El temor a irregularidades obliga al Gobierno a levantar las alfombras en la venta de AENA

El Gobierno ha decidido levantar las alfombras en el proceso de privatización de la empresa pública de aeropuertos AENA.privatización de la empresa pública Fuentes de dos de los ministerios implicados en el proceso han confirmado que se van examinar con lupa todos los pasos seguidos en los últimos meses para vender el 49% de la sociedad.

La decisión ha obligado a aplazar la venta del 28% del capital mediante oferta pública de venta (OPV) prevista para el 12 de noviembre. No es sólo una cuestión de procedimiento. Esta fue la disculpa esgrimida por Economía y por la Oficina Económica de Moncloa para justificar el aplazamiento de la autorización del Consejo de Ministros el pasado viernes. Pero la verdad es otra. En mitad de los escándalos de corrupción, el Ejecutivo teme que haya habido irregularidades en el diseño de la OPV de los aeropuertos.Nuevo concurso

Formalmente, el Gobierno aplaza la operación para convocar un concurso y elegir un auditor más.Se trata de que la consultora PwC no sea la única que analice las cuentas consultora PwCy certifique la OPV, algo habitual por otra parte. Según insistió Fomento ayer mismo, ése era el único problema y sólo supondrá retrasar la operación a principios de 2015. Pero el mar de fondo persiste.

La operación contaba con el dictamen favorable -no vinculante- del Consejo Consultivo de Privatizaciones, pero no se aprobó por la oposición del Ministerio de Hacienda.oposición del Ministerio de Hacienda Entre otras cosas, el equipo de Cristóbal Montoro no había visto toda la documentación antes de que el folleto de la OPV y el dictamen del Consejo Consultivo estuviera sobre la mesa del Consejo de Ministros el viernes 24 de octubre.

Desconfianza

Fuentes ministeriales aseguran que los máximos responsables del departamento que dirige Montoro desconfiaban del proceso seguido en AENA "desde el principio". Por ello, según confirman otras fuentes conocedoras del proceso, se va revisar todo, desde la contratación como asesor de la OPV -por un euro- del bufete Pérez Llorca, hasta los salarios y retribuciones previstas para los directivos de AENA, pasando por el examen de las razones que llevaron a Fomento a prescindir de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la privatización.

En el diseño de la OPV de AENA hay circunstancias sorprendentes. El bufete Pérez Llorca, por ejemplo, ganó el concurso convocado por Fomento para asesorar en la operación porque ofreció cobrar un euro por la labor. Ninguno de los prestigiosos despachos a los que se impuso -Cuatrecasas, Uría o Garrigues- pudo hacerle sombra. Claro que ninguno de esos abogados de renombre es consejero del grupo aéreo IAG -y antes de Iberia- como sí lo es el ex ministro de UCD José Pedro Pérez-Llorca.

Una portavoz del bufete negó tener constancia de que el Gobierno haya decidido revisar la contratación de la firma Pérez-Llorca. Esa contratación forma parte, aseguró, de un "proceso limpio, transparente y público". Sobre la sorprendente oferta de asesoría por un euro, la portavoz explicó que hubo ofertas similares (Asesores N+1) y que, en el caso de Pérez-Llorca, se ofreció "para ganar prestigio internacional en un momento de expansión de la firma de abogados".

El sueldo de la dirección

Además de la contratación del bufete Pérez-Llorca, los partidarios de analizar toda los pasos de la venta quieren saber cómo ha quedado el esquema de retribuciones de la cúpula de AENA retribucionesque encabeza el exconsejero delegado del grupo Vocento José Manuel Vargas. Se trata de descartar -o confirmar en su caso- si ese esquema ha seguido el patrón de las grandes empresas cotizadas, con stock options (opciones sobre acciones) y blindajes incluidos.

Los salarios aprobados en la AENA pública, a estas alturas, todavía son una incógnita. En la información remitida al Congreso, el Gobierno sólo maneja las “medias” salariales  por categorías y con porcentajes, producto de comparar los sueldos de los directivos con el máximo legal autorizado.

Según el Gobierno, en AENA hay 11 altos cargos que tienen contratos de alta dirección. De ellos hay cuatro, correspondientes a AENA SA, la sociedad mercantil, que en 2013 cobraron de media “un 42% menos del máximo autorizado”. El máximo autorizado para las entidades consideradas del grupo 1, como AENA, debe ser inferior a 210.000 euros brutos anuales.

Fomento: todo claro

El Ministerio de Fomento sostiene que todo está claro en la operación. Pero también tendrá que dar explicaciones sobre algunos extremos. Por ejemplo, por qué se ha prescindido en la operación del organismo que más sabe de ventas de empresas públicas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fuentes de la sociedad estatal sostienen que no hay obligación legal de que el Gobierno -Fomento- recurra al organismo para privatizar una empresa pública. No hay obligación, pero tampoco nada que lo impida. Incluso "tendría sentido", reconocen las fuentes consultadas, dada la experiencia acumulada por el organismo. Sin la SEPI, el proceso ha contado con el dictamen obligado pero no vinculante del Consejo Consultivo de Privatizaciones que preside Luis Gámir. Una portavoz del Consejo declinó hacer comentarios sobre la polémica venta de AENA.

El dictamen del Consejo Consultivo considera que el proceso de privatización del gestor aeroportuario cumple con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. Añade que tanto el proceso global de la OPV como la propuesta concreta de colocación del 21% de la sociedad a un "núcleo duro" de accionistas, se ajustan a esos tres principios.

José Manuel Vargas, el gestor al que no le gustaba que AENA fuera una empresa pública

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Socios de referencia

La venta de acciones de AENA en la OPV es la segunda parte del proceso de privatización parcial que el Gobierno aborda en el operador de aeropuertos. La primera parte del proceso culminó con la selección por AENA de los tres socios de referenciasocios de referencia que conformarán su núcleo duro y tomarán un 21% de su capital. Son Corporación Financiera Alba con un 8%, Ferrovial con un 6,5% y el fondo británico TCF con otro 6,5%.

Con la OPV, los ingresos del Estado, en el mejor de los casos, pueden llegar a 3.932 millones. El dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre el folleto de la OPV conocido el pasado viernes estimaba que las acciones de AENA costarán entre 41,5 y 53,5 euros, lo que supone valorar el 100% de la compañía entre 6.225 millones y 8.025 millones de euros.