Hacienda complica el plan de Soria para recortar primas renovables a partir de enero

Hacienda ha sacado los colores al Ministerio de Industria por la forma en la que ha planteado el recorte a las primas de las energías renovables.recorte a las primas de las energías renovables. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al ministerio que dirige Cristóbal Montoro, ha suspendido la contratación de las consultoras Boston Consulting y Roland Berger.

Las consultoras debían examinar las inversiones realizadas por cada planta de producción de energía renovable y determinar el recorte de primas a aplicar a cada una de ellas conforme a los planes que maneja la secretaría de Estado de Energía.

La contratación de las consultoras, por alrededor de un millón de euros, la hizo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria. La suspensión del contrato, según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que planteó la reclamación, impedirá que la orden ministerial que debía concretar recortes a la retribución del régimen especial (1.500 millones de euros) pueda aplicarse el 1 de enero como pretendía Soria. 

Contrato a dedo

Anpier considera que el contrato con las consultoras privadas se hizo "a dedo" y con absoluta "falta de transparencia". La asociación ya había pedido sin éxito al IDAE una copia del expediente.

Pese a la suspensión del contrato, el IDAE, a través de una portavoz, precisaba ayer que el caso está "en trámite, pendiente de resolución". Sin embargo, el acuerdo del Tribunal, de fecha 20 de noviembre, firmado por la secretaria Maria José Rodríguez Matas, es muy claro: "Vistos los preceptos legales de aplicación, el Tribunal acuerda la concesión de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación (de Boston Consulting y Roland Berger), expediente número 12643.01.13..."

El recorte a las primas del régimen especial, según Industria, es fundamental para contener el déficit del sector eléctrico, que asciende a 26.000 millones de euros.déficit del sector eléctrico, Con un reconocimiento base de rentabilidad de en torno al 7,5% para los proyectos renovables, esos recortes deberían tener en cuenta la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación, entre otros criterios.

Para concretar esas variables, en una panoplia de hasta 350 casos (estándares) diferentes, el IDAE contrató a Boston Consulting y Roland Berger. Sus especialistas debían certificar los números en los que el IDAE venía trabajando desde febrero, según explican fuentes del sector de renovables. Ese trabajo es el que está en cuestión.

Pequeños inversores

Anpier, que defiende los intereses de 60.000 instalaciones fotovoltaicas, muchas de ellas de pequeños inversores, asegura que ahora se abren dos opiciones para Industria-IDAE: realizar una nueva licitación por vía de urgencia o liciitar sin publicidad ya que la cuantía del contrato lo permitiría, aunque en este caso, la jurisprudencia del Supremo extrema las cautelas sobre la pulcritud del proceso.

InfoLibre intentó recabar la opinión de Industria sin conseguirlo. En el sector de las energías renovables, la complicación a la que se enfrenta Industria tiene dos lecturas: una, positiva porque pone en evidencia los modos que aplica el Ministerio y otra, negativa, por lo que supone de aumento en la incertidumbre por la que atraviesa el sector.

"Se enmaraña más el procedimiento", explica el secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, porque "habrá retrasos, las instalaciones tendrán que cobrar y reliquidar cantidades (una vez se aprueben los recortes) y para ello será necesario aprobar más normas". Un lío.

Más complicaciones

Jorge Morales de Labra (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), ingeniero y empresario de renovables, explica gráficamente la complicación para el sector tras la suspensión de los contratos del IDAE y los previsibles retrasos: "Hasta que se apruebe el nuevo marco, las empresas seguirán cobrando lo estipulado en la legislación anterior". Desde julio, cuando se probó la reforma eléctrica, esa cantidad asciende a unos 5.000 millones de euros.

"Son cobros a cuenta", explica Morales. Eso significa que las empresas lo ingresan en caja pero no pueden considerarlo ingreso a efectos contables, con todo lo que ello conlleva. "Se alarga la situación de provisionalidad que vive el sector" asegura.

La agitación en el sector multiplica los recursos de afectados y también de las comunidades autónomas, que consideran invadidas sus competencias. Ayer, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sistema financiero.

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Dos semanas para personarse

La decisión del Tribunal Constitucional, recogida por Europa Press, "no suspende la norma recurrida", según informa el TC. Tras esta decisión, el Pleno del Constitucional ha dado traslado de la demanda al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Aclara finalmente que la admisión a trámite "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso", que el Tribunal analizará en próximas fechas.

El Constitucional ya ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PSOE, Murcia, el Parlamento de Navarra y la Diputación Foral en contra de los preceptos de la reforma energética acerca de la nueva retribución retroactiva para las renovables, incluidos en el real decreto ley 9/2013 con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.