Movilizaciones

Toxo y Méndez llaman a movilizarse el 3 de abril contra los recortes

CCOO y UGT: protesta en la calle contra el Gobierno sí, adelanto electoral no

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Los secretarios generales de CCOO, UGT y USO, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Julio Salazar, respectivamente, han vuelto a llamar este miércoles a la movilización "masiva" el próximo 3 de abril en toda España --el 6 de abril en Barcelona y Girona-- para exigir al Gobierno que "coja el toro por los cuernos" y sustituya las políticas de "austericidio" por otras que impulsen las inversiones y apuesten por el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de las desigualdades y de la pobreza.

Así se han expresado en rueda de prensa, en la que han estado acompañados por las representantes de la Cumbre Social Ana Zanabria (ARI Perú) y Ana Lima (Consejo General del Trabajo Social), para presentar estas movilizaciones que, bajo el lema Basta ya de recortes, serán la antesala de las que tendrán lugar al día siguiente (4 de abril) en Bruselas, convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) también en favor de un cambio de rumbo en la salida de la crisis, y para las que se estima una participación de 200.000 personas.

Esta llamada a la acción social tiene lugar sólo cuatro días después de que las Marchas de la Dignidad, en su confluencia en Madrid el pasado sábado 22 de marzo, desembocaran en actos violentos, por los que la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha abierto expediente a los organizadores.

Al respecto, Toxo ha señalado que "Cifuentes se vuelve a equivocar" y le ha lanzado un aviso: "Allá ella con su responsabilidad". "El poder político debería preocuparse de utilizar con contención los medios de represión de la Policía y de las leyes a la hora de dar respuesta a la movilización. La ciudadanía, más que acciones coercitivas, lo que necesita son medidas paliativas y de impulso de creación de empleo", ha añadido.

Además, ha considerado "lamentable" que el recuerdo del 22-M se centre más en los actos violentos que en el hecho de que "centenares de miles de personas se echaron a la calle para denunciar una situación de auténtica emergencia social".

Con todo, ha culpado de los actos violentos del sábado tanto a los "errores políticos y policiales" como a quienes "parasitaron" las marchas por llevar acabo enfrentamientos, y ha querido dejar claro que los sindicatos "ni han amparado ni ampararán el ejercicio de la violencia que desnaturaliza la masividad y los objetivos de las movilizaciones".

En la misma línea, Méndez ha asegurado que en los incidentes violentos del sábado sólo participó una "ínfima minoría" de los manifestantes, pero ha señalado que, en cualquier caso, "los responsables políticos y policiales tienen que hacer una previsión sobre que, contra la voluntad de los organizadores de las marchas, pueden ocurrir este tipo de incidentes". En este sentido, ha acusado a las fuerzas policiales de "falta de coordinación".

Finalmente, Méndez ha dejado caer su temor a que estos actos violentos lleven al Gobierno a "profundizar en un mensaje punitivo en relación con el ejercicio del derecho fundamental de manifestación" y a "disuadir" a la ciudadanía para que no secunde las movilizaciones.

Más allá de estas cuestiones, ambos dirigentes sindicales se han centrado en los objetivos de las movilizaciones del 3 de abril y han puesto de manifiesto que España y la UE atraviesa una situación de "emergencia social". Según Toxo, las políticas de recortes están "haciendo estragos en la economía, especialmente en el empleo, y atacan al modelo social europeo".

Por su parte, Méndez ha asegurado que "la crisis está arruinando la vida de muchas personas en Europa a través de altas cifras de paro, el trabajo precario y el aumento de las desigualdades y de la pobreza". "Ahora el hecho de tener un trabajo no es una garantía para escapar de la trampa de la pobreza", añadido.

Por ello, Toxo y Méndez han llamado a poner en el centro del debate de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo la propuesta de recuperación económica de la CES, que se centra en implantar un plan de inversiones equivalente a dos puntos porcentuales de PIB europeo (260.000 millones de euros al año) en un horizonte de 10 años, con el que, según Salazar, podrían crearse 11 millones de empleos en este periodo.

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