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Fondos públicos, negocio privado

El cierre de Castor llega al Constitucional y revela la disparatada planificación del sector gasista

Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, y Ximo Puig, líder del PSPV, entregan su recurso contra la indemnización a Castor en el TC, este 2 de enero de 2015.

El PSOE ha seguido los pasos de la Generalitat de Catalunya y ha presentado en el Tribunal Constitucional un recurso contra la polémica indemnización de 1.350 millones cobrada por ACS por el cierre del almacén de gas Castor. La indemnización la pagarán los consumidores en 30 años. Fue autorizada por el Gobierno (real decreto 13/2014) en octubre de 2014, pero el contrato para construir la infraestructura gasista lo firmó en 2008 un ministro socialista (Miguel Sebastián). Que el PSOE de 2015, en la oposición, denuncie un acuerdo del Gobierno socialista de 2008 es una muestra de cómo se ha desarrollado el negocio gasista en España.

El sector del gas se mueve en una burbuja, con centrales que apenas funcionan, contratos de suministro de gas que son secreto de Estado, planes irreales para convertir España en centro de distribución internacional y alternativo al gas ruso, normas que no se cumplen (el país importa más del 50% del gas de Argelia) y presiones de las empresas para que el Gobierno costee el mantenimiento de las centrales infrautilizadas.

La cúspide de la polémica

Loa datos básicos de la polémica que tiene a Castor y a ACS en la cúspide son los que aporta la CNMC: las infraestructuras actuales de gas natural  se componen de seis plantas de regasificación de gas natural licuado, (hay otras tres en construcción en Asturias, Tenerife y Gran Canaria) más de 10.000 km de gasoductos de transporte, más de 60.000 km de gasoductos de distribución, dos almacenamientos subterráneos (hay otros tres preparados en Marismas, Yela y Castor), tres yacimientos y seis conexiones internacionales (con Argelia, con Marruecos, dos con Francia y dos con Portugal), además de otras instalaciones auxiliares, estaciones de compresión y plantas satélite de gas natural licuado.

Es un mecano con parte de sus cimientos de barro porque con la caída de consumo eléctrico sobra capacidad de producción y las centrales de ciclo combinado que se construyeron a partir de 2000, cuando la demanda eléctrica crecía a ritmos del 3%, están prácticamente paradas.

En 2000 no había apenas plantas de generación de electricidad con gas mientras en 2013, las centrales de este tipo (27.193 MW de potencia instalada) suponen la cuarta parte de la potencia total de generación instalada. 

Inversión multimillonaria

Para disponer de esa potencia, las empresas han invertido alrededor de 13.000 millones de euros que quieren recuperar con la rentabilidad correspondiente. El problema está en que toda esa potencia instalada en ciclos sólo produce el 9,3% de la electricidad (datos de Red Eléctrica de España para 2013) mientras que cinco años atrás, producían una tercera parte.

Pero el exceso no sólo afecta a la producción eléctrica con gas. Todo el sistema parece sobredimensionado. En 2012, según datos de la asociación patronal gasista Sedigas, el consumo se situó en 362.608 GWh. Ese consumo incluyó centrales de generación eléctrica, consumo doméstico y consumo industrial. Lo malo es que esa cifra de consumo es sólo el 30% de lo que el sistema construido (gasoductos, regasificadoras...) puede procesar y transportar. Con esa capacidad, España supone una tercera parte de toda la capacidad de regasificación de Europa.

El problema sería menor -y menos costoso- si los gasoductos permitieran exportar a Europa y reducir la capacidad sobrante. Pero las interconexiones con Portugal son discretas (máximo exportable de 126.270 GWh) y más aún lo son con Francia (poco más de 63.000 GWh).Poco consumo

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La patronal del gas sostiene que el sistema es necesario, incluso en épocas de vacas flacas y poco consumo.  Según  su explicación, las centrales eléctricas de gas son fundamentales para respaldar en caso necesario a tecnologías de producción más irregular como la eólica. En problema no está, según su análisis, en un exceso de centrales, sino en su bajo grado de utilización.

Por el contrario, otros expertos creen que el sistema gasista es irracional y su dimensión responde sólo al interés de las empresas. "España", explica el exdirector del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Javier García Breva "tiene el mayor índice de cobertura (de la demanda) de Europa, 1,7 puntos". "Eso hace que la mitad de nuestra potencia eléctrica instalada esté ociosa y la energía sea más cara. Las empresas eléctricas están entre las de mayores beneficios de Europa y su revalorización en bolsa es del 20% en 2014. Hay más razones para parar y planificar a largo plazo que seguir inflando la sobrecapacidad del sistema gasista sin haber entendido nada de la crisis que tuvo su origen en la escalada de precios de los hidrocarburos entre 2004 y 2008".

La polémica sobre el proyecto Castor también ha llegado a Europa. La defensora del pueblo europeo, Emilly O'Reilly, ha comunicado al Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Catalunya, Rafael Ribó, que ha hecho llegar al secretario general de la Comisión Europea su informe sobre el proyecto Castor. Ribó propuso a la defensora del pueblo europea que pidiera a la Comisión un examen de lo que considera una ayuda de Estado prohibida.

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