El Estado deberá pagar 1,2 millones a los directivos que arruinaron Catalunya Banc

El juez del Juzgado de lo Social 8 de Barcelona ha declarado improcedente el despido del expresidente de Catalunya Banc Adolf Todó y el exconsejero delegado Jaume Masana, por lo que obliga a la entidad a readmitirles o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno.

Según la sentencia –fechada el 4 de marzo y contra la que fuentes de la entidad financiera ya han explicado a Europa Press que presentarán recurso–, las partes podrán elegir una de las dos opciones de mutuo acuerdo, y si no se alcanza, Catalunya Banc deberá abonar la indemnización.

El juez exime de responsabilidad al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo que controla actualmente la entidad financiera, y que el 10 de mayo de 2013 notificó su despido a Todó y Masana.

En aquella carta de despido, que era igual para los dos exdirectivos excepto por su nombre y cargo, el FROB expuso que los hechos que motivaban su despido se basaban "en un incumplimiento grave y culpable de sus funciones".

Lo argumentaba por su "enfrentamiento y oposición reiterada a las decisiones, criterios y estrategias adoptadas en el banco" por decisión de su único accionista, el Frob, especialmente tras la suspensión del proceso de venta de la entidad en junio de 2012 y marzo de 2013.

Para el FROB, ambos tuvieron de esta manera un posicionamiento contrario al interés del banco, con la "pretensión permanente de protegerse personalmente, eludiendo y excusándose de cualquier responsabilidad" por sus años de gestión y escudándose siempre en culpas ajenas.

Como ejemplos, explicaba que los exdirectivos querían vender Catalunya Banc a cualquier precio y condición, y que pidieron someter a arbitraje hasta el 100% de las reclamaciones por preferentes, "lo cual solo se concibe si se admitiera que en la mayoría de los casos se había producido una deficiente gestión del banco, bajo su ámbito de responsabilidad ejecutiva".

También les reprochaba haber formulado una versión de las cuentas de 2012 con comentarios que calificaba de "críticos y alarmistas", así como su actuación pasiva --dejando la responsabilidad en los representantes del Frob-- cuando un grupo de empleados y representantes sindicales invadió la sede de la entidad en Barcelona en abril de 2013.

Asimismo, el FROB explicaba en la carta de despido que los dos exdirectivos encargaron un informe en noviembre de 2012 a la consultora Mckinsey para la presentación institucional de la venta de Catalunya Banc, que costó más de 375.000 euros, sin que constase al consejo el resultado final del trabajo, salvo un borrador.

Según el ente del Gobierno central, dimitir de sus cargos era lo que "correspondería" si entendían que no podían cumplir debidamente con sus responsabilidades.

El juez considera que los hechos contenidos en la carta de despido no quedan suficientemente concretados, acreditados ni probados, y por tanto, declara los despidos improcedentes.

Todó se incorporó en marzo de 2008 como director general a la entonces Caixa Catalunya –ahora CatalunyaCaixa tras fusionarse con Caixa Tarragona y Caixa Manresa en verano de 2010–, y accedió a la presidencia de Catalunya Banc en 2011; procedía de Caixa Manresa, de la que también atrajo a Jaume Masana como director general adjunto un mes después de incorporarse a Caixa Catalunya.