Una subcontrata de Defensa lleva tres meses sin pagar a su plantilla tras lograr la adjudicación con una rebaja del 80%

El Ministerio de Defensa adjudicó en febrero de 2013 el servicio de limpieza de sus instalaciones militares en toda España, un macrocontrato con un precio de salida de 193,9 millones de euros. Dividido en ocho lotes, según la distribución geográfica de los centros, tres de ellos recayeron en la empresa Cleanet SL: Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, La Rioja, Castilla y León, por un lado; Extremadura, Andalucía y Murcia, por otro, y finalmente, Madrid. El importe conjunto de esos tres contratos sumaba 54,45 millones de euros, el 28% de la licitación. Defensa publicita la contratación centralizada de estos y otros servicios como una forma de ahorro. Y vaya si ahorró el ministerio con la limpieza de cuarteles y otras oficinas. Cleanet se hizo con estos tres contratos ofertando bajas desde el 77%, en el caso del lote 1 hasta el 85% en el caso del lote 5 (Madrid).

Es decir, si el lote 1 (norte de España) se licitó por 19,76 millones, Cleanet se lo quedó por sólo 4,54, casi cinco veces menos. El lote 5 (Madrid) salió a concurso por 3,02 millones de euros, y le fue adjudicado por sólo 450.000 euros, seis veces por debajo del precio inicial. El resto de las empresas ganadoras de otros lotes –Clece (filial de ACS), Limpiezas Raspeig y Eulen– también ofertaron rebajas en proporciones similares.

El caso es que Cleanet, filial de un grupo Top Quark, empezó a pagar con retraso a sus trabajadores desde el primer mes en que se hizo cargo del servicio. En toda España cuenta con unos 2.000 trabajadores, según fuentes sindicales. También desde el primer momento, se quejan sus empleados, fue deficiente el suministro de medios y materiales para cumplir con el trabajo. Hasta que el pasado septiembre dejó de abonar las nóminas. Sus empleadas, porque la mayoría son mujeres, se han declarado en huelga indefinida en Ferrol, Badajoz, Valladolid, Murcia, Andalucía… Ganan entre 700 y 800 euros netos al mes. Tienen más de una década de antigüedad, porque como suele ocurrir en este tipo de subcontratas, las plantillas cambian de empleador según va saliendo a concurso la prestación del servicio. Las empresas cambian, pero las trabajadoras permanecen, sus contratos se van subrogando.

Y, como ya ha sucedido en otras adjudicaciones similares, los ministerios o instituciones públicas que las firman se desentienden de la suerte de estos trabajadores. El Ministerio de Defensa “lamenta la situación” de las mujeres de la limpieza de Cleanet, pero elude cualquier responsabilidad sobre ellas. “Es exclusivamente de la empresa”, explica a infoLibre un portavoz del departamento de dirige Pedro Morenés. “Al ministerio le preocupa, claro, no es una situación agradable para los empleados, pero se trata de un problema de orden interno y no vamos a hacer comentarios”, zanja. En Ferrol los sindicatos denunciaron ante la Inspección de Trabajo y en el juzgado que el ministerio había puesto a los soldados a limpiar las instalaciones en lugar de las empleadas de Cleanet en huelga. “Dejaron de hacerlo en cuanto supieron de la denuncia”, recuerda el responsable de CIG-Servizos en Ferrol, Fernando Balsa.

Contrato con una empresa de descuento de pagarés

Defensa asegura que paga puntualmente a Cleanet. Por lo que los sindicatos se preguntan dónde va ese dinero que no llega a los trabajadores. Según explican los representantes sindicales de los trabajadores de Galicia y Valladolid, esas cantidades las abonó Defensa hasta el pasado 27 de noviembre no a Cleanet, sino a una empresa de descuento de pagarés, Pagaralia, especializada en ofrecer liquidez inmediata a empresas sin acceso al crédito bancario. A cambio, cobra intereses superiores al 20%. infoLibre ha intentado en repetidas ocasiones obtener la versión de la empresa de limpieza, con sede en Barcelona, pero ninguno de sus responsables ha querido atender a este periódico.

En todo caso, Fernando Balsa asegura que la empresa está al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social de las 53 mujeres y un hombre que limpian las instalaciones militares de Ferrol. Es todo lo que saben sobre Cleanet, que carece de delegación en Galicia y ni coge el teléfono ni se ha reunido con los trabajadores, apunta. Tampoco cumplió el acuerdo al que llegó con la plantilla de Valladolid –25 trabajadoras– en el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) para pagar a plazos las nóminas adeudadas, explica José Luis Martín San Juan, responsable de la Federación de Servicios de UGT en Castilla y León.

