El Gobierno cerrará el almacén de gas Castor tras indemnizar a ACS a costa de los consumidores

El almacén de gas Castor, construido por ACS (66%) en asociación con la canadiense CLP (34%) desde 2008 y paralizado desde octubre de 2013 tras registrarse cientos de microterremotos en torno a la instalación, no va a funcionar nunca. El Gobierno lo va a cerrar tras indemnizar a los constructores con 1.350 millones de euros.

Aunque la compañía gestora del sistema gasista, Enagás, se hará cargo del mantenimiento -no de la concesión- de la plataforma situada a 21 kilómetros de Vinaroz, el cierre es seguro. Oficialmente, el término para enmascarar el cierre definitivo es "hibernación". Mantener el almacén en condiciones operativas hubiera tenido un coste de 200 millones al año. Demasiado dinero.

Enagás, explican fuentes conocedoras de la operación, desembolsará los 1.350 millones de la compensación a ACS y sus socios, pero la operación será "neutra" para la compañía que preside Antonio Llardén. Tres bancos -BBVA, Santander y Caixabank- adelantarán el dinero de la indemnización a Enagás; a cambio, se quedaran con los derechos de cobro durante 30 años.

Coste total

El coste total del proyecto supera la compensación. Escal UGS -la sociedad conjunta de ACS y CLP- tiene reconocida una retribución por desarrollar la actividad de Castor de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón (gas que prepara la cavidad para su llenado) y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. Total: 1.700 millones

La gran pregunta es ¿quién pagará el cierre y la compensación? Técnicamente, lo hará el sistema gasista, es decir, las compañías que utilizan los gasoductos que gestiona Enagás. Lo harán a través de los peajes. Pero el recargo en los peajes, tarde o temprano, acabará en el recibo de los usuarios. Castor se convertirá de esta forma en el Lemóniz (la central nuclear que nunca llegó a funcionar) del Gobierno de Mariano Rajoy.

La indemnización a ACS, pese al fracaso del proyecto, cumple con el contrato firmado entre las partes (Administración y empresas concesionarias) en 2008. El contrato estipulaba una compensación en el caso de que los promotores privados del proyecto renunciaran a la concesión (30 años ampliables a 50). Industria intentó eliminar la cláusula, pero el Supremo rechazó la petición de Industria en octubre de 2013. 

Un contrato poco habitual

El contrato es poco habitual. Contempla la obligación del Estado a indemnizar incluso aunque hubiera habido negligencia o dolo de por medio. En ninguna otra concesión de almacén de gas (Yela, Gaviota, Serrablo...) hay cláusulas semejantes.

No se trata sólo del contrato. El Gobierno ha preferido pagar -aún a costa de encarecer el recibo del gas de los usuarios- antes que arriesgarse a tener un  problema de imagen internacional. ACS y sus socios, agrupados en la sociedad Escal-UGs emitieron bonos para financiar la Proyecto Castor. Los bonos vencían en noviembre. El principal bonista-acreedor, con 300 millones, es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La entidad había "arrastrado" además a fondos privados de inversión. Un impago de los bonos por parte de ACS hubiera afectado a la imagen de solvencia del Estado.

El TC declara nula e inconstitucional la compensación de 1.350 millones a Escal UGS por el proyecto Castor

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Con la decisión de abrir la bolsa tomada, fuentes al tanto de las gestiones del Gobierno, aseguran que el Decreto aprobado en Consejo de Ministros, no cierra la puerta a reclamaciones contra ACS y sus socios en el futuro. Industria ha encargado informes, entre otros, al Massachusetts Institute of Technology (MIT), para determinar si las empresas constructoras fueron responsables o no de los movimientos sísmicos que han condenado el almacén de gas.

Dos funciones

Castor, condenado al cierre, tenía dos funciones principales: asegurar el suministro en caso de escasez y permitir al Gobierno actuar sobre los precios en caso de necesidad. El almacén trataba también de acercar capacidad de almacenamiento al peso de España (2%) en el mercado de energía de la UE. Su paralización, terremotos al margen, aleja la posibilidad de modular precios del gas en caso necesario. Lo que sin duda, aliviará a las compañíás que manejan el negocio.