Los salarios sociales autonómicos crecen un 23% pero no cubren la caída de los subsidios estatales

Un país con un riesgo de pobreza del 27,3%, casi tres puntos más que hace tres años, debería tener en primer plano de su atención política y presupuestaria las llamadas rentas mínimas o salarios sociales básicos. Sin embargo, la red de las existentes en España y su cobertura es, a tenor de las cifras y según resaltan sus críticos, insuficiente. Muy lejos del grosor que Alemania ha dado a su colchón de ayudas sociales, la protección social española sufre ahora, además, la tijera de los recortes. El presupuesto de Empleo para pagar el subsidio de paro, los subsidios para eventuales agrarios y la renta activa de inserción (las tres ayudas asistenciales de carácter estatal), se ha reducido este año un 13,56% respecto a 2013. Mientras, la red autonómica de salarios sociales, que cubre los huecos de la estatal, aumenta sus partidas un 22,7%.

Los Presupuestos del Estado para 2014 prevén una partida de 7.508 millones de euros para subsidio, renta activa de inserción y renta agraria. Una partida que no ha dejado de caer. En 2012 alcanzaba los 9.051 millones. Se ha recortado un 17% en dos años.

El descenso se produce pese a que cada vez son más los beneficiarios de estas ayudas asistenciales y menos quienes cobran prestaciones contributivas. Y se debe a las restricciones que el Gobierno ha impuesto para acceder a ellas. El verano de 2012 retrasó a los 55 años el subsidio pensado hasta entonces para desempleados con 52. También endureció las condiciones para beneficiarse del Plan Prepara –426 euros al mes a cambio de programas de recualificación profesional–, al incluir a la familia en el cálculo de la renta del solicitante. Y excluyó a quienes no hayan trabajado antes de la renta activa de inserción. En marzo de 2013 extendió el cáculo familiar a quienes solicitan cobrar el subsidio para mayores de 55 años.

Paro crónico

Hace ya una veintena de años que las comunidades autónomas empezaron a poner en marcha sus propios programas de salarios sociales. Cuando los parados agotan las ayudas de los servicios de empleo estatales, sólo queda acogerse a las autonómicas. Una situación cada vez más frecuente por culpa del paro crónico. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), los parados que llevan tres años o más sin trabajar son ya 1,27 millones, un 22,5% más que en 2012.

Este año las 17 comunidades autónomas destinarán 684,3 millones de euros a sus rentas mínimas, 126,4 millones más que en 2013, de acuerdo con el trabajo realizado por Enrique Negueruela, de la Fundación Primero de Mayo de CCOO. De ellas se benefician unas 225.000 personas en toda España, asegura el sindicato. La comunidad más generosa es Cataluña, que ha apartado 173 millones para este fin, un 26,7% más que hace un año. Le siguen Andalucía, con 90,6 millones, y Madrid, con 84,7 millones. Las que más aumentan su presupuesto para rentas mínimas son Extremadura, con un 51,1% más que en 2013, y Asturias, con un 51,1%. Sólo recorta la partida la Comunidad Valenciana, con un 36,6%, de forma que únicamente destinará 15 millones de euros a su Renta Garantizada de Ciudadanía.

Pese a estas considerables subidas, la red autonómica de salarios sociales “carece de músculo suficiente” para cubrir con eficacia los agujeros que el paro primero y la red estatal de subsidios después dejan en las capas más desfavorecidas de la sociedad, lamenta Enrique Martín, adjunto a la Secretaría de Protección Social de CCOO.

De 319 a 962 euros

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A diferencia del Gobierno, las comunidades autónomas no han cambiado la ley para restringir el acceso a las ayudas, explica Martín, pero sí que las están limitando retrasando la resolución de las solicitudes o dando como única respuesta el silencio administrativo. Las cuantías, requisitos y duración varían según el territorio. Pero todas son incompatibles con las estatales. Oscilan entre los 319 euros de Castilla-La Mancha, o los 372 euros de Extremadura y La Rioja, hasta el máximo de 962 euros que ofrece Navarra.

Sólo en el caso extremeño se permite cobrar la renta básica a quien tenga un trabajo remunerado, siempre que su salario no supere la cuantía de las se conocen como Ayudas para la Integración. Con el aumento del subempleo –casi el 60% de los asalariados trabajan a tiempo parcial porque no consiguieron un empleo a jornada completa– que la crisis y la reforma laboral han causado, tener un sueldo no garantiza la supervivencia. Un informe de la Comisión Europea activó la alarma el pasado enero: sólo el 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de ella. Un porcentaje similar al de Grecia.

Para completar el duro panorama, además, basta con recordar que en España un total de 2,71 millones de parados no perciben prestación algunano perciben prestación alguna. La cobertura de las prestaciones por desempleo no deja de bajar mes a mes. Se ha desplomado nada menos que 21 puntos porcentuales desde 2010. Quienes sí perciben subsidios estatales (1,57 millones) y autonómicos (225.000) no superan los 1,8 millones; es decir, son casi un millón menos. En total, resume Enrique Martín acudiendo a las cifras de la EPA, las familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos llegan a 700.000, la prueba patente de los jirones que desgarran la red pública de protección social.