Los beneficios del oligopolio
La Justicia investiga a las eléctricas por cobrar 3.400 millones de más a los usuarios
Una puerta se cierra, una puerta se abre. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas en una querella presentada por Ausbanc Abogados por el cobro indebido de 3.400 millones de euros por parte de las compañías eléctricas entre los años 1998 y 2006. La decisión del juez Ismael Moreno mantiene vivo el caso, denunciado también por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ante la Fiscalía Anticorrupción, que decidió archivarlo al considerar que no existen indicios de delito.
El auto del juez Moreno, con fecha 24 de marzo, responde a la querella presentada el 20 de marzo por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común (Ausbanc Abogados), en ejercicio de la acción popular, contra Endesa, la eléctrica más beneficiada por las ayudas y contra los responsables del Gobierno socialista que, supuestamente, dejaron de reclamar las cantidades cobradas indebidamente. La querella identifica como esos responsables a la exministra de Economía Elena Salgado (consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa hasta hace unos meses), el exministro de Industria Miguel Sebastián y el exsecretario general de Energía Pedro Marín.
Prevaricación y estafa
La querella atribuye a Endesa y a los cargos mencionados los delitos de "prevaricación en comisión por omisión" y "delito de estafa agravada bajo la forma del denominado delito masa al resultar perjudicados millones de usuarios de energía eléctrica". En contra de la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional considera que los hechos que relata la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
El juez Moreno remite el expediente a la Fiscalía para que informe sobre su competencia e interese, en su caso, la práctica de diligencias. La Fiscalía puede decidir el archivo del caso, pero la decisión, según los abogados de la parte denunciante, es recurrible, por lo que el asunto seguirá abierto.
Aunque la querella que tramita la Audiencia Nacional menciona únicamente a Endesa, al ser la empresa que más ayudas cobró (1.562 millones, según detalla la querella), no excluye la responsabilidad "de todas aquellas personas físicas o jurídicas" que pudieran ser responsables de los hechos. Además de Endesa, cobraron ayudas Viesgo, 400 millones; Cantábrico, 150 millones; Fenosa, 270 millones e Iberdrola, 1.100 millones.
Borrador de orden
El Ministerio de Industria llegó a elaborar en mayo de 2008 un borrador de orden ministerial para reclamar a las eléctricas lo cobrado de más a los consumidores durante una década. Pero nunca lo hizo pese a que existían informes favorables de la Abogacía del Estado. El responsable de Industria en la época, Miguel Sebastián, aseguró que no conoció jamás esa orden.
El resultado de todo ello es que las empresas cobraron más de lo previsto en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC). Era un dinero que debía garantizar a las empresas recuperar las inversiones que realizaron antes del año 1997, cuando existía otro marco legal (el Marco Legal Estable), que funcionó entre 1988 y 1997.
El acuerdo de los CTC contemplaba que las empresas recibieran la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad y un precio de referencia (3,606 céntimos de euro por kilowatio-hora). El máximo a cobrar, hasta el año 2010, era de 1,4 billones de las antiguas pesetas (unos 6.300 millones de euros).
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Cuentas que no cuadraron
Pero las cuentas, para alegría de las empresas, no cuadraron. En 2005, mucho antes de lo previsto, las compañías ya habían recibido más dinero del establecido vía precios de mercado. El sistema siguió hasta que los CTC se eliminaron en 2006 (RD 7/2006).
La investigación en la Audiencia Nacional no excluye que la batalla por las ayudas cobradas de más llegue a Bruselas. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, a través del bufete Piet Holtrop, tiene claros los argumentos. La denuncia iría contra el Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. La sobrecompensación que benefició a las grandes compañías, concluyen los abogados de la Plataforma, va más allá del objetivo de cubrir los costes de transición a la competencia y constituye una ayuda de Estado ilegal.
