La Seguridad Social dejará de ingresar 2.338 millones por la tarifa plana para contratos indefinidos

La Seguridad Social dejará de ingresar 2.338 millones de euros por la rebaja de cotizaciones a los contratos indefinidos que el Congreso convalidará mañana. A la tarifa plana que el Gobierno aprobó el pasado 28 de febrero se acogerán unos 332.100 contratos, según los cálculos que el Ministerio de Empleo incluye en la memoria económica del decreto ley. Y el ahorro de cotizaciones para el empresario, contando con un sueldo bruto anual de 20.000 euros, sería de 7.040 euros durante los dos años de rebaja a que le da derecho la medida.

No obstante, la cifra total que dejará de ingresar la Seguridad Social podría ser superior, puesto que en el caso de empresas de menos de 10 empleados, el propio ministerio calcula un ahorro de 9.300 euros por contrato.

Entre marzo y diciembre de este año, el plazo en que estará en vigor la tarifa plana, el Gobierno prevé que se firmen un total de 553.500 contratos de duración superior a los dos años. De ellos, el 60% cumpliría el requisito de creación neta de empleo en la empresa –232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial–, lo que supondrá 332.100 afiliaciones a la Seguridad Social con rebaja de cotizaciones en contingencias comunes dentro de la cuota empresarial. Por establecer una comparación, en 2013 se firmaron en España 1,13 millones de contratos indefinidos.

El Ejecutivo asegura que la tarifa plana “compensa el coste de la incertidumbre” que para el empresario supone firmar un contrato indefinido. “Los empleadores”, explica, “tendrán menos reticencias para asumir el riesgo de llevar a cabo contrataciones indefinidas”. Además, podrán “experimentar las ventajas” de la mayor flexibilidad que ha traído la reforma laboral. De hecho, destaca, el coste laboral de contratar indefinidadmente a un trabajador será “sensiblemente más reducido” que el de contratar a uno temporal.

Requisitos

Para acogerse a la tarifa plana, las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no podrán haber ejecutado despidos individuales que el juez haya declarado improcedentes ni despidos colectivos en los seis meses anteriores. Pero sí podrán haber despedido a trabajadores de forma individual por causas objetivas –económicas, organizativas o de producción–. En cualquier caso, el plazo de esos seis meses sólo empieza a contar a partir del pasado 25 de febrero, la fecha en que Mariano Rajoy anunció la medida en el Congreso de los Diputados.

Otro de los requisitos es que ese contrato deberá suponer un aumento tanto del nivel de empleo indefinido como de la plantilla total de la empresa, y tiene que mantenerse durante un periodo de tres años. Si despide antes de ese plazo al trabajador bonificado, el empresario habrá de reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias, aunque sin recargos ni intereses de demora. Pero sólo deberá devolver el 100% de lo ahorrado si se deshace del empleado antes de un año. Porque si le despide a los dos años, únicamente tendrá que reintegrar el 50%, y si lo hace el tercer año, sólo el 33%.

Así, gracias a la rebaja de cotizaciones, el empresario sólo pagará, por contingencias comunes, 100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial, en función de la jornada, por las cotizaciones en contingencias comunes. Las horas complementarias –las horas extra–no se incluirán en la tarifa plana y, por tanto, deberá cotizarse íntegramente por ellas.

En la memoria el Gobierno no incluye ninguna cifra sobre las cotizaciones que dejará de ingresar la Seguridad Social, pese a ser uno de los puntos más polémicos de la medida. De hecho, aconseja “cautela” en las previsiones sobre el efecto de la medida y evita concretar: “La estimación exacta del impacto positivo sobre la economía española es extremadamente compleja, como consecuencia de su amplitud e intensidad”, dice. “Una estimación más exacta exigiría estimar una multiplicidad de variables para las que no existen referencias lo suficientemente recientes”, vuelve a esquivar.

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Aun así, el documento apoya las declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en las que aseguraba que la tarifa plana no tendrá impacto alguno en las cuentas de la Seguridad Social. Según la teoría del Gobierno, el aumento de la contratación indefinida llevará al empresario a destinar ese ahorro en inversión productiva, lo que, a su vez, generará más contratos. Además, asegura la memoria del decreto, la rebaja repercutirá en los precios y, con ello, aumentará la competitividad. Y gracias a ésta, también la demanda interna.

La memoria económica no se para aquí al enumerar los efectos positivos que tendrá la tarifa plana de cotizaciones. El aumento del empleo que traerá la medida permitirá, además, reducir el gasto en programas asistenciales y aumentará la recaudación fiscal y una ampliación de la base de cotización. Finalmente, la tarifa plana servirá incluso como “incentivo” para “aflorar empleos sumergidos”, augura el Gobierno. En definitiva, la subvención de contratos, que el Ejecutivo califica de “coyuntural, urgente y excepcional”, conseguirá que la recuperación económica y del empleo sea “más rápida”. La describe como una “herramienta” en el corto plazo con la que busca un “efecto inmediato”: una “rápida generación de empleo”. El Gobierno aventura que sólo gracias a esta iniciativa el PIB crecerá un 0,3% y otro 0,3% el número de ocupados.