Las renovables arman un frente jurídico nacional e internacional contra los recortes de Soria

"Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables". Así comienza el documento (denominado "Informe IPM") elaborado por el presidente de la coalición empresarial para un Nuevo Modelo Energético (N2E), Javier García Breva, y el jurista y exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, en el que dan cuenta del caos que afecta al sector energético en general y al eléctrico especialmente.

Ese caos, definido por Martín Pallín como "legislación motorizada", ha impulsado la creación de un frente jurídico contra los recortes retroactivos a las energías renovables que actuará en los tribunales europeos pero que también puede llegar, de nuevo, al Tribunal Supremo. La Sala Tercera del Supremo avaló el 13 de enero varias órdenes ministeriales que desarrollaban el recorte de 740 millones de euros anuales aplicado durante 2011, 2012 y 2013 a las primas a la fotovoltaica aprobadas por el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El Supremo consideró que los recortes no infringen las directivas comunitarias recortes ni vulneran los principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima y no confiscación.

Los recortes han paralizado un sector al que se han canalizado 48.181 millones en diez años y que ahora está exhausto. En 2012, según datos de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), la inversión en proyectos y empresas de energías renovables retrocedió casi un 70%. Hoy está congelada.

Respaldo a los recortes

Pese a la rotundidad del tribunal en el respaldo a los recortes, el ex magistrado Martín Pallín, actualmente en el bufete Life Abogados, aseguró en un acto esta semana que no descarta impulsar una reunión extraordinaria del Pleno del Tribunal Supremo para "que recapacite" sobre la posición que está adoptando la sección del tribunal (la citada Sala Tercera) que se ocupa del tema eléctrico.

Como argumentos para volver a plantear el caso en el Supremo (a instancias, según Martín Pallín, de afectados por los recortes), los autores del informe esgrimen, entre otros, sentencias del Tribunal Constitucional (27/1981; 46/1990 y 37/2012) en las que se defiende el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución.

Martín Pallín sostiene que “la energía es más que un producto de mercado, es un bien básico, estratégico, y un sector que afecta a la protección social de las familias y a los derechos de la persona. Son derechos protegidos por la Constitución española y que a su vez deben ser protegidos del abuso de posición dominante del sector eléctrico”.

ElInforme IPM de García Breva y Martín Pallín defiende en todo caso que "sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad, cuyo recorrido procesal es largo (...) existen bases sólidas para iniciar acciones de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por disposiciones legales erráticas, aceleradamente variables, imposibles de prever, y gravemente dañosas" para la economía de quienes confiaron en las normas aprobadas para decidir sus inversiones.

García Breva y Martín Pallín complementan las acciones que otros colectivos de renovables están encauzando en la UE al entender que en España la batalla judicial está casi perdida. Por esa razón, la pelea se ha trasladado a Europa. "Nuestro objetivo", sostiene Piet Holtrop, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, "es llegar al Tribunal de Justicia de la UE y que sea éste quien decida si se ha vulnerado o no el Derecho europeo".

Denuncias como palancas

Las palancas para llegar al Tribunal de Luxemburgo son cuatro denuncias presentadas contra los recortes desde diciembre de 2012 y dos en preparación: contra la última reforma eléctrica y contra el decreto que tapona el auconsumo de electricidad.

Además del Tribunal de Justicia de la UE, también el Banco Mundial, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo y  la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional han recibido denuncias de organizaciones y fondos de inversión que amenazan con anegar en pleitos los despachos del Ministerio de Industria.

Solo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi),  hay presentadas al menos cuatro denuncias contra España por parte de fondos de inversión internacionales: Masdar Solar (Abu Dabi); RREEF Infrastructure (Deutsche Bank); Antin infrastructure Services Luxembourg (BNP) y el fondo británico Eiser (ABN Amro).

Mientras las reclamaciones jurídicas avanzan, en España el debate sigue centrado en cómo se forman los precios de la electricidad y si las medidas que se han tomado en lo que va de año abaratan o encarecen el recibo. García Breva no tiene dudas: todas las medidas "van en contra" de la reducción de precios de la electricidad en el mercado mayorista.

Sensación de caos

"La sensación de caos es total", sostiene el exdirector general del IDAE García Breva. Y no sólo se extiende al recibo, sino también a la legislación y a la obligación de llevar al ordenamiento jurídico nacional las directivas comunitarias.

La Directiva de Renovables 2009, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios y la Directiva de Eficiencia Energética han cumplido o están a punto de cumplir los periodos legales de trasposición sin que el Gobierno español las haya adaptado a la legislación nacional. 

Esa indiferencia oficial, destacan los autores del Informe IPM, afecta también a los organismos reguladores nacionales y de la Unión Europea que han advertido contra las reformas del sector energético. La lista es larga:

1. Comisión Nacional de la Energía (integrada en el superregulador CNMC): la Comisión criticó la falta de referencias a la Directiva de Eficiencia Energética; alertó sobre la insuficiente protección a los consumidores y cuestionó el peaje impuesto al autoconsumo por discriminatorio.

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2. Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC): ha destacado que la reforma del ministro José Manuel Soria no tiene en cuenta los beneficios del autoconsumo y ha recordado a Industria que no se debe impedir que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos. Al margen de los informes, el presidente del regulador, José María Marín Quemada, ha dado la razón al Ministerio de Industria en los recortes a las renovables.

3. Consejo de Estado: el órgano consultivo que preside José Manuel Romay Beccaria ha advertido de que la reforma va a incrementar el riesgo regulatorio y provocará un aumento importante de los litigios contra el Estado.

4. Comisión Europea: En noviembre pasado, el Ejecutivo comunitario advirtió contra la retroactividad en los sistemas de apoyo. Aunque se planea reformar la retribución a las renovables, quiere garantizar la seguridad a las inversiones y la estabilidad regulatoria sin cambios retroactivos o no previsibles para cumplir los objetivos de 2020, por ser objetivos de interés público.