

También en Panrico la empresa optó por un órdago. Primero anunció que iba a dejar de pagar sine die las nóminassine die a sus 4.000 trabajadores. Después, comunicó su intención de despedir a 1.900 empleados y recortarles al resto un 45% los salarios. Así que los sindicatos convocaron, también aquí, una huelga indefinida. La empresa llegó a amenazar con exigir responsabilidades por daños y perjuicios a los convocantes de los paros. Pero, a diferencia de la limpieza de Madrid, sus paros no tuvieron tanto éxito. Los trabajadores de Panrico, que se encuentra en preconcurso de acreedores, han terminado aceptando 745 despidos y una rebaja salarial del 18%. Todos menos los de la planta de Barcelona, que los rechazaron el domingo en votación. CCOO también se opone. El conflicto les ha servido a los empleados para enterarse de que sus directivos se habían subido el sueldo un 43% en el último año, mientras se gestaba la crisis. Las negociaciones del ERE continúan.