La banca intenta salvar 22.000 millones comprometidos en huertos solares

La banca tiene comprometidos 22.000 millones en créditos al sector solar fotovoltaico. Dos tercios del total corresponden a bancos españoles y un tercio a bancos extranjeros, principalmente alemanes y japoneses. Los bancos españoles más expuestos en el sector son el BBVA, CaixaBank, Santander y Bankia. Entre los grandes, sólo el Popular se ha mantenido al margen del crédito a los huertos solares.

Todo ese río de dinero está en peligro. La nueva regulación amenaza con llevar a la quiebra 59.000 instalaciones de 60.000 inversores, según destaca la Unión Española Fotovoltaica (Unef, 400 empresas). Los bancos se aprestan para refinanciar los créditos bajo la atenta mirada del Banco de España y de Bruselas.

El momento es muy delicado. Las asociaciones del sector solar fotovoltaico, al que las eléctricas tradicionales acusan de provocar el agujero del sistema eléctrico (30.000 millones de euros), han trasladado al Banco de España el grave impacto que tendría en las cuentas de la banca el aluvión de quiebras que prepara el sector. Unef trasladó la advertencia al supervisor bancario antes del verano.

Masa de crédito

En conjunto, la banca ha prestado al sector de las energías renovables (solar, termosolar y eólico) en torno a 50.000 millones de euros. Es más dinero del que el sector recibió de Europa para evitar la quiebra (41.000 millones) y en esa masa de crédito destaca el concedido a los huertos solares: 22.000 millones que la banca intenta refinanciar. Equivalen a un 2% del Producto Interior Bruto (PIB) o, lo que es lo mismo, casi un año de pago de intereses de la deuda pública.

Los bancos intentan mantener los créditos vivos, refinanciándolos. "No quieren ni oir hablar de quitas", sostiene el director general de Unef, José Donoso. Ofrecen, según fuentes del sector, refinanciar los créditos, firmados en su día a un 4% o 6% de interés y a 15 años. Pero aumentan los intereses por encima del 10%, más comisiones y a plazos de 25 años.

"En esas condiciones —explica Donoso— los inversores acaban gestionando las plantas para el banco, que es consciente de que, si no refinancian y se quedan con los activos, no podrán venderlos".

Las advertencias coinciden con el fin de la tramitación de la reforma eléctrica en el Parlamento y con la espera de las órdenes ministeriales que la deben concretar. El sector fotovoltaico no espera buenas noticias. InfoLibre intentó, sin éxito, recabar la versión de Industria sobre la situación y las perspectivas del sector fotovoltaico. 

Camino a la quiebra

Donoso advierte de que "a partir de enero, habrá una cascada de solicitudes de concurso de acreedores entre los 60.000 inversores y 59.000 instalaciones" afectadas por la nueva regulación adelantada por el Ejecutivo para el sector. Esa nueva legislación prevé recortes en las primas y posibilidad de revisar y variar la retribución al sector cada cierto tiempo (tres años).

La rentabilidad prevista para las instalaciones renovables será durante el primer periodo retributivo de seis años, revisable a los tres años, de un 7,5% antes de impuestos, resultante de la evolución de los tipos del Tesoro, más un diferencial.

En función de los estándares que apruebe Industria, las plantas recibirán una retribución a partir de este 7,5% de rentabilidad, que se aplicará a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación, incluida la ya pasada.

"Cualquier retoque en un modelo que a 13-15 años ofrece una rentabilidad del 6% (tasa interna de retorno, TIR), es insostenible" sostiene Unef. El resultado: quiebras a miles. No es un amago. El proceso de concursos contará, entre otros, con el asesoramiento legal del bufete Watson, Farley, Williams, contratado por la asociación Unef.

La presión para que el Banco de España supervise, anote y controle la exposición de la banca al riesgo en el sector de las energías renovables es continua. 

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Otra asociación, Anpier (Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos), ha intentado, sin lograrlo, trasladar su preocupación al Banco de España. Públicamente, Anpier ha resumido así el estado de la cuestión: "los activos fotovoltaicos han perdido más de un 50% de su valor y los productores, asfixiados por los bancos, ni son recibidos por el Ministro de Industria, ni se les ofrece ninguna solución que les permita la viabilidad de unas plantas que fueron instaladas por 55.000 familias españolas que, animadas por el Estado, y con la garantía de un Boletín Oficial del Estado, hipotecaron sus propios hogares y ahora sólo gozan de la consideración de los fondos buitres, que pugnan por adquirir las instalaciones por el precio de su deuda".

El aluvión de quiebras y de demandas a partir de enero no va a pillar por sopresa al Gobierno. El Ministerio de Justicia, según publicó Voz Populi , ha creado una unidad dentro de su Departamento que se dedicará exclusivamente a preparar las argumentaciones jurídicas para defender al Reino de España de las demandas.

Según fuentes del Gobierno, esta unidad especial cuenta con un cuerpo técnico especializado que estará compuesto esencialmente por abogados del Estado y se coordinará con los Ministerios de Industria y Economía para orquestar un frente común en la batalla jurídica.