Las tarifas eléctricas

Industria paga 500 millones de subvención eléctrica a cien empresas por un servicio que no prestan desde 2009

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en su comparecencia tras el último Consejo de Ministros.

El Ministerio de Industria va a cerrar esta semana el sistema de subvención encubierta de la tarifa eléctrica que pagan las grandes empresas. El denominado "servicio de interrumpibilidad", que pagan todos los usuarios a través de la tarifa, va a costar un máximo de 500 millones de euros en 2015, 50 millones menos que este año y 250 menos que en 2013. Los grandes consumidores de electricidad, alrededor de un centenar de industrias, se han beneficiado desde los años 80 de tarifas más reducidas por aceptar desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad. Pero la última vez que hubo interrumpir el suministro a grandes consumidores en la península fue hace cinco años. Pese a ello, desde el año 2008 –cuando desaparecieron formalmente las tarifas industriales– los consumidores han pagado en torno a 3.000 millones por un servicio que, teóricamente, asegura que no habrá problemas en caso de incidente.

El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, equipara la interrumpibilidad a "un seguro que garatiza el buen funcionamiento del sistema". "Como en cualquier seguro", sostiene Soto, "no se da parte todos los años". Pero las empresas con gran consumo de energía, en torno a un centenar, sí cobran. Soto admite que la interrumpibilidad "ayuda a que las industrias radicadas en España se acerquen a los precios de la electricidad que pagan las que trabajan en países como Alemania o Francia".

Subvención encubierta

El exdirector general del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Javier García Breva, traduce lo que admite Soto: "Es una subvención encubierta que explica por qué la tarifa doméstica ha sido más cara tradicionalmente que la industrial". 

Lo cierto es que el sistema de interrumpibilidad se utilizó en los años 80, en la década de los 90 y a principios del siglo XXI. Pero en estos momentos, cuando la potencia instalada (107.000 MW, el doble que en 2000) supera más de dos veces la punta de demanda histórica (45.450 MW), las críticas contra esa ayuda a la industria arrecian. 

Desde AEGE, sin embargo, se defiende el mecanismo "porque se aplica todos los días" ya que, además de aceptar una hipotética desconexión de la red, "las empresas acogidas a la interrumpibilidad tienen las obligación de consumir el 55% de la energía como mínimo en las horas valle (de menor demanda)". Además, el director general de la asociación añade que la interrumpibilidad se aplica frecuentemente en las islas (Canarias y Baleares).

Pero el meollo de la subvención a la gran industria no proviene de las islas. De acuerdo con los datos de la CNMC, a 1 de enero de 2014 se encontraban en vigor 145 contratos de interrumpibilidad. De ellos, 130 correspondián al sistema peninsular. Ello supone que el 90% de los contratos que rebajan la factura eléctrica de las grandes empresas corresponden a un espacio, España peninsular, donde no ha sido necesario aplicar la interrumpibilidad durante años.

Algunos matices

El exconsejero de la CNE, expresidente de Red Eléctrica de España (REE) y actual presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra, considera que la interrumpibilidad es, efectivamente, "una ayuda a la industria". Pero matiza. "Es un servicio que tiene precio y está admitido por la Unión Europea, aunque lo que es un disparate es el sistema de subasta elegido para determinar ese precio".

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Con el nuevo sistema para fijar precios aprobado en 2013, se subasta el precio al que las grandes empresas con gran consumo de electricidad ofrecen el servicio de interrumpibilidad. Los grandes consumidores compiten por nueve bloques de 90 megavatios (MW) –que suman 810 MW– y por 238 bloques de 5 MW –que suman 1.190 MW–. La encargada de supervisar todo el proceso es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.Una explicación rotunda

Aunque las grandes empresas y algunos expertos –que no entran en consideraciones sobre el precio– defienden la interrumpibilidad como medida de seguridad para el conjunto del sistema, quien mejor ha explicado por qué y para qué sirve ha sido el titular de Industria, José Manuel Soria.

En el programa El Debate de RTVE, Soria se explayó: "¿Y por qué vamos a pagar 700 millones de euros al año a la gran industria? Pues porque de lo contrario, esas empresas, muchas de las cuales emplean a cuatro, cinco o seis mil personas en España y tienen instalaciones que ya están amortizadas, dicen: si ustedes no pagan esa interrumpibilidad, yo levanto la fábrica y me voy a otro país".

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