El Ayuntamiento de Madrid entierra 14,64 millones en un sistema informático que se demorará 13 años

Nunca un programa informático fue tan caro. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en julio de 2006 el diseño e implantación de un sistema informático integral de sus ingresos a una Unión Temporal de Empresas (UTE). Tao-Tecnics, Gestión Tributaria Territorial y T-Sytems deberían haber creado y puesto en marcha el denominado Proyecto +til (Mástil), en 26 meses, a cambio de un cheque de 7,27 millones de euros. Ocho años después, el Ayuntamiento se ha gastado el doble, más de 14,64 millones de euros, pero con el nuevo sistema sólo se ingresan dos impuestos: el de ejecuciones subsidiarias y el de vehículos. La cifra, sin embargo, está lejos de ser definitiva. Según las previsiones municipales, la implantación del nuevo sistema no se completará hasta 2018 o 2019.

En abril de 2009 la UTE comunicó al Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, que se disolvía por problemas internos. Pese a que las tres empresas incumplieron el contrato, el Consistorio les pagó 6,88 millones de euros. Antes, la UTE había conseguido que el gobierno municipal le “ajustara” el presupuesto, aumentándolo hasta 8,72 millones, y se le ampliara el plazo de ejecución más de dos años, hasta septiembre de 2010. Ni siquiera esas concesiones permitieron a las empresas entregar el trabajo encargado.

A finales de 2009 el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Indra, que a día de hoy continúa con él. Hasta el momento, la compañía tecnológica, propiedad en un 20% del Estado, ha cobrado más de 5,3 millones de euros por el proyecto Mástil. A cambio de la gestión de los dos impuestos citados y, según prevé José Manuel González Aguilera, gerente del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), también de las tasas urbanísticas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) antes de acabar el año. Para principios de 2015, añade, se aplicará el nuevo sistema integral a las tasas por utilización especial del dominio público local –paso de vehículos, telefonía móvil, parquímetros–. En total, el proyecto Mástil gestionará el año próximo ingresos por importe de 300 millones de euros, explica el gerente del IAM. Apenas el 15% de los 2.000 millones de euros que recauda el Ayuntamiento cada año.

Llegan los recortes

González Aguilera asegura que a la UTE se le pagó el 94% del precio de adjudicación, pese a que sólo entregó “mucho producto a medio terminar”, porque así lo estipulaba el contrato que se firmó entonces con las tres empresas. Que no se ejecutaran las garantías ni se exigieran responsabilidades fue muy criticado por la oposición municipal. Escarmentado con el resultado y obligado por los recortes presupuestarios, el Ayuntamiento optó por dividir el encargo por lotes e ir pagando por trabajo ejecutado, explica el gerente del IAM, que asumió el cargo en mayo de 2012. En 2015 el contrato volverá a salir a concurso, para lo que el presupuesto municipal destina 2,4 millones de euros. Este año han sido 1,3 millones. En 2013, 1,7 millones más. Hasta 2012, Indra facturó por el proyecto Mástil al Ayuntamiento 2,36 millones, según reveló el entonces gerente del IAM, Jorge García Reig, en un pleno municipal del mes de marzo de ese año. También reconoció la “gran complejidad técnica y funcional” del nuevo sistema. El objetivo, según publicita el Ayuntamiento, es la “atención integral al ciudadano en materia tributaria”, mediante un “sistema multicanal” que no sólo agilice los trámites sino que, además, amplíe las prestaciones y servicios a los ciudadanos.

En esa ocasión, García Reig prometió la puesta en marcha de los impuestos de ejecución subsidiaria y de vehículos en 2012 y “de los demás módulos en 2013”. En realidad, sólo el primero se implantó ese año. El de vehículos tardó un año más y los demás siguen a la espera. El actual gerente del IAM explica que tanto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como el de Actividades Económicas (IAE), los de mayor volumen, quedarán “para el final”. Si se cumplen sus previsiones, el nuevo sistema integral de gestión habrá tardado 13 años en ponerse en marcha.

Mientras tanto, sigue funcionando el antiguo sistema, a cargo del personal propio del IAM. Tiene una plantilla de 500 personas, que le cuestan al Ayuntamiento 27,74 millones de euros. De ellos, nueve funcionarios trabajan en exclusiva y de forma permanente para el proyecto Mástil, indica González Aguilera, aunque para “picos de trabajo” llegan a la treintena las personas que acompañan a Indra. O a las empresas a las que subcontrata. Indra heredó de la malograda UTE la firma aragonesa a la que había cedido el trabajo, Iritec, hoy convertida en Hiberus.

La informática pública, campo abonada para la subcontratación

La Seguridad Social tiene casi el doble de informáticos contratados que funcionarios

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El recurso a empresas privadas externas es una práctica habitual desde hace muchos años en las áreas de informática de los organismos públicos. El ejemplo más claro es el de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que ha sido objeto de un duro examen por parte del Tribunal de Cuentas. Hace escasos días, el Gobierno admitió, en una respuesta al diputado de IU-ICV Joan Coscubiela que tiene el doble de informáticos externos que funcionarios. Y que los primeros le cuestan de media un 47% más que los empleados públicos.

Entre 1992 y 2013 el personal contratado con empresas privadas ha crecido un 84%, por lo que ha pasado de 177 a 1.087 trabajadores. Mientras, el personal público ha aumentado un 25,8%, hasta alcanzar los 605 funcionarios.

El Ejecutivo también revela los costes de unos y otros. Un técnico medio informático le cuesta al Ministerio de Empleo 33.657 euros al año, mientras que uno subcontratado supone un gasto de 49.526 euros. Así, el presupuesto de personal este año para los trabajadores de las empresas externas ascendía a 60,76 millones de euros, un 125% superior al gasto en personal funcionario y laboral de los servicios centrales de la Gerencia, que se queda en 27 millones anuales.