Es más, Cleanet subcontrató la limpieza de parte de las instalaciones de Defensa –en concreto, los cuarteles– en esa comunidad autónoma con otra empresa, Lince Asprona, y ha terminado adeudándole 45.000 euros. El pasado 20 de noviembre Lince Asprona rescindió el contrato con Cleanet. Así que los 27 trabajadores de la primera han dejado de cobrar sus sueldos desde esa fecha, cuando pasaron a manos de la segunda. “Cuando le afeamos la falta de pago a la apoderada que tienen en Galicia, nos contestó que 'tan mal no estarían las trabajadoras, porque no tenían cara de hambre”, desvela Fernando Balsa.

Lo que desde luego no les falta a estas mujeres es motivos para la indignación. Antes de Cleanet, las trabajadoras de Ferrol sufrieron también los impagos de la anterior adjudicataria, Los Lebreros. Fue el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) quien les abonó los salarios pendientes. Y en Valladolid y en Badajoz fueron víctimas del escándalo Esabe, su empleadora de entonces y cuyos directivos fueron detenidos en diciembre de 2012 por defraudar 30 millones de euros. Estuvieron nueve meses sin cobrar.

Las comisarías de Interior, los informáticos de Empleo

El contrato que Defensa firmó con Cleanet no incluye cláusula alguna que obligue al ministerio a velar por la suerte de los trabajadores de las adjudicatarias. Pero sí a vigilar que éstas prestan el servicio por el que les paga. El contrato con esta empresa expira el próximo mes de marzo, aunque tiene derecho a una prórroga de otros dos años.

No es el de Cleanet, desde luego, el primer caso en que la adjudicataria de un servicio público no paga las nóminas. Ocurrió con los empleados de mantenimiento de las comisarías de Policía, subcontratado por el Ministerio del Interior con una empresa llamada Arción, una constructora valenciana. Tras las protestas de los trabajadores, y tras sucesivos apercibimientos de Interior por la mala prestación del servicio, el ministerio expedientó a la empresa y le fue rescindiendo algunos contratosle fue rescindiendo algunos contratos. Arción renunció a otros. Se declaró en concurso de acreedores y presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a toda la plantilla. La Audiencia Nacional anuló el ERE el pasado noviembre.

Otro tanto ocurrió con casi un centenar de informáticos de una contrata del Ministerio de Empleo. Alba Technology, a su vez subcontratada por Insa e Indra, dejó de pagar a sus trabajadores el pasado mes de enero. Esta empresa, cuyos empleados llevaban en algunos casos una década trabajando para la Gerencia y la Tesorería de la Seguridad Social, ni siquiera pagaba las cotizaciones de la plantilla a ese mismo departamento. Ni el ministerio ni Insa ni Indra aceptaban “obligación” alguna con los trabajadores de Alba. Así que éstos tuvieron que acudir a los tribunales.

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Despidos colectivos en concesiones municipales con rebaja

En otros casos no ha habido impago de nóminas, pero sí despidos colectivos. El esquema se repite: empresas que consiguen adjudicaciones con rebajas sustanciales sobre los precios iniciales anuncian un ERE nada más hacerse cargo de las plantillas que están obligadas a subrogar. Así actuaron las concesionarias de la limpieza viaria de Madrid, FCC, OHL y Sacyr, que ganaron el concurso con una rebaja del 30% y pretendieron despedir en noviembre pasado a 1.134 trabajadores. Una huelga indefinida que llenó las calles de basura y una dura negociación con el comité de empresa consiguieron la retirada del ERE.

Parecida es la situación actual de los jardineros de Madrid Río, uno de los parques singulares de la capital, en las riberas del Manzanares. Los 254 trabajadores recién subrogadas por la nueva concesionaria, Grupo Raga, están en huelga indefinida desde este lunes. La empresa quiere despedir a 127 de ellos. Logró la adjudicación con una rebaja del 27%, sumada a otro 9% que había recortado el propio Ayuntamiento respecto de lo que pagaba al anterior concesionario, Urbaser. Como en el resto de las empresas mencionadas, la administración implicada –en este caso el consistorio– alega que no tiene obligación de vigilar el comportamiento de la adjudicataria con sus trabajadores.