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Los abusos de las empresas

Los casos de Bankia y de Gowex socavan las bases del negocio de los auditores

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato

No es lo mismo ganar 3.000 millones de euros en un año que perder 300. En una salida a Bolsa, como fue la de Bankia a mediados de 2011, la diferencia entre beneficios y pérdidas es crucial. Pero como los despistes existen, hay expertos que cobran para que nadie confunda activos con pasivos o debe con haber y convierta pérdidas en beneficio. Pero sucede.

En España hay 1.411 firmas auditoras, con 20.000 profesionales, según datos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Pero las 62.000 auditorías anuales no garantizan la ausencia de borrones como Bankia. La sanción máxima por infracción grave en el control de las cuentas de una sociedad oscila entre el 3% y el 6% de lo facturado por la empresa auditora, con un mínimo de 24.000 euros, lo que puede ser insuficiente para evitar que el compadreo entre auditor y auditado salga rentable..

Casos como el de Bankia –que le ha costado una multa de 12 millones de euros a Deloitte, una de las cuatro grandes del sector–, o el de la empresa Gowex de Jenaro García, han socavado los cimientos de un negocio de en torno a 2.000 millones anuales en el que cinco grandes sociedades (Deloitte, PwC, KPM, Ernest&Young y BDO) se llevan tres cuartas partes de la tajada.

“Estamos tocados”

“Estamos tocados” admite una fuente de una de las cuatro grandes empresas auditoras, “pero hablar de irregularidades es un tema complejo. En una auditoría no ves el 100% de las operaciones del auditado, se hace un muestreo. Ahora piden más pruebas, pero ¿dónde está regulado?”

Como sostienen las empresas de auditoría, la labor que desarrollan es “compleja”. Pero basta una lectura de la última memoria –año 2013– del organismo que las controla, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) dependiente del Ministerio de Economía, para concluir que algo falla.

El ICAC, según detalla en la memoria (página 20), concluyó en 2013 la inspección técnica de 38 trabajos de auditoría y en 29 de ellos "se detectaron indicios de incumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas".

La sensación más extendida, admiten las empresas, es que la labor de auditoría es un trabajo pactado que sólo sirve para dar el visto bueno formal a las cuentas de quien paga. Sin embargo, aseguran, existen controles que califican de rigurosos.

En 2013, el ICAC resolvió 56 expedientes sancionadores de 60 instruidos. De ellos, seis acabaron en sanción por infracción “muy grave” por falta de independencia y 50 en sanción por “infracción grave”. De estas últimas, 16 fueron sancionados por incumplimiento de normas técnicas y la mayor parte, 32, por trabajar con el mismo cliente más allá del periodo máximo autorizado (nueve años).

Sanciones y tentaciones

La cuestión es si las sanciones en vigor son suficientes para evitar tentaciones. La sanción máxima –infracción muy grave– es de entre el 3% y el 6% de lo facturado, con retirada de licencia al auditor y al socio responsable. La infracción grave se penaliza con el 3% de lo facturado y la leve con 6.000 euros. La multa más cuantiosa hasta el momento ha sido la impuesta a Deloitte por su trabajo en Bankia: 12 millones.

Los 12 millones de sanción, recurridos por la auditora, castigaron a la compañía por no examinar con objetividad las cuentas de 2011 cuando Bankia salió a Bolsa. Deloitte, según el ICAC, era al mismo tiempo proveedor de otros servicios de consultoría a la misma entidad financiera que presidía Rodrigo Rato.

Ninguna de las cuatro grandes auditoras a las que infoLibre ha solicitado opinión ha querido manifestarla. Tampoco el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, la patronal. Pero su presidente, Mario Alonso, sí explicó hace una semanas, en declaraciones recogidas por Cinco Días cómo el sector se siente muy perseguido. Según Alonso, de las 529 sanciones impuestas por el ICAC desde que se contabilizan, 510 han sido graves y 17 muy graves.Motivos de desconfianza

Pero hay motivos para la desconfianza. Las grandes empresas de auditoría han estado en el ojo del huracán en escándalos financieros y empresariales de los últimos años. El caso de Enron, la eléctrica estadounidense que quebró en 2001 por sus maniobras de prestidigitación contable, supuso un primer y gran aldabonazo para la auditoría. El escándalo se llevó por delante a Arthur Andersen por obstruir la investigación.

Aunque la multa a los arturos–así se denominaba a los empleados de la que fue compañía puntera– no fue muy elevada –medio millón de dólares– el golpe a su prestigio fue definitivo. Arthur Andersen quebró en 2001, acabó con 5.000 empleos y desapareció engullida por otras empresas como Deloitte. Aunque el Supremo de EEUU falló a su favor cinco años después, Arthur Andersen ya era/es un recuerdo.

Para los que fueron sus competidores, la década ha discurrido con beneficios pese a la crisis, pero también entre escándalos, dentro y fuera de España. Deloitte, la gran auditora del Ibex 35 –trabaja para más de la mitad de las grande sempresas–, ha recibido fuertes críticas en Reino Unido por su falta de diligencia y control en la compañía MG Rover, que acabó en la quiebra de la compañía.

Asuntos polémicos

Según el Financial Reporting Council (FRC) –el ICAC británico,  Deloitte, que en España ha trabajado en asuntos polémicos como el de Banco de Valencia, dejó pasar que cuatro consejeros de la compañía automovilística británica compraron por 10 libras la compañía a través de una instrumental, Phoenix. Al cabo de cinco años, Rover quebró dejando deudas cercanas a los 2.000 millones de euros y enviando al paro a 6.000 trabajadores. Deloitte ha recurrido contra la acusación, pero ha perdido.Todo un lunar.

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Las cuatro grandes auditoras (Deloitte más PWC, KPMG y Ernest &Young, auditora de Lehman Brothers)  siguen en el ojo del huracán también por su labor de consultoría en la gestión de impuestos de las multinacionales. Una investigación del International Consortium of Investigative Journalists (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ) revela que las denominadas big four son los grandes arquitectos del sistema de paraísos fiscales.big four PWC, por ejemplo, habría diseñado estrategias para trasladar beneficios y pagar menos impuestos a multinacionales como Pepsi o Ikea.

Ante esta realidad, las medidas que impulsa la Unión Europea para controlar más a los controladores a partir de 2016 parecen insuficientes. España ya ha incorporado buena parte de las recomendaciones, entre ellas la obligación de cambiar de auditor tras un máximo de nueve años relación.

Está por ver su efectividad y hasta dónde llega, por ejemplo, la prohibición de que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría proporcionen determinados servicios, distintos de la auditoría, a los clientes a los que auditen.

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