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Energía nuclear

El supervisor nuclear reprocha a las eléctricas las maniobras para aplazar inversiones tras Fukushima

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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está cansado de las maniobras de las empresas eléctricas, propietarias de las centrales nucleares, para ajustar las exigencias de inversión en seguridad a sus planes de negocio. El acta del último pleno del CSN, celebrado el 12 de diciembre de 2014, recoge ese hastío en el peculiar lenguaje del organismo. Pese a todo, el Consejo aceptó aplazar algunas de las exigencias que debían cumplir las nucleares antes de finalizar el año.

El cansancio ante las maniobras de las eléctricas es patente en este párrafo del acta, aprobada por unanimidad: "El pleno ha decidido trasladar a los titulares [de las nucleares] la necesidad de que comuniquen al Consejo, con la suficiente antelación, las incidencias que puedan afectar al cumplimiento previsto de requisitos o condiciones establecidas por el Consejo, tanto en lo que se refiere al Plan de Acción Nacional post-Fukushima como a cualquier otro asunto que tenga establecida fecha de cumplimiento para dichos titulares".

Basta dar la vuelta al párrafo para comprender la gravedad de la situación: las empresas, según el CSN, no comunican con la suficiente antelación incidencias que afectan a las obligaciones de inversión que tienen impuestas. "Se les ha dicho a las compañías" aseguran fuentes del organismo que preside Fernando Martí Scharfhausen, "que no puede volver a suceder; el Consejo se ha plantado y lo manifiesta de forma expresa".

Inversiones

El pleno del 12 de diciembre abordó la petición de aplazamiento de inversiones solicitada por Trillo, Ascó, Almaraz y Vandellós por las exigencias derivadas de Fukushima. El CSN atendió algunas de las solicitudes y rechazó otras.

En el caso de Trillo, propiedad de Gas Natural Fenosa, HC y Nuclenor, el CSN admitió aplazar inversiones en materia de refuerzo sísmico y de sistemas de alerta de radiactividad que debían estar finalizadas en diciembre de 2014; en Vandellós, el CSN aceptó en parte las solicitudes de aplazamientos para obras de drenaje y análisis de accidentes y lo mismo sucede en los casos de Almaraz y de Ascó.

En todos los casos, las empresas propietarias solicitan más tiempo para cumplir con las exigencias -y las inversiones- que se impusieron desde el ámbito nacional e internacional para aumentar la seguridad de las instalaciones nucleares tras las explosiones de Fukushima en Japón.

Ni la asociación que agrupa a las nucleares, Foro Nuclear, ni las empresas propietarias de las centrales contestaron las preguntas de infoLIbre sobre las razones que esgrimen para aplazar las inversiones. 

Nuevos requisitos

Después de la catástrofe de Fukushima, todos los gobiernos de los países de la Unión Europea están obligados a exigir, a través de sus organismos reguladores, nuevos requisitos de seguridad para prevenir mejor cualquier riesgo asociado a la energía nuclear y gestionar una posible emergencia nuclear.

Esas exigencias suponen más inversiones y controles también en las centrales españolas. España remitió un Plan de Acción a la Comisión Europea en diciembre de 2012 que debe estar completamente armado en 2016.

Las nuevas exigencias y pruebas de resistencia tratan de ajustar, entre otras cosas, las  medidas que los titulares de las instalaciones deberán adoptar para la extinción de grandes incendios de origen externo, la refrigeración del núcleo y de la piscina de combustible gastado, la protección de la contención y la minimización de vertidos radiológicos al exterior.

En España, el parque nuclear produce en torno al 19% de la electricidad y supone un 7% del total de la capacidad de generación instalada en el país. Las licencias de las centrales en funcionamiento tienen que ser renovadas entre el 2021 y el 2028. La primera que vence es Almaraz (Almaraz I en 2021 y Almaraz II en 2023); siguen Ascó I (2023) y Ascó II (2025); Vandellós II (2027); Trillo (2028) y Cofrentes (2034).

Márgenes elevados

Jorge Morales de Labra, experto en energía y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, considera que el negocio nuclear, muy dependiente de las decisiones del Gobierno, obtiene márgenes anuales de más de 2.000 millones de euros tras haber recuperado la inversión en poco más de 10 años.

El mayor deseo del sector es prolongar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años previstos en su diseño. En ese plan, la reapertura de la central de Garoña, propiedad de Endesa y de Iberdrola y parada desde 2012, es un punto clave. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero apostó por el cierre tanto como el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy apuesta por su reapertura.

El pulso, animado según sus intereses por las empresas propietarias de la central, no está cerrado y puede llegar al Tribunal Europeo de Estrasburgo. El Partido Socialista de Euskadi (PSE)  de Álava ha propuesto acudir al Tribunal de Estrasburgo para evitar la reapertura de Garoña presentando antes una cuestión prejudicial en el Tribunal Supremo de España.

Vulneración de directiva

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El PSE (y el PSOE) sostienen que el decreto sobre gestión del combustible nuclear, modificado por el Gobierno del PP y que facilita la reapertura de Garoña, vulnera la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.

La política pronuclear del Gobierno del PP contrasta con la que están llevando a cabo países como Alemania y con la reducción que sopesa un país tan nuclearizado como Francia, que depende en un 78% de las centrales para cubrir su demanda energética..

En Alemania, donde las nucleares generan el 23% de la electricidad, en 2022 todas las centrales estarán paradas. Las siete centrales más antiguas fueron desconectadas durante la moratoria nuclear. Las demás centrales tendrán un cierre escalonado.

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