UGT pide ahora un vuelco en el “dinosaurio” de los cursos de formación

UGT cree que el modelo de formación profesional para el empleo se ha convertido en “un dinosaurio muy difícil de mover” al que hay que “dar la vuelta como a un calcetín”. Pero no porque se haya extendido la corrupción y la falta de control sobre los fondos que se destinan a los cursos. Sino porque se trata de un sistema tan “rígido” y “lento” que, por ejemplo, se diseñan cursos basándose en datos de empleo de hace dos años. O cuya fiscalización se realiza en las comunidades autónomas con un retraso también de dos ejercicios.

La secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz, asegura que el problema no estriba en que los agentes sociales sean “juez y parte” en el sistema de formación como dice el Gobierno: que diseñen, planifiquen y al mismo tiempo impartan los cursos. De ahí que el sindicato esté dispuesto a abandonar esta última actividad, tal y como plantea el Ministerio de Empleo con una reforma que quiere tener lista para el próximo mes de febrero.

CCOO coincide en que el sistema necesita una “revisión en profundidad”, teniendo en cuenta que ahora debe atender a seis millones de parados que no existían cuando se firmó el último acuerdo nacional de formación, que lleva prorrogado desde 2010. Como señala su responsable de Formación para el Empleo, Javier López, tampoco considera prioritario que el sindicato se encargue de impartir la formación.

La CEOE, en cambio, está en contra de abandonar la ejecución de los cursos. Es más, su presidente, Juan Rosell, pide más poder para las empresas en la formación. “Nosotros, que pagamos el 0,7% [la cuota de formación], tenemos que decidir de una manera mucho más potente de lo que lo estamos haciendo hasta la fecha y, por tanto, que quien paga tenga mayor posibilidad de mandar en este tema”, exige. De hecho, los empresarios “quieren estar mucho más involucrados”.

“Cuantos menos intermediarios, mucho mejor”, resume Rosell, quien asegura que los empresarios quieren un uso “perfecto, exquisito y absolutamente eficiente” de lo que se gastan en formación. Tras reclamar “todo tipo de controles” para que no se haga un mal uso de los fondos públicos, ha subrayado lo que él considera la “clave”: “Pagamos los empresarios, queremos controlarlo los empresarios”, informa Europa Press.

745 millones para formación a través de la Fundación Tripartita

Ese 0,7% de cuota al que se refiere Rosell es, en realidad, el 0,6%. El 0,1% lo pagan los trabajadores de su salario. En 2012 equivalió a 1.890 millones de euros que, sumados a los 100 millones aportados por el Fondo Social Europeo y a otros 165 millones aportados por el Estado suman los 2.155 millones de euros que repartió el Servicio Público de Empleo para formación. De ellos, el 56% –1.204,44 millones– se dedicó a formar desempleados y el 44% –918,87 millones– restante a ocupados.

La partida destinada a los parados se repartió entre el Plan Prepara –ayudas de 426 euros para quienes hayan agotado el resto de las prestaciones y sigan cursos de formación–, que se llevó 525 millones; las comunidades autónomas –el 52,56%, 746 millones– y el Estado –el 3,52%–.

La formación para ocupados se la reparten, a su vez, la Fundación Tripartita y el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas (INAP), que se lleva apenas el 7%. La Fundación Tripartita, en la que están integradas la patronal, los sindicatos y el Gobierno, gestionó en 2012 un total de 715 millones de euros. De esa cantidad, las empresas han recibido 560 millones, la suma de las bonificaciones recibidas por los cursos que imparten directamente. Además, la CEOE se hizo con 51 millones de euros para cursos de sus organizaciones, UGT consiguió 24,7 millones, CCOO otros 23,6 millones de euros y las organizaciones de autónomos y de la economía social, 11 millones más. Los centros de formación acreditados percibieron 38,5 millones y las fundaciones, 26 millones.

Según la memoria de la Fundación, con estas cantidades se han formado 3,5 millones de trabajadores.

UGT rechaza las sospechas que penden sobre el uso que los sindicatos hacen de los fondos públicos para formación asegurando que el SEPE los supervisa in situ: el 60% de los cursos fueron inspeccionados, asegura Muñoz. Además, explica la responsable de Formación del sindicato, UGT hace su propio seguimiento. Y reitera que están controlados por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas. Este último organismo inspeccionó el pasado mes las cuentas de 2010 tanto de la CEOE como de UGT y CCOO. Era una de las fiscalizaciones programadas para este año. El informe resultante no se conocerá hasta dentro de seis meses.

Alegaciones sindicales

Así que los sindicatos han contestado a los planes del Gobierno, desvelados por el diario El País, reclamando mayor control y garantías para la formación que imparten directamente las empresas y les bonifica el Estado, porque el Ministerio de Empleo no ha hecho “propuestas concretas” en este apartado durante la única reunión que han mantenido hasta el momento. También piden mayor protagonismo para los institutos públicos de Formación Profesional, “que tienen profesores formados, aulas acreditadas y espacios sin utilizar”. Y están a favor de que haya concurrencia para “todo lo que proceda de fondos públicos”.

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UGT y CCOO quieren que el diseño de la formación sea competencia exclusiva del Estado y que las comunidades autónomas se dediquen sólo a desarrollarlo. Además, el sindicato cree que debe tener carácter “permanente”, en lugar de hacerse una convocatoria de subvenciones cada ejercicio, como ocurre en la actualidad: “El sistema queda paralizado cada año a la espera de que se convoquen las ayudas”, se queja Muñoz.

Para Javier López, sería igualmente deseable que hubiera un vínculo mayor entre la formación y los convenios colectivos. La propuesta de la CEOE defiende que la mayor parte de los fondos se destinen a la formación bonificada y el resto, se distribuya sectorialmente.

Todas estas propuestas forman parte de las alegaciones que los sindicatos y la CEOE han presentado a los planes del Gobierno para cambiar la formación para el empleo, un sistema, reconoce Teresa Muñoz, “cuestionado no por sus resultados, sino por el papel de los sindicatos en él”.