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Energía

Los productores de las renovables creen que la decisión de Soria de liquidar el sector sin informes técnicos “roza el delito”

Los productores de las renovables creen que la actitud de Industria "roza el delito"

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció este viernes que el Ministerio de Industria podría haber incurrido en un "delito grave" al basar su regulación sobre las renovables, que supuso un recorte de 3.000 millones de euros, en un informe fechado posteriormente a la publicación de dicha normativa y en otro que ni siquiera se llegó a realizar.

Este jueves el Tribunal Supremo desveló la existencia de dicho informe técnico, elaborado por la firma Roland Berger, que tuvo que aportar Industria a la instrucción del caso a raíz de las denuncias que presentaron los productores de energías renovables en contra de los recortes. Industria también solicitó un segundo informe a la firma Boston Consulting Group, que acabó en una ruptura del contrato, por lo que no llegó a elaborar estudio alguno.

Este primer documento, titulado Análisis de estándares de proyectos de producción de electricidad en régimen especial, está fechado a 31 de octubre de 2014. Por tanto, denuncian las partes recurrentes, tiene una fecha posterior a la publicación, a mediados de 2014, de la nueva regulación sobre renovables. 

Jorge Morales, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y experto en el sector, detalló en declaraciones a infoLibre que analizarán con lupa dicho informe. “El tema es muy gordo”, comentó, al mismo tiempo que se preguntó "de dónde sacó el Ministerio los datos [para aprobar la normativa sobre renovables] si se basó en un informe posterior a su aprobación". “Hicieron la reforma sin un documento técnico que lo avalase”, remarcó Morales.

Cabe señalar que estas consultoras fueron contratadas, en principio, para elaborar un análisis independiente de los estándares retributivos para el proyecto de renovables y cogeneración. “Las consultoras aportaban un criterio objetivo al proyecto. Pero la objetividad se ha roto al no usar sus informes”, denunció Morales.

El experto añadió que una de las cuestiones que se pretenden analizar desde la Plataforma es la “posible existencia de prevaricación” por parte de la cartera que dirige José Manuel Soria.

Por su parte, Juan Castro, secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) –los primeros en judicializar el caso–, aseguró que "era evidente que lo de las consultoras era una fachada para darle cierta credibilidad al asunto".

"Cuando se aprobó en 2013 la reforma eléctrica, en el borrador de la misma ya se establecía un impacto económico para el segundo semestre de 2013. ¿Cómo puede ser posible que antes de hacer la norma y de contratar a nadie, ya supieran el resultado?. Es una barbaridad", lamentó Castro, quien añadió además que "desde el minuto uno en que ANPIER tuvo que presentarse en la causa, se opusieron a aportar información alguna porque, como ha quedado demostrado, lo que podía salir no era justificable".

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“Han pagado por unos informes que no han usado”

En esta línea crítica, el bufete de abogados personado en la causa, Holtrop SPL –representante de hasta 1.500 instalaciones de renovables–, reprochó al Gobierno que “se haya gastado un millón de euros para hacer unos informes que no han usado”. Daniel Pérez, socio del bufete, detalló a este periódico que la actuación del Gobierno “puede rozar el delito” por haber pagado “unos informes que no se han sido usados”. Pérez añadió que esto puede demostrar que la orden ministerial sobre el recorte en las renovables “no tiene ninguna fundamentación”.

Asimismo, señaló que, al igual que la Plataforma, tienen la intención de analizar el informe de Roland Berger, puesto que creen que “se va a poder presentar alguna réplica sobre su contenido”. Para el abogado, la premisa del Gobierno para llevar a cabo el recorte de los 3.000 millones de euros fue: “Vamos a hacer estándares para que la retribución nos dé esa cantidad”. Así, Pérez considera que lo que se pretendía era “ver qué podían hacer para sacar el reporte que ellos querían”. En esta línea, el abogado no quiso dejar de remarcar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “ha llevado al sector de las renovables a una situación ruinosa”.

La respuesta de Industria

Industria, por su parte, arguyó que en la toma de decisión pesó un informe del  Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE) sobre el diseño del nuevo régimen retributivo de las energías renovables. Por tanto, no se engargó "a ninguna empresa externa la elaboración" de informes.

El IDAE llevó "a cabo los análisis técnicos de detalle sobre los costes de producción de las distintas tecnologías renovables, basándose en su propia experiencia acumulada y su conocimiento profundo del sector, así como en fuentes públicas, información de asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales y análisis de expertos independientes". Como resultado de ese estudio, que druó doce meses, se obtuvieron, según industria, "1.400 estándares de instalaciones tipo para recoger la amplia casuística del sector renovable, formado por más de 65.000 instalaciones".

"Con el objetivo de contar con la referencia no vinculante de otras fuentes –prosigue el Ministerio–, el IDAE contrató los servicios de dos consultoras. Roland Berger entregó su informe en octubre de 2014 y a Boston Consulting se le rescindió el contrato por no cumplir el pliego de condiciones".

PSOE e Izquierda Plural piden la dimisión de Soria

La diputada de ICV en el Congreso Laia Ortiz detalló a infoLibre que desde este viernes están elaborando una proposición no de ley para exigir al ministro Soria su reprobación pedir “que dimita”. Tras haberse dado a conocer los informes, la diputada aseguró que volverá a pedir al Gobierno “que los remita al Congreso”.

Y es que el Ministerio de Industria se había negado a entregar esta documentación en el Parlamento. Ortiz, que en numerosas ocasiones dirigió preguntas al ministro de Industria sobre este asunto e hizo una solicitud para que los estudios llegaran a la Cámara Baja y para que compareciera Soria –de lo cual no obtuvo contestación-, recordó que el pasado mes de enero su grupo pidió amparo a la Mesa del Congreso.

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La diputada, que tachó estas actuaciones de “escandalosas”, aseguró que esto “demuestra y confirma que el Gobierno ha venido actuando de manera arbitraria sin tener en cuenta el interés colectivo sobre las renovables”. “A las grandes eléctricas de este país no les beneficiaba la implantación de las renovales, pues facilita un moldeo desvinculado de las grandes multinacionales y no les interesa”, quiso añadir la diputada, quien insistió que esta reforma “ha hundido a muchas instalaciones y ha frenado nuevas inversiones”.

En la misma línea se pronunció la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, quien pidió a Soria que “rectifique o dimita”. Lucio señaló que “nuevamente se demuestra que la política energética es ideología”.“El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido desde posiciones políticas culpabilizar a las renovables del déficit de tarifa sin ofrecer ningún dato, ocultando información al Congreso y cargando sobre esta generación la mayor parte de los ajustes del sistema eléctrico”, añadió.

Por último, anunció que el grupo parlamentario socialista pedirá la comparecencia del ministro Soria para que dé explicaciones y responsabilidades. "El PP está acabando con el sector renovable en el que éramos líderes mundiales con una reforma energética que es una chapuza y un engaño para los consumidores e inversores", concluyó.

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