El BBVA pretende que el trabajador se pague de su bolsillo parte de la indemnización por despido

BBVA Research apuesta por simplificar "sustantivamente" el menú de tipos de contrato y por un "sistema mixto" de indemnización por despido obligatorio para los nuevos contratos, en el que ésta sea gradual dependiendo de la antigüedad del trabajador en la empresa, y de una cuenta de ahorro individual que actuaría como un "salario diferido", equivalente al 2,19% del salario bruto anual. Estas medidas permitirían, según la entidad, avanzar hacia un escenario en el que "el contrato indefinido sea la opción por defecto".

Así lo ha indicado el economista jefe de Economías Desarrolladas del BBVA , Rafael Doménech, durante la presentación del Observatorio Económico España sobre Mercado Laboral, realizado conjuntamente con la Fundación Sagardoy.

Según Doménech, la reforma laboral "no ha sido suficiente" para reducir el uso de la contratación temporal frente a la indefinida. Ante ello, el BBVA Research apuesta, en primer lugar, por "ir más allá" en la simplificación de las modalidades de contrato hasta un total de tres: uno indefinido, que debería funcionar "por defecto"; otro temporal causal que englobe a todos los temporales actuales y con una duración máxima de 24 meses; y, finalmente, otro de formación y aprendizaje, indefinido si es promovido por la empresa y temporal si es fruto de un convenio con instituciones educativas. Además, estas nuevas modalidades contemplarían la posibilidad de que se realicen a tiempo parcial.

En este punto, el informe señala que "sería conveniente reorientar una parte de los recursos destinados a bonificar la contratación hacia políticas que aumenten la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que concentran las mayores tasas de paro".

Si bien, Doménech ha hecho especial hincapié en la necesidad de reducir esta segmentación a través de una "modernización" del sistema indemnizatorio, estableciendo una indemnización progresiva según la antigüedad del trabajador y de si es temporal o indefinido y una cuenta de ahorro individual.

Así, todos los trabajadores temporales e indefinidos tendrían una cuenta nutrida con una suerte de "salario diferido" equivalente a ocho días de salario por año, esto es, el 2,19% del salario bruto. En este punto, Doménech ha puntualizado que esta 'mochila' sería diferente a un fondo de pensiones.

Al respecto, el economista jefe de BBVA Research ha asegurado que esta cuenta no debe entenderse como un menor salario para el trabajador ni como un sobrecoste para los empresarios, que son quienes al final pagarán esta cuantía. "Es una parte del salario, pero no corriente", ha resumido.

En el caso de los trabajadores que cobraran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 645,3 euros brutos al mes, la cuenta de ahorro individual debería ser nutrida por la Administración y se entendería como una bonificación de 2,19 puntos en la cuota a la Seguridad Social. Estas aportaciones irían reduciéndose progresivamente hasta que el salario fuera 1,25 veces el SMI.

En cualquier caso, esas contribuciones formarían parte de un fondo de previsión público, como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y sería accesible en el momento del despido o si el trabajador no es despedido y cambia de empresa y no necesita hacer uso de estas aportaciones, cuando el trabajador se jubile.

Así, para un trabajador que acumulara 40 años en el mercado de trabajo y que se jubilara a los 65 años sin discontinuidad, esa aportación del 2,19% se acumularía con una rentabilidad equivalente al 2%, según los cálculos de BBVA Research. Ello supondría un cobro acumulado equivalente a 1,33 veces el salario anual.

Una vez hecho estos cambios, Doménech ha explicado cómo se conjugaría esta cuenta en el momento del despido. Así, en el caso de la modernización del despido procedente, la indemnización sería gradual dependiendo de la antigüedad del trabajador.

Con sólo un año trabajado, sólo se aplicaría el rescate de la aportación a la cuenta de ahorro individual, esto es, ocho días por el año trabajado. En el segundo año, se combinaría la cuenta y cuatro días por año trabajado (12 días, en suma); en el tercero, serían ocho días (16 días en total) y finalmente 12 días en el cuarto año, hasta sumar al menos 20 días por año trabajado, como en los que actualmente paga el empresario.

Cuando el despido es improcedente, el coste sería de cuatro días el primer año trabajado, aumentando en tres días con cada año hasta un máximo de 25 días, de modo que en total se alcanzarían al menos 33 días por año trabajado de indemnización, sumando la cuenta individual, cuando el trabajador alcanzara los ocho años o más de antigüedad.

En el caso de trabajadores temporales, junto con la aportación de ocho días de salario por año, se mantendría la indemnización de 12 días por año, con independencia de la causa, tal y como está dispuesto actualmente. Al final del contrato, si el trabajador rescata el fondo percibiría, al menos, 20 días.

Así, el despido sería más barato en los primeros años en el caso de los contratos indefinidos. En este punto, BBVA Research justifica que "debería tener un menor coste por despido que el temporal para aumentar su atractivo y penalizar a las empresas con una rotación de personal elevada e injustificada. "A cambio de una menor indemnización inicial, los trabajadores tendrían una contratación más estable y mayores salarios", añade.

La izquierda pide al banco que deje de tener "ideas luminosas"

El PSOE rechazó de plano la propuesta y espera que no se aplique "jamás" en España, mientras que desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se exige al responsable de la entidad financiera que "deje de tener ideas luminosas" y se centre en cumplir su función, que no es otra que dar crédito.

Preguntado por este sistema, el exministro de Trabajo socialista Jesús Caldera ha recordado que ésta es una "propuesta conservadora muy antigua que, por supuesto, no se aplica en ningún país y que tampoco se debe aplicar en España". "Espero que no se aplique jamás, porque la indemnización (a quien pierde el empleo) es indispensable y debe estar financiada con cargo a las cotizaciones de todos los trabajadores", ha añadido.

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El portavoz parlamentario de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, por su parte, ha criticado las "ideas luminosas que sólo castigan a los trabajadores" de Doménech, y le ha recomendado que se dedique a "cumplir su función, que es dar crédito a las empresas". "Así seguro que se consigue crear empleo", ha zanjado.

Finalmente, el presidente de la Comisión parlamentaria de Hacienda, el conservador Gabriel Elorriaga, ha señalado que esta propuesta se enmarca en lo que "habitualmente se llama el sistema austriaco" de indemnizaciones por despido, que "en Austria funciona muy bien pero que tiene unos costes de transición muy altos".

"El problema es el coste del cambio de sistema. Es un modelo que funciona muy bien pero que en España tiene dificultades de partida muy grandes", cree Elorriaga, que insiste en que este debate es "muy antiguos" y se le han dado "muchas vueltas" porque a las "muchas ventajas" que ofrece se le contrapone que "los costes de implantación a corto plazo en un país como España son completamente inasumibles".