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Crisis económica

UGT denuncia en la Fiscalía Anticorrupción la actividad de los fondos buitre en Codere

  • El sindicato denuncia que los fondos obtienen de forma "presuntamente" ilícita máximos rendimientos
  • Pide la declaración, en calidad de denunciados de los representantes de fondos y  bancos

Publicada el 30/01/2014 a las 10:13 Actualizada el 30/01/2014 a las 11:48
Imagen de la Bolsa de Madrid durante esta semana.

Imagen de la Bolsa de Madrid durante esta semana.

EFE
La crisis ha dejado el campo empresarial repleto de compañías con dificultades financieras que atraen a fondos especulativos (fondos buitre) ansiosos de ganancias. En muchos casos, los fondos actúan con visión de corto plazo y, a cambio de aportar dinero fresco a intereses que llegan al 40%, dirigen las sociedades hacia al desmembramiento. Los sindicatos temen el efecto sobre el empleo. UGT ha decidido dar el primer paso y ha denunciado la acción de los fondos buitre y de los bancos en el grupo Codere, en preconcurso de acreedores, ante la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la UGT afecta a los fondos Canyon Capital Finance y GSO Special Situations Fund, así como a su matriz Blackstone. Se extiende también a las entidades financieras y bancos que vendieron los préstamos que mantenían  con Codere a los fondos buitre. Los bancos mencionados en la denuncia son Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital y Houston Caualty Company.

Codere (1.000 empleos en España, 20.000 en todo el mundo) está en situación de preconcurso de acreedores desde el 2 de enero. La empresa ha denunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la actuación de los fondos buitre en la compañía. Codere pertenece en un 68,5% a la familia Martínez Sampedro y tiene importantes problemas de liquidez. Registra una deuda total de 1.214 millones de euros.

Destrucción

La denuncia de UGT a la Fiscalía Anticorrupcion es rotunda. Según la organización sindical UGT "estos fondos destruyen tejido industrial español obteniendo por cauces presuntamente ilícitos el máximo rendimiento económico de la disección y venta de activos de las empresas sin tener en cuenta su viabilidad, los derechos de propiedad recogidos en la legislación española, y la normativa de protección de los trabajadores y trabajadoras".

Los fondos buitre han protagonizado importantes operaciones en los últimos meses en España como la compra de EVO por Apollo, de Bankia Habitat por Cerberus, de la Cartera Bull de la Sareb por HIG Capital, de una cartera de crédito de Colonial por Burlington, o de Lico (la financiera de las cajas) por Fortress. Muchas de estas compañías han abierto ya oficinas en el país. Es el caso de Cerberus Capital Management, Colony Capital, de Los Ángeles o Lone Star, de Texas. Los fondos están también en liza en compañías, como Indo, La Seda o Prisa.

El sindicato UGT justifica el paso de acudir a la Fiscalía Anticorrupción por "la inactividad de los distintos organismos de la Administración Pública para proteger los intereses de ciudadanos españoles que trabajan en el Grupo Codere".

En la denuncia se detalla la operativa de los fondos que, en opinión del sindicato, puede ser ilegal. Así, explican que los fondos de inversión Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners, adquirieron la deuda bancaria de Codere a las entidades Credit Suisse, Barclays, BBVA y Houston Casualty Company "quienes la cedieron sin la autorización de Codere como era preceptivo".

Incumplimiento artificial

Algunos de estos fondos, añade, "suscribieron también (no sabemos si incluso con anterioridad a la compra de la deuda senior) unos seguros para cubrir cualquier incumplimiento de Codere (los llamados CDS o Credit Default Swaps), tras lo cual, habrían forzado un incumplimiento artificial con la intención de cobrar dichos seguros a través de préstamos usurarios.

La denuncia sindical recoge la inquietud generalizada en el sector empresarial por la descarnada acción de los hedge fund aprovechando la crisis. hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si bien de forma tímida, ha tenido que señalar que todo tiene un límite.

Mediante un comunicado oficial, la CNMV se ha visto obligada a explicar a fondos e inversores que, en el caso de que logren participaciones de control en una empresa o grupo "por capitalización de créditos en acciones" más allá del 30% de derechos de voto, estarán obligados a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA). Si quieren evitar esa obligación, con el consiguiente desembolso, tendrán que garantizar la viabilidad financiera de la empresa "a largo plazo". Y acreditarlo ante la Comisión.

La CNMV no menciona los casos en los que el simple control de la deuda, mediante la compra de los préstamos que un día concedieron los bancos a las sociedades, facilita el control al margen de la propiedad del capital. Pero fuentes financieras admiten que operaciones como las que protagonizan inversores y fondos en empresas como Indo, Colonial, Codere o La Seda están bajo la lupa.

Para frenar el paso a los fondos, en el caso de Codere, UGT solicita la declaración de los ejecutivos de la empresa "participantes en las negociaciones y la declaración, en este caso en concepto de denunciados, de los representantes legales de los fondos y las entidades financieras". 












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