GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Una treintena de recursos paralizan la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación

Empresas de formación intentaron captar a academias de idiomas y ganaderos como agencias de colocación

Más de 30 recursos paralizan la entrada en funcionamiento de las seis agencias privadas de colocación seleccionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para buscar trabajo a los parados del Plan Prepara, los de más difícil reinserción laboral. La puesta en marcha de la colaboración público-privada en que tanto confía el Gobierno para solucionar la ineficacia del antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los parados se retrasa otro mes, por lo menos. Pese a la urgencia social de la lucha contra el paro, la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación acumula ya casi cuatro años y medio de demora desde que se crearon, por una ley de septiembre de 2010.

La última demora arranca el pasado septiembre, cuando se supo que la lista provisional de ganadores del concurso convocado por el SEPE para el mencionado Plan Prepara incluía sólo a pequeñas consultoras y empresas de formación que supuestamente habían hinchado el número de sus oficinas. Los pliegos de la licitación privilegiaban el número de locales que aportaba cada agencia –suponían el 70% de la puntuación– por encima de cualquier otro requisito. Su capacidad de inserción –medida según el número de personas que colocaron en 2012 y 2013– sólo otorgaba un 15% de la nota. El 15% restante correspondía al precio por inserción laboral que cada participante ofreciera.

Una misma empresa, la consultora de formación Femxa, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los seis lotes. En el segundo lugar aparecía otra firma de formación, Consultoría San Román. Las otras cuatro mejor situadas eran uniones temporales de empresas (UTE) constituidas expresamente para el concurso.

La primera, Femxa, decía contar con una extensa red de 1.200 oficinas; la segunda, otro millar, según las fuentes consultadas por infoLibre. En cambio, ninguna de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) entró en la liza. Ninguna de ellas cuenta siquiera con un centenar de oficinas en toda España.

Estas empresas consiguieron su red de oficinas enviando correos electrónicos a multitud de empresas tangencialmente relacionadas con, pero también ajenas a, la intermediación laboral: desde academias de idiomas hasta asociaciones de ganaderos. El propio SEPE consideró esos acuerdos “apalabrados” como insuficientes y dio un vuelco al concurso. La lista definitiva de adjudicatarios, publicada en octubre, concedió los seis lotes a grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como Manpower, Adecco y Eulen, a las filiales de formación de Telefónica yla Fundación Once, y a la Asociación Salesiana.

Primeras resoluciones

Los recursos de los excluidos no se hicieron esperar. Superan la treintena y han retrasado el proceso un poco más. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha empezado a dictar esta semana las primeras resoluciones, pero hasta agotar los recursos consumirá, al menos, este mes, según las fuentes del sector consultadas por este periódico. El tribunal no las ha publicado aún en su página web.

A estos recursos cabe añadir el contencioso-administrativo que ha presentado el Gobierno del País Vasco contra el SEPE por haber invadido sus competencias en materia de políticas activas de empleo. El País Vasco ha sido incluido en el lote 1 del concurso junto al resto de las comunidades del norte –Galicia, Asturias y Cantabria–.

Retrasos también en las comunidades autónomas

Pero el concurso estatal para colocar parados del Plan Prepara no es el único que sufre retrasos por culpa de los recursos de las propias agencias de colocación. Son los servicios de empleo autonómicos los encargados de licitar y poner a funcionar sus propios sistemas de colaboración público-privada. Y no lo han hecho demasiado bien, se quejan fuentes del sector.

Así, en Canarias y Castilla-León los concursos también han sido recurridos por las agencias que han resultado excluidas. La comunidad gobernada por Juan Vicente Herrera calcó los pliegos del concurso estatal del Plan Prepara, y en la nota final privilegió igualmente el número de locales por encima de cualquier otro criterio. Es un contrato de 3,3 millones de euros para que durante ocho meses las agencias privadas encuentren trabajo a 1.443 desempleados.

En Canarias, se destinarán 1,41 millones de euros a buscar empleo a 2.046 parados de larga duración mayores de 45 años y a parados de entre 26 y 29 años. El contrato será de seis meses prorrogables por otros seis. En este caso, el único criterio –además de la puntuación obtenida en la primera selección estatal– es la oferta económica.

En todo el territorio nacional sólo en Cataluña (3,56 millones para colocar a 10.000 parados) las agencias privadas de colocación han comenzado a buscar trabajo a los desempleados. Y lo ha hecho con su propio sistema: al igual que Andalucía y el País Vasco rechazó adherirse al Acuerdo Marco propiciado por el Ministerio de Empleo. Ninguna de estos dos comunidades tiene previsto emprender un plan de ese tipo.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha prometen ponerlo en marcha a lo largo de este año, pero aún no han comenzado el proceso. Tampoco lo ha hecho Baleares. Navarra ha firmado ya su contrato (256.000 euros para colocar a 360 desempleados) con las agencias seleccionadas, aunque con retraso: los pliegos exigían que la primera entrevista a los parados se hubiera llevado a cabo el pasado 25 de diciembre. Aragón (657.125 euros, 704 parados) lo suscribirá esta semana. Comunidad Valenciana y Murcia están pendientes de resolver sus concursos.

Los defectos del concurso

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Las fuentes del sector consultadas por este periódico coinciden en culpar del retraso acumulado a la mala redacción, tanto de la ley de agencias de colocación como del acuerdo marco estatal. Un diseño lleno de errores que ahora han copiado algunas comunidades autónomas, reproduciendo en ese ámbito la “incertidumbre” con que las empresas involucradas están viviendo la puesta en marcha del nuevo sistema.

No es éste el primer obstáculo que ha retrasado la puesta en marcha de las agencias de colocación. En octubre de 2013 el mismo tribunal suspendió el procedimiento tras presentar recursos 66 empresas que habían sido excluidas. Según alegaban, el SEPE había cambiado de forma irregular los criterios de solvencia técnica y financiera que exigía a las candidatas, cuando ya se había cerrado el plazo para presentar solicitudes. Le acusaban de beneficiar a las grandes marcas del sector.

Además, las agencias temen las repercusiones que los “cálculos electorales” de unos y otros gobiernos puedan tener sobre ellas. Y la espera les cuesta dinero. “Estamos en pérdidas”, se quejan, “ya hemos contratado personal al que estamos pagando y equipos informáticos que aún no han empezado a funcionar”.

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