Asturias sanciona con 8.000 euros cada contrato hipotecario con cláusula suelo

El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido sancionar con 8.000 euros cada contrato hipotecario con cláusula suelo denunciado por la Unión de Consumidores de Asturias-UCE. Las sanciones afectan, en principio a 2.179 operaciones de cinco entidades bancarias: Caja Rural de Asturias (780 contratos), Banco Popular (470) Liberbank (391), Banco Pastor (282) y Caja España (256). El importe total de las sanciones asciende a 17,4 millones de euros, pero los denunciantes calculan que las cláusulas suelo, cuestionadas por el Tribunal Supremo, afectan a 30.000 familias sólo en Asturias y a tres millones en toda España.

Las cláusulas suelo blindan un tipo de interés mínimo y máximo en el contrato hipotecario. El banco se asegura así el cobro de una cuota hipotecaria mínima incluso si el tipo de interés aplicado (el euríbor normalmente) cae por debajo de lo pactado a la firma de la hipoteca.

El Tribunal Supremo cuestionó por abusivas este tipo de cláusulas en dos sentencias (mayo de 2013 y octubre de 2014). El Tribunal consideró que este tipo de cláusulas, cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, transforma el préstamo a tipo de interés variable en un "préstamo a interés fijo variable solo al alza". El resultado es que el hipotecado, generalmente no bien informado por la entidad, no se beneficia de las bajadas del índice de referencia (en general el euribor). Un abuso detectado y confirmado por el más alto tribunal.

Millones de afectados

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, calcula que si se considera el conjunto de afectados (tres millones de familias), el beneficio ilícito de bancos y cajas en un año puede rondar los 5.400 millones de euros. Alonso descata el camino abierto por las autoridades de consumo del Principado de Asturias al sancionar una práctica abusiva en uso de sus competencias sobre consumo.

La decisión, explica Alonso, abre el camino a las reclamaciones ya que muchas familias no pueden acudir a los tribunales por no poder pagar tasas. Las entidades, financieras, sostiene la Unión de Consumidores, conocen esas dificultades y por ello mantienen las cláusulas abusivas.

Las entidades pueden seguir aplicando las cláusulas suelo porque el Supremo, a pesar de que cuestionó su aplicación y exigió más transparencia, no anuló las cláusulas con efectos retroactivos. Ello provocó una especie de rebelión de jueces de lo mercantil, de primera instancia y de las  Audiencias provinciales, anulando cláusulas abusivas aplicadas antes de la sentencia del Supremo.

El Banco de España no contesta

El Banco de España también se lavó las manos. El servicio de reclamaciones del supervisor bancario evitó pronunciarse sobre el carácter abusivo de estas cláusulas. La entidad explicó que "la atribución y calificación del carácter abusivo de una cláusula contractual (...) que es normativa de consumo, corresponde sancionarlo a las autoridades específicamente competentes en esta materia, o genéricamente a los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia".

Además de Asturias, según los datos de la asociación de consumidores Facua, solo Andalucía y Cataluña han comunicado su intención de abrir expedientes para determinar si las cláusulas de los contratos hipotecarios son abusivos. En Andalucía, la secretaría general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha iniciado expedientes sancionadores a más de 20 entidades por cláusulas suelo en el marco de la campaña de inspección que está desarrollando desde finales de 2013.

Como todavía no hay sanciones, el Gobierno andaluz no hace público el nombre de los bancos que podrían ser multados. La previsión de la campaña marcaba como objetivo el control de 300 escrituras de préstamos hipotecarios. Andalucía ha recibido más de 700 denuncias contra más de 20 entidades financieras y se está llevando a cabo el requerimiento de información para iniciar los expedientes sancionadores.

Denuncias reiteradas

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Las cláusulas abusivas y la falta de transparencia de la sentidades financieras han sido reiteradamente denunciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) detectó 469 cláusulas abusivas en prácticamente todas las entidades financieras de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, cifra que la asociación considera "mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios".

Después de efectuar un análisis pormenorizado de 278 contratos de 52 entidades diferentes, Adicae "pudo comprobar cómo las entidades bancarias, prevaliéndose de su posición contractual de fuerza frente a los consumidores, han venido incorporando en todo tipo de contratos alrededor de medio millar de cláusulas abusivas".

Las cláusulas abusivas más habituales en los contratos analizados son el cobro irregular de comisiones, muchas veces sobrevaloradas e incluso duplicadas, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos (generalmente de demora) y su capitalización, y cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor.