Bruselas dictamina que no hubo ayudas públicas ilegales a grandes empresas

La Comisión Europea ha dictaminado tras siete años de investigación que no hubo ayudas públicas ilegales a las grandes empresas españolas mediante el sistema de tarifas eléctricas reguladas vigente en el año 2005 para usuarios industriales, que generó un déficit de 3.800 millones de euros.

Bruselas abrió una investigación sobre este caso en enero de 2007 ante las sospechas de que esta tarifa regulada era "artificialmente baja" y podría haber proporcionado "cantidades importantes de ayuda al funcionamiento" a estas empresas, lo que supondría una ventaja indebida frente a sus rivales europeos.

El sistema beneficiaba además, según la estimación inicial del Ejecutivo comunitario, a los operadores tradicionales en el sector eléctrico, que "podrían haber recibido una compensación excesiva del Estado español y haber conseguido un beneficio anómalo gracias a este sistema".

La investigación se archivó sin sanciones el pasado 4 de febrero ya que la Comisión concluyó que "no se concedió ninguna ventaja a los usuarios de electricidad", según ha explicado el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

En particular, las tarifas reguladas en cuestión se suprimieron en 2009 y España ha puesto en marcha un mecanismo para financiar el déficit de 2005 que exige a los grandes usuarios de electricidad cubrir con posterioridad la brecha creada. De hecho, las tarifas eléctricas se aumentaron con posterioridad para cubrir el déficit. Además, el Gobierno español se ha comprometido a que las empresas usuarias paguen un "interés razonable" a la hora de devolver el déficit.

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Finalmente, las pruebas presentadas durante la investigación formal demostraron que los contratos a un año desde diciembre de 2004 hasta diciembre de 2005 en el mercado libre se concluyeron a precios similares a los de las tarifas reguladas para usuarios industriales, según ha explicado el portavoz.

"La especulación de que la Comisión puede haberse visto influida por otras consideraciones ligadas a la política industrial o a la reciente crisis económica no tiene ningún tipo de fundamento", ha dicho Colombani, que ha sostenido que las decisiones de Bruselas sobre ayudas públicas se basan en argumentos legales y económicos.

El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación similar sobre Francia y también la cerró con una decisión positiva el 12 de junio de 2012.