El Gobierno propone a la banca una quita de 2.300 millones para nacionalizar autopistas quebradas

Lo que se definió en su día como una nacionalización encubierta de las autopistas en pérdidas avanza. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento han propuesto a los bancos acreedores hacerse cargo de las nueve autopistas quebradas a cambio de una quita del 50% (2.300 millones) en la deuda de las concesionarias. El Gobierno descarta así liquidar las concesiones, lo que según fuentes del sector, habría tenido un coste de hasta 5.000 millones y una larga inversión en tiempo y pleitos.

De la decena de autopistas que tienen problemas económicos y financieros, siete de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de tres radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.

La propuesta, que sigue el esquema defendido por Hacienda para evitar un impacto en el déficit público,esquema supondría la creación de una sociedad pública en la que se integrarían las concesiones, según adelantó La Vanguardia.

Una empresa pública

Según ese esquema presentado a los bancos BBVA, Santander, Bankia, Caixabank, Sabadell y Popular, así como a la patronal de las constructoras Seopán, el Gobierno creará una empresa que aglutinará todas las concesiones de autopistas fallidas. De alguna forma se repite el esquema aplicado en los años 80 con la Empresa Nacional de Autopistas Ena, creada en 1984 y privatizada en 2003.

Los bancos recibirán el 50% de la deuda que sí le pagará el Estado mediante un bono negociable con un vencimiento a 30 años. La rentabilidad anual de ese bono será del 1% mínimo y podrá ser vendido por los tenedores del mismo. 

La empresa pública de autopistas sería constituida, además, con la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados y que oscilaría entre 1.200 y 1.800 millones de euros. La nueva sociedad, con nueve concesionarias, sumaría 748 kilómetros de autopistas, el 22% de la red española de pago.

La larga negociación para evitar la liquidación de las concesiones ha estado plagada de presiones. Las concesionarias y sus accionistas, las grandes compañías constructoras, han mantenido múltiples contactos con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. Como planteamiento general, las empresas de las autopistas (y sus accionistas) exigían una compensación por lo que dicen que han gastado y por lo que no van a poder ganar.

Argumento de fuerza

Como argumento de fuerza, aceptado por la ministra de Fomento Ana Pastor, las concesionarias defendían que cualquier solución al problema debería excluir el término "compensación cero". La razón: podría afectar a la imagen de las concesionarias que trabajan en el exterior, principalmente América Latina y estados Unidos.

Los grupos afectados, a los que el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha recurrido para encontrar una solución son lo más granado del empresariado del ladrillo: ACS, Abertis, Sacyr, Acciona y OHL.