El fiasco del almacén de gas

El Gobierno convierte a Castor en el Lemóniz del gas: dinero público para cubrir un fracaso privado

Los técnicos siembran dudas sobre la seguridad de Castor y callan acerca de su futuro

El proyecto para almacenar gas natural en el subsuelo a 21 kilómetros de Vinaroz (Castellón) va a tener un final poco original: dinero público –en torno a 1.700 millones de euros en total– para cubrir el fracaso de una inversión privada. El almacén de gas Castor, construido por ACS (66%) en asociación con la canadiense Dundee Energy (34%) desde 2008 y paralizado desde octubre de 2013 tras registrarse cientos de microterremotos en torno a la instalación, se va a convertir en el Lemóniz del Gobierno de Mariano Rajoy. La nuclear de Lemóniz, planeada en la dictadura de Franco, nunca llegó a funcionar. El Gobierno socialista la incluyó en la moratoria nuclear. El coste de la moratoria acabó en el recibo de la luz.

Aunque Industria señala oficialmente que "se están evaluando diferentes opciones y no hay ninguna decisión tomada", fuentes empresariales del sector gasista y fuentes de la Administración dan por hecho que el Gobierno indemnizará a los constructores e inversores de la instalación antes de noviembre, cuando vencen bonos que emitió Escal UGS (la sociedad de ACS con los canadienses) para financiar las obras. Entre los inversores figura el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que recuperará 300 millones.

El guión clásico de Castor, según el cual el dinero público acaba por taponar heridas privadas, llegó al Parlamento Europeo en la anterior legislatura con una pregunta del entonces eurodiputado de Los Verdes, Raúl Romeva. Romeva preguntó a la Comisión Europea su opinión sobre "la socialización de una deuda que tiene origen en un proyecto privado" y quiso saber si la Comisión iba a tomar medidas "para evitar que los ciudadanos acaben pagando esta deuda". Bruselas declinó hacer comentarios sobre un proyecto en el que, según explicó, no tuvo papel alguno.

Sin margen de maniobra

El Gobierno no tiene mucho margen de maniobra. El contrato entre las partes estipulaba una compensación (1.272 millones) en el caso de que los promotores privados del proyecto renunciaran a la concesión (30 años ampliables a 50). Industria intentó eliminar la cláusula, pero el Supremo rechazó la petición de Industria en octubre de 2013. ACS y Dundee Energy renunciaron a la concesión en junio pasado. Ahora, sólo queda pagar.

El exdirector del IDAE y ex diputado socialista Javier García Breva explica así la situación del sector del gas, con el proyecto Castor como telón de fondo: "En julio, un Real Decreto Ley aprobó que los 800 millones de euros del déficit acumulado en la tarifa del gas hasta 2014 se carguen en el recibo con una fórmula similar al déficit eléctrico. El déficit que se genere a partir de 2015 se trasladará automáticamente a los peajes y se aprueba un recargo de 164 millones para pagar a Argelia el laudo arbitral que condenó a Gas Natural en 2010. Quedan pendientes 1.273 millones del almacenamiento Castor de los que nadie se atreve a hablar, pero al considerarlos costes del sistema irán al recibo del gas".

Industria tenía una posibilidad para evitar el pago de indemnización o, al menos, retrasarla: judicializar el caso y tratar de demostrar que la culpa del fracaso del proyecto es de los constructores, por mala ejecución y planteamiento de la obra. Pero en el sector gasista muchos creen que es un lujo que el Gobierno no se puede permitir.

Adjudicación por decreto

El proyecto, aprobado y adjudicado a ACS y su socio por decreto en mayo de 2008, tomó forma de concesión de un almacén de titularidad estatal, con categoría A, es decir, sin ningún condicionante. "España", sostiene una fuente de una empresa gasista, "no puede permitirse un impago a inversores (bonistas) internacionales y eso es lo que parecería si los bonistas no recuperan la inversión que vence en noviembre".

Industria, mientras tanto, estudia cómo concretar el "rescate" de Castor. Como asegura la portavoz de Industria, hay varias posibilidades. La portavoz no las detalla, pero son básicamente dos: crear una sociedad específica que asuma la instalación tras pagar una indemnización –financiada con un préstamo del ICO– o colocar el almacén en la lista de instalaciones paralizadas hasta que repunte la demanda. Las dos posibilidades llevan a una mala noticia para el consumidor. Como explica García Breva, los 1.693 millones en los que se calcula el coste total del proyecto acabarán en el recibo de los usuarios.

Esos 1.693 millones de euros, el valor de Castor, son el resultado de una retribución reconocida de 1.273 millones por desarrollar la actividad, 186 millones por la inyección de gas en el almacén y 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.Sólo cuestiones técnicas

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Para ACS, que en el caso de Castor se remite sólo a cuestiones técnicas a través de la página web de los bonistas, la solución es simple: el Gobierno debe pagar una obra que tenía como horizonte su compra por parte de la compañía Enagás, la gestora del sistema gasista.  En sus documentos públicos, ACS no ha considerado nunca la posibilidad de no recuperar los 228 millones invertidos en el proyecto. A cierre de 2013, la compañía no reconoció ningún deterioro de sus cuentas por los problemas en el almacén fallido.

Para ACS, la actividad en áreas y empresas relacionadas con la energía ha sido continua. La empresa que preside Florentino Pérez llegó a tener un 20% de Iberdrola en 2010, cuando planeó controlar la compañía. Desde entonces su participación directa se ha reducido a poco más del 3% (5,1% si se suman operaciones con derivados). Eso sí, las operaciones con derivados sobre los títulos de Iberdrola ayudaron al grupo a enderezar los resultados de 2013 tras las fuertes pérdidas de 2012 (1.927 millones por la pérdida de valor de los títulos de Iberdrola).

ACS tiene en venta parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas que suman unos 1.000 megavatios (MW) de potencia, 778 de ellos en España. En dos años, el grupo ha tenido que provisionar 500 millones en sus cuentas por el deterioro del valor de los activos.

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