El Gobierno da marcha atrás y vuelve a permitir la jubilación a los 61 años a 35.000 despedidos

El Gobierno ha dado marcha atrás y volverá a autorizar las jubilaciones anticipadas a quienes hayan sido despedidos y firmen un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años. Es el cuarto cambio de criterio del Ministerio de Empleo desde el 13 de junio, cuando emitió una circular interna por la que se impedía a estos trabajadores acceder a la jubilación a los 61 años o hacerlo con los requisitos anteriores a la reforma de las pensiones de diciembre de 2011 –es decir, con mejores condiciones que las actuales–.

Las protestas de los afectados –en teoría unas 35.000 personas según las cifras del propio ministerio–, que se organizaron en las redes sociales, y los problemas causados en las oficinas provinciales de la Seguridad Social por los sucesivos cambios, así como las presiones de los sindicatos, han hecho rectificar a Empleo.

Según han explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y los responsables de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y UGT, Carmen López, el ministerio revisará “inmediatamente” las denegaciones de pensiones que se han sucedido desde el 13 de junio, recalculará las pensiones que se concedieron con cantidades inferiores a las correctas según el criterio inicial ahora recuperado, y resolverá favorablemente las reclamaciones que ya han presentado muchos de los perjudicados. Unas 1.500 personas han resultado afectadas por el cambio de criterio de la Seguridad Social estos últimos tres meses, aseguró Burgos.

Y todo se hará “con la mayor urgencia posible”. “En pocos días se resolverán las peticiones pendientes y se revisarán las denegadas”, prometió. También se comprometió a enviar a los sindicatos en apenas unas horas un borrador del nuevo y definitivo criterio que permitirá trabajar a los funcionarios.

Además, en este caso el Gobierno “actuará de oficio”, aseguró el responsable de la Seguridad Social, sin necesidad de que los afectados tengan que tomar la iniciativa. “Aunque no es lo habitual”, precisó Carlos Bravo. Según apuntó, el objetivo es “recomponer la situación desde el momento cero”.

Carlos Bravo tachó de “inoportuno e innecesario” el cambio de criterio que excluyó a los despedidos con convenio especial de la cláusula de salvaguarda establecida en la reforma de las pensiones. “Es un comportamiento incompatible con el compromiso firmado por el Gobierno y los agentes sociales el pasado 29 de julio”, destacó el responsable de CCOO, en referencia al acuerdo que sienta las bases para la próxima negociación tripartita sobre empleo. Y en el que precisamente se pactó aumentar la cobertura de la protección social. “Los perjudicados son parados”, recordó Bravo.

Los vaivenes de la Seguridad Social

El real decreto de 15 de marzo de 2013 permite a quienes han perdido su trabajo antes del 1 de abril de ese año acceder a la jubilación anticipada con los requisitos anteriores a la reforma de las pensiones de diciembre de 2011. Pero el pasado 13 de junio el INSS empezó a aplicar un “criterio” o instrucción interna, no pública, que les quitaba esa posibilidad a estos trabajadores.

En esa fecha los afectados empezaron a recibir resoluciones denegatorias a sus solicitudes de jubilación a los 61 años. Los escritos del INSS no hacían referencia a la circular interna o aludían a cambio de criterio o interpretación alguno. Únicamente esgrimían el argumento de que, al haber suscrito un convenio especial tras su despido, se les consideraba incluidos “en un régimen del sistema de la Seguridad Social”. Por tanto, no se les podía aplicar la regulación anterior a la reforma de las pensiones, la Ley 27/2011. Es decir, el INSS equiparaba cotizar mediante el convenio especial a cotizar en un régimen de la Seguridad Social (general, autónomos, del mar, del carbón). En contra del criterio que había sostenido hasta ese momento: para estar incluido en uno de esos regímenes, el despedido debía volver a trabajar, a realizar una actividad profesional.

Según explicaba la circular interna de 13 de junio, el motivo del cambio de criterio se halla en las discrepancias entre la Intervención General de la Seguridad Social y el propio INSS en torno a las “cuestiones conflictivas” suscitadas por la citada cláusula de salvaguarda. Finalmente, la instrucción hizo suya la interpretación más restrictiva y aseguraba que quedaba incluido en un régimen de la Seguridad Social quien efectara cotizaciones, aunque no trabajase.

El convenio especial lo firman los trabajadores cuando son despedidos pocos años antes de alcanzar la edad legal de jubilación, han agotado la prestación por desempleo, no tienen derecho al subsidio y quieren seguir cotizando para garantizar su pensión. El pasado julio había 107.857 personas con uno de estos convenios ordinarios en España. En los casos en que el despido sea consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la empresa paga una parte de la cotización.

Sin embargo, el 1 de agosto la Seguridad Social rectificó y emitió una nueva instrucción para recuperar el criterio original. Fue una circular de vida muy breve. Sólo cuatro días después, y tras una reunión de urgencia en el ministerio de las instituciones implicadas, la Intervención se impuso y los despedidos con convenio especial volvieron a ser excluidos de la jubilación a los 61 años.

Situaciones de desprotección ya conocidas

“Cuando conocimos los efectos que el criterio podía estar generando, que no eran los que buscaba la ley, nos pusimos en contacto con el INSS para que recabara información sobre los casos que se estaban dando”, explicó Tomás Burgos la última rectificación de su departamento. Entonces, “a la luz de la experiencia”, la Seguridad Social, “que es una administración que aprende”, decidió recuperar la interpretación que había estado aplicando durante 16 meses.

Pero lo cierto es que en la batalla que han mantenido la Intervención General y el INSS durante todo ese tiempo la Dirección General de Ordenación ya reconocía esos “efectos”; en concreto, admitía que los afectados podían caer en “situaciones de desprotección” porque no perciben pensión hasta los 63 años y se quedan sin derecho a subsidio o tienen que cobrarlo durante mucho más tiempo.

También constataba el “evidente endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada” en caso de despido que ha traído la reforma de las pensiones de 2011, y llamaba la atención sobre los “graves perjuicios” que puede suponer su aplicación a trabajadores “con edades muy próximas a los 65 años que habrían cumplido los requisitos para jubilarse con 61 años al amparo de la anterior legislación, pero no los alcanzan si se les aplica la nueva”.

“No se atenía al espíritu de la norma”

Burgos no reconoció que tras los vaivenes de la Seguridad Social en esta cuestión haya “un error”, sólo concedió que la interpretación restrictiva de la Intervención General “no se atenía al espíritu de la norma”. Aunque también alabó las medidas tomadas por su departamento para reducir el, a su juicio, excesivo número de jubilaciones anticipadas en España. “Hasta el 50% en el Régimen General”, detalló, “ningún otro país tiene un porcentaje tan alto”. Y no dejó de precisar que la Seguridad Social ha recuperado su criterio inicial sobre las jubilaciones a los 61 años tras comprobar que la mayoría de quienes se acogieron a un convenio especial no lo hicieron “para aprovecharse del sistema”. Curiosamente, la mayoría de los afectados suscribieron esos convenios por indicación precisa de los funcionarios de la Seguridad Social para asegurarse con sus cotizaciones una pensión suficiente.

Desde el 13 de junio el desconcierto fue total entre los futuros jubilados e incluso entre los funcionarios que tenían que tramitar las pensiones. Los primeros empezaron a organizarse en foros de internet y en Facebook para presentar reclamaciones a la Seguridad Social y acudir después a los juzgados de lo Social. Los sindicatos enviaron cartas a Tomás Burgos para exigirle una rectificación que ha llegado esta mañana tras una reunión a tres bandas de hora y media en el mismo ministerio